¿Fracasó la izquierda latinoamericana? Por MARTÍN CAPARRÓS

Rachel Levit

Ya no sé cuántas veces lo he visto escrito, lo he oído repetido: está por todas partes. La frase se ha ganado su lugar, el más común de los lugares, y no se discute: la izquierda fracasó en América Latina.

Es poderoso cuando un concepto se instala tanto que ya nadie lo piensa: cuando se convierte en un cliché. El fracaso de la izquierda en América Latina es uno de ellos. El fracaso de los gobiernos venezolano, argentino o brasileño de este principio de siglo es evidente, y es obvio que sucedió en América Latina; lo que no está claro es que eso que tantos decidieron llamar izquierda fuera de izquierda.

Hubo, sin embargo, un acuerdo más o menos tácito. Llamar izquierda a esos movimientos diversos les servía a todos: para empezar, a los políticos que se hicieron con el poder en sus países. Algunos, en efecto, lo eran —Evo Morales, Lula— y tenían una larga historia de luchas sociales; otros, recién llegados de la milicia, la academia o los partidos del sistema, simplemente entendieron que, tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, nada funcionaría mejor que presentarse como adalides de una cierta izquierda. Pero las proclamas y la realidad pueden ser muy distintas: del dicho al lecho, dicen en mi barrio, hay mucho trecho.

La discusión, como cualquiera que valga la pena, es complicada: habría que empezar por acordar qué significa “izquierda”. Es un debate centenario y sus meandros ocupan bibliotecas, pero quizá podamos encontrar un mínimo común: aceptar que una política de izquierda implica, por lo menos, que el Estado, como instrumento político de la sociedad, trabaje para garantizar que todos sus integrantes tengan la comida, salud, educación, vivienda y seguridad que necesitan. Y que intente repartir la riqueza para reducir la desigualdad social y económica a sus mínimos posibles.

Creo que, en muchos de nuestros países, poco de esto se cumplió. Pero creer y hablar es relativamente fácil. Por eso, para empezar a pensar la cuestión, importa revisar las cifras que intentan mostrar qué hay más allá de las palabras discurseadas. Por supuesto, el espacio de un artículo no alcanza para un recorrido completo: cada país es un mundo. Así que voy a centrarme en el ejemplo que mejor conozco: la Argentina del peronismo kirchnerista.

Primero, las condiciones generales: entre 2003 y 2012 el precio de la soja, su principal exportación, llegó a triplicarse. Los aumentos globales de las materias primas ofrecieron a la Argentina sus años más prósperos en décadas. Con esa base privilegiada y 12 años de discursos izquierdizantes, Cristina Fernández de Kirchner dejó su país, en diciembre pasado, con un 29 por ciento de ciudadanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas: 10 millones de pobres, dos millones de indigentes. El 56 por ciento de los trabajadores no tiene un empleo estable y legal: desempleados, subempleados, empleados en negro y en precario. Un tercio de los hogares sigue sin cloacas y uno de cada diez no tiene agua corriente. Y hay casi cinco millones de malnutridos en un país que produce alimentos para cientos de millones, pero prefiere venderlos en el exterior.

Aunque, por supuesto, el relato oficial era otro: en junio de 2015, la presidenta Fernández dijo en la Asamblea de la FAO que su país sólo tenía un 4,7 por ciento de pobres; su jefe de gabinete, entonces, dijo que la Argentina tenía “menos pobres que Alemania”. Para conseguirlo, su gobierno había tomado, varios años antes, una medida decisiva: intervenir el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y obligar a sus técnicos a producir datos perfectamente inverosímiles.

Pese a los discursos, en los años kirchneristas también aumentó la desigualdad en el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. En 1996, el 24,6 por ciento de los alumnos iba a escuelas privadas; en 2003 la cifra se mantenía; en 2014 había llegado al 29 por ciento. Los argentinos prefieren la educación privada a la pública, pero no todos pueden pagarla: su uso es un factor de desigualdad importante, y creció un 20 por ciento en estos años.


En 1996 la mitad de la población contaba con los servicios médicos de los sindicatos, el 13 por ciento un plan médico privado y el resto, el 36 por ciento más pobre, se las arreglaba con la salud pública. La proporción se mantiene: entre 15 y 17 millones de personas sufren la medicina estatal, donde tanto funciona tan mal. Es la desigualdad más dolorosa, como bien pudo ver la presidenta Fernández cuando —diciembre de 2014— se lastimó un tobillo en una de sus residencias patagónicas y la llevaron al hospital provincial de Santa Cruz. Allí le explicaron que no podían curarla porque el tomógrafo llevaba más de un año roto, y la mandaron en avión a Buenos Aires, 2.500 kilómetros al norte.

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