Los abajo firmantes, latinoamericanos y diversos en nuestras adhesiones, profesiones e intereses, pero unidos por una aspiración común de libertad, democracia, equidad y bienestar en todo el hemisferio, nos dirigimos a nuestros conciudadanos y gobiernos, especialmente a los de Cuba, para expresar lo siguiente:
Celebramos el creciente proceso de normalización en las relaciones cubano-estadounidense y la disposición de otros estados democráticos para incrementar su interacción con las autoridades de La Habana. Vemos en este proceso una oportunidad para estimular una mayor inserción de Cuba en el mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
A la vez, condenamos la sistemática y continuada violación de los derechos humanos en la isla; la persistencia de un modelo político centrado en el control de un partido único; la represión abierta contra quienes se aparten de las líneas oficiales, y la persistente discriminación de los cubanos frente a los extranjeros, en ámbitos que van desde los derechos económicos hasta el acceso libre a las comunicaciones y la información.
Ha llegado la hora de un acto de reciprocidad ante el mundo democrático, pero, sobre todo, como deber ineludible ante su propio pueblo, el régimen encabezado por el Presidente Raúl Castro emprenda un verdadero proceso de apertura política y social y escuche las iniciativas de cambio de sus ciudadanos, mientras reactiva los tímidos cambios económicos anunciados con entusiasmo, pero paralizados en medio de la rigidez, el temor y la burocracia.
Ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo.
No existe justificación alguna para continuar impidiendo que los cubanos hagan valer los derechos y libertades elementales que les pertenecen, y que son ampliamente reconocidos por los instrumentos universales de derechos humanos. Muchos de ellos, paradójicamente, han sido suscritos por su gobierno.
El camino hacia una democracia plena debe emprenderse sin dilaciones. Cada nuevo retraso prolonga las precariedades y limitaciones del pueblo, dificulta las posibilidades de éxito y eleva los riesgos de conflicto interno. Por esto, es hora de comenzar a abrir el camino, reconociendo, al menos, las siguientes garantías para todos los cubanos:
· La libertad de expresión, entendida como el derecho a buscar, recibir y divulgar informaciones, opiniones y otros contenidos, por cualquier medio y sin limitaciones, censura o represiones posteriores.
· La libertad de asociación, reunión y manifestación.
· La libertad de movimiento dentro y fuera del territorio nacional.
· El derecho de petición ante las autoridades y poderes públicos.
· El derecho a elegir y a ser elegido, en un ambiente de pluralidad, para todos los cargos públicos.
· El derecho a no ser detenido y encarcelado arbitrariamente, a tener juicios justos ante tribunales independientes y a contar con mecanismos de defensa eficaces.
· El derecho a no ser discriminado en los ámbitos educativos, laborales o sociales en razón de las convicciones políticas o religiosas, o por cualesquiera otras razones.
· La eliminación del control ideológico sobre la educación.
· La libertad de emprender iniciativas profesionales, laborales y empresariales sin restricciones, y de que los cubanos cuenten, al menos, con las mismas posibilidades que se ofrecen a los inversionistas o comerciantes extranjeros. El virtual apartheid económico, pero también social y político, imperante en la isla contra sus ciudadanos debe desaparecer sin dilaciones.
Ninguno de estos derechos tan elementales, que forman parte de la vida cotidiana en la inmensa mayoría de nuestros países, pueden ser ejercidos en Cuba. Peor aún. Quienes se atreven a reclamarlos son objeto de represión abierta y marginación sistemática.
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