«No hay consciencia de un gobierno abierto. Es necesario que poco a poco se empiece a liberar información». Katherine Pennacchio «Una ley de transparencia nos aseguraría que legalmente estemos protegidos para solicitar información, y a los funcionarios públicos los obligaría a suministrar esa información en un tiempo delimitado», así lo expresó Katherine Pennacchio, periodista y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), en la conferencia Datos, corrupción y derecho a saber: cómo seguirle la pista al poder y el dinero en la protección de los DD.HH., organizada por Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia para presentar las investigaciones Los papeles de Panamá y Los papeles de la prisión, en el marco del Día Mundial del Derecho al Acceso a la Información Pública.
Trabajo contra la censura
Katherine Pennacchio, quien participó junto a 11 periodistas venezolanos en la investigación los Papeles de Panamá, expuso que la investigación periodística se convirtió en un trabajo colaborativo contra la censura en Venezuela.
Pennacchio considera que la alianza entre periodistas ayuda a obtener los datos y a difundir la investigación. «Trabajar de manera trasnacional ayuda a hacer esas peticiones de información en otros países». En el caso de la investigación Panama Papers, los periodistas trabajaron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una red que agrupa a más de 190 periodistas de investigación en más de 60 países. «Trabajar con consorcios ayuda a los periodistas venezolanos a sentirse más protegidos a la hora de publicar. No nos sentimos tan indefensos». Agrega que esa es la fórmula para seguir haciendo periodismo de investigación. «Unirnos como un muro de contención contra la censura. Esa es la manera de protegernos de la censura y, a veces, de los ataques».
Contra violaciones a DD. HH.
El papel de las organizaciones no gubernamentales ha tomado un papel protagónico en la contraloría de la administración pública y en la defensa de los derechos humanos. Daniela Guerra, coordinadora general de la Codhez, considera que las ONG están llenando las brechas de información con sus investigaciones. «Cuando uno contrasta la información que las organizaciones generan con la poca información oficial que existe, se puede demostrar que existen inconsistencias en asuntos que no se están publicando y que son de interés público y, por lo tanto, hay una falta del Estado».
Tras la realización de la investigación Los papeles de la prisión, Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones y la Codhez denunciaron ante el Ministerio Público a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, por presuntos hechos de corrupción durante la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia que, en la actualidad, está paralizada, pese a una inversión que supera los 200 millones de bolívares.
La coordinadora general de la Codhez también denunció que su organización ha acudido en reiteradas oportunidades al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Secretaría Regional de Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para obtener información sobre la desnutrición en la subregión Guajira. «En este caso no obtuvimos respuesta», denunció.
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