A principios de este año, más de 600 mil mexicanos firmaron un proyecto de ley preliminar anticorrupción que fue redactado por grupos cívicos y que obligó al Congreso del país a debatir al respecto. Conocida popularmente como la ley "3 de 3", esta exigiría que los funcionarios públicos den a conocer declaraciones de patrimonio, pagos de impuestos y posibles conflictos de interés.
El 29 de abril, el último día de sesiones del Parlamento, el Senado no la aprobó, como tampoco una medida para otorgar independencia a un nuevo fiscal anticorrupción, principalmente debido a la oposición del Partido Revolucionario Institucional del Presidente Enrique Peña Nieto. A menos que el Congreso convoque a una sesión extraordinaria y las leyes estén aprobadas el 28 de mayo, el tan elogiado Sistema Nacional Anticorrupción de Peña Nieto, incluido en una enmienda constitucional el año pasado, se convertirá en letra muerta.
El impulso que desembocó en la ley "3 de 3" es un ejemplo de una movilización sin precedentes contra la corrupción en Latinoamérica. Esta ha llegado más lejos en Brasil, donde millones se han volcado a las calles para exigir el juicio político de la Presidenta Dilma Rousseff y para respaldar una cruzada judicial contra los sobornos en la petrolera estatal Petrobras, mediante la cual se ha logrado el encarcelamiento de líderes empresariales y la acusación de políticos poderosos.
Sin embargo, la movilización es más amplia. En Guatemala, las protestas callejeras y el trabajo de una comisión investigadora que contó con el respaldo de Naciones Unidas contribuyeron a derribar a un Presidente por supuestos cargos de corrupción el año pasado. Las protestas en Honduras obligaron al gobierno a aceptar una comisión similar, aunque más débil. En Chile, un escándalo por el financiamiento irregular de los partidos impulsó la creación de leyes contra los conflictos de interés. En Argentina, después de un cambio de gobierno, los fiscales y jueces están cercando a Cristina Fernández, la Presidenta anterior, y a sus asociados.
La corrupción ha sido endémica desde hace tiempo en Latinoamérica. Los electores han tolerado a los políticos que "roban pero que hacen cosas" (un epíteto que se aplicó por primera vez a un gobernador populista de Sao Paulo en la década de 1940). En las sociedades sumamente desiguales con estados rudimentarios, los pobres estaban agradecidos de los pocos políticos que los ayudaban. El auge de las materias primas en la década de 2000 significó grandes ingresos para los gobiernos; parte de eso fue robado. Pero en general no hay evidencia de que la corrupción haya empeorado: las encuestas indican que una cantidad levemente más baja de consultados dice que ha tenido que pagar sobornos.
Varios factores están detrás de la creciente intolerancia a la corrupción. Hay una clase media más grande, la que está exigiendo una rendición de cuentas y quiere que los ingresos tributarios se gasten en mejores servicios públicos. Las redes sociales han hecho posible que la ciudadanía se movilice con mayor facilidad. Y ha habido una lenta maduración de la sociedad civil.
Edificio normativo
Quizás el desarrollo menos notable ha sido lo que Kevin Casas-Zamora, ex Vicepresidente de Costa Rica ahora miembro del Inter-American Dialogue -un instituto de estudios de Washington-, llama "la construcción paciente de un nuevo edificio normativo" contra la corrupción.
Diversos países han adoptado convenciones internacionales contra el soborno y a favor de un gobierno abierto. Y las han complementado con leyes nacionales, para la libertad de información, el aumento de las penas por corrupción y, en Brasil, bajo Rousseff, para habilitar a investigadores con el fin de que puedan hacer acuerdos de rebaja de pena luego de la declaración de culpabilidad. Durante 30 años de democracia, muchos de los jueces y fiscales de Brasil han logrado ser más independientes y más profesionales.
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