Para que se desentrañe el juego entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, no es suficiente el último gesto de la cámara de aceptar la desincorporación de los diputados de Amazonas para que, eventualmente, se hagan unas nuevas elecciones; también se deben devolver todas las competencias contraloras y legislativas.
En la Sala Constitucional del Poder Judicial todavía está fresca la sentencia que establece limitaciones al Reglamento de Interior y Debates (RIDAN) de la AN: no podrá modificar el orden del día ni diferirlo, no podrá controlar el tiempo de las intervenciones ni negar derechos de palabra, debe enviar un informe sobre la viabilidad económica de la ley para que el Ejecutivo la apruebe antes de sancionar cualquier proyecto, no podrá realizar sesiones si no las ha convocado con un plazo de 48 horas y que el plazo de consulta de las leyes debe ser mínimo de 20 días prorrogables a petición del Poder Popular.
La sentencia de fecha 22 de abril de 2016 fue ratificada el 14 de junio de 2016. Cuando salió el fallo la página web del Poder Judicial estableció que “el TSJ declaró nulidad a la reforma parcial del Reglamento de Interior y Debates de la AN”, pero la medida llegó con carácter retroactivo, pues fue en 2011 cuando los diputados Juan Carlos Caldera, Eduardo Gómez Sigala, María Corina Machado, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Edgar Zambrano introdujeron la solicitud, en rechazo a la modificación que se hiciera en 2010 durante la gestión de Cilia Flores en el Legislativo.
Existen dos vías: que esa sentencia se anule y el RIDAN pueda ser modificado por la cámara, en caso de que así lo acuerden, o bien que se estipule en el respeto de la autonomía de la AN que se convino en la mesa de diálogo.
El secretario de la AN, Roberto Marrero, así como el primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez afirmaron que no está prevista una modificación al Reglamento de Interior y Debates, al menos en lo que queda de año.
Sin embargo, el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla, afirmó a La Razón que las actuaciones y competencias del Parlamento, que se vieron disminuidas con la sentencia del TSJ, también se deberían tratar en la mesa de diálogo.
“Vamos a esperar a ver qué pasa en estos días”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de una modificación al texto legislativo si se acuerda, entre el Gobierno y la MUD, el verdadero respeto a la autonomía del Parlamento.
Para el abogado constitucionalista Pedro Alfonso Del Pino es necesario que el mismo tribunal que dictó la sentencia elimine las medidas y declare sin lugar el recurso para que de esa manera se restituyan las potestades contraloras y legislativas de la AN. “Esas medidas cautelares frenan a la Asamblea y parte de la restitución de esas potestades pasa por eliminar las medidas contra el Reglamento de Interior y Debates”, precisó.
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