¿Estamos al borde de una situación traumática no exenta de los riesgos de una guerra? En rigor, Venezuela vive una creciente polarización política que en los últimos meses ha derivado en un choque entre los principales poderes y el agravamiento de una crisis económica y social con niveles explosivos. Existen coincidencias, entonces, entre los principales actores de la crisis, sobre la necesidad de conversaciones y aproximaciones en busca de respuestas oportunas y eficaces. El presidente Nicolás Maduro y los principales voceros de su gobierno, la Mesa de la Unidad Democrática, las organizaciones empresariales, universitarias y otras expresiones de la sociedad civil comparten el llamado.
Pero no sólo es un tema nacional sino que tales tensiones se han incorporado a las agendas de la ONU, OEA, Unasur, Celac, Mercosur (que vive una crisis justamente a consecuencias de ello) y el Vaticano, que ha nombrado representantes para una eventual mediación y que acumula una experiencia centenaria en el asunto, están dispuestos a servir de mediadores u observadores en un proceso de negociaciones.
La gestión diplomática, como se ha demostrado en los más recientes Acuerdos de Paz, hoy resulta fundamental para garantizar los resultados y la vigencia de ellos.
Sin embargo, si la voluntad política es esencial para las negociaciones y los acuerdos, es igualmente importante la escogencia de aquellos temas, que representando las posiciones tomadas que han desencadenado las confrontaciones, sean capaces de incorporar a nuevos agentes y sectores y que respondan a necesidades y urgencias de la población. En el caso venezolano, se trata de abordar dos planos. Uno inmediato y coyuntural, en cuyo abordaje la responsabilidad es mayor para el Gobierno, pero también necesaria la comprensión de los opositores; y otro de fondo, esencial, que además de procurar efectos inmediatos defina un acuerdo nacional incluyente, con la mayor participación posible de venezolanos.
Como ha ocurrido hasta ahora, los frágiles intentos de diálogo no han cristalizado en aproximaciones ni siquiera mínimas, porque se han reducido a la confrontación política inmediata: referendo revocatorio, situación de los presos políticos, frecuentes violaciones a la Constitución, control sectario de los poderes, entre otros. Asuntos por supuesto urgentes, que se han venido agravando con el tiempo a partir de los sucesos entre los años 2001 y 2004 y con la muerte de Hugo Chávez, quien además de mandatario reelecto ejercía un incuestionable liderazgo carismático.
Pero, visto en el mediano y largo plazo, que debería ser el verdadero interés de los negociadores y el principal sentido de un acuerdo nacional, no solo circunscrito a las élites que protagonizan los enfrentamientos, existen materias también urgentes pero cuyo tratamiento y soluciones permitirían, y solo ellas lo harían, la concreción de verdaderos compromisos y su prolongación en el tiempo.
Lo inmediato y lo mediato
¿Es posible hablar de estabilidad constitucional sin abordar la reinstitucionalización del orden democrático? ¿Acaso el enfrentamiento de poderes, la aprobación por el TSJ de sentencias disparatadas, la falta de coordinación entre los principales poderes no obedecen al hecho de que en la práctica se contraponen el texto constitucional de 1999 y un conjunto de leyes orgánicas y decretos aprobadas por la vía habilitante que son fuentes de distanciamientos y nutren la polarización? ¿Es posible abordar un acuerdo sin afrontar la compleja naturaleza en la violencia social que asfixia al país?
Una explicación fácil del fenómeno se reduce a los crecientes niveles de pobreza, la impunidad judicial, el caos en las cárceles, un discurso oficialista violento y los efectos de la droga. Ello es cierto, tal como lo reflejan las cifras de incremento de la delincuencia, y la mayor responsabilidad, que como es lógico corresponde al Estado. Como también es cierto el fracaso de las políticas antidelictivas aplicadas hasta ahora y que en algunos casos han resultado contraproducentes.
Leer más: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/que-busca-acuerdo-nacional_623765
Pero no sólo es un tema nacional sino que tales tensiones se han incorporado a las agendas de la ONU, OEA, Unasur, Celac, Mercosur (que vive una crisis justamente a consecuencias de ello) y el Vaticano, que ha nombrado representantes para una eventual mediación y que acumula una experiencia centenaria en el asunto, están dispuestos a servir de mediadores u observadores en un proceso de negociaciones.
La gestión diplomática, como se ha demostrado en los más recientes Acuerdos de Paz, hoy resulta fundamental para garantizar los resultados y la vigencia de ellos.
Sin embargo, si la voluntad política es esencial para las negociaciones y los acuerdos, es igualmente importante la escogencia de aquellos temas, que representando las posiciones tomadas que han desencadenado las confrontaciones, sean capaces de incorporar a nuevos agentes y sectores y que respondan a necesidades y urgencias de la población. En el caso venezolano, se trata de abordar dos planos. Uno inmediato y coyuntural, en cuyo abordaje la responsabilidad es mayor para el Gobierno, pero también necesaria la comprensión de los opositores; y otro de fondo, esencial, que además de procurar efectos inmediatos defina un acuerdo nacional incluyente, con la mayor participación posible de venezolanos.
Como ha ocurrido hasta ahora, los frágiles intentos de diálogo no han cristalizado en aproximaciones ni siquiera mínimas, porque se han reducido a la confrontación política inmediata: referendo revocatorio, situación de los presos políticos, frecuentes violaciones a la Constitución, control sectario de los poderes, entre otros. Asuntos por supuesto urgentes, que se han venido agravando con el tiempo a partir de los sucesos entre los años 2001 y 2004 y con la muerte de Hugo Chávez, quien además de mandatario reelecto ejercía un incuestionable liderazgo carismático.
Pero, visto en el mediano y largo plazo, que debería ser el verdadero interés de los negociadores y el principal sentido de un acuerdo nacional, no solo circunscrito a las élites que protagonizan los enfrentamientos, existen materias también urgentes pero cuyo tratamiento y soluciones permitirían, y solo ellas lo harían, la concreción de verdaderos compromisos y su prolongación en el tiempo.
Lo inmediato y lo mediato
¿Es posible hablar de estabilidad constitucional sin abordar la reinstitucionalización del orden democrático? ¿Acaso el enfrentamiento de poderes, la aprobación por el TSJ de sentencias disparatadas, la falta de coordinación entre los principales poderes no obedecen al hecho de que en la práctica se contraponen el texto constitucional de 1999 y un conjunto de leyes orgánicas y decretos aprobadas por la vía habilitante que son fuentes de distanciamientos y nutren la polarización? ¿Es posible abordar un acuerdo sin afrontar la compleja naturaleza en la violencia social que asfixia al país?
Una explicación fácil del fenómeno se reduce a los crecientes niveles de pobreza, la impunidad judicial, el caos en las cárceles, un discurso oficialista violento y los efectos de la droga. Ello es cierto, tal como lo reflejan las cifras de incremento de la delincuencia, y la mayor responsabilidad, que como es lógico corresponde al Estado. Como también es cierto el fracaso de las políticas antidelictivas aplicadas hasta ahora y que en algunos casos han resultado contraproducentes.
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