Venezuela es un país con valores, con cultura y sentimiento democrático. Ese ha sido el horizonte de los demócratas, amantes de la paz, de la armonía, la solidaridad, la justicia social, de la libertad en todos los ámbitos.
El contexto sociopolítico vivido en los últimos quince años, revela que el país quiere reconciliación, la necesita, es un clamor popular. Por ello, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue producto de un proceso de consulta pública, con ONGs, con víctimas de la guarimba de 2014, (no asistieron), con universidades, con expertos, con instituciones privadas, entre otras.
De allí la AN el pasado martes APROBÓ esta ley que interpreta el sentimiento nacional porque frente a tanta adversidad, la Ley se impone como un mecanismo de regulación, de integración, de conciliación entre las conflictividades sociales y políticas existentes en el país.
Esta Ley no sólo liberará a los presos políticos, sino a todos los venezolanos de una "hegemonía ideológica" impuesta desde el poder político para quebrar nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro gentilicio, así como las costumbres y valores que nos ha llevado a un país dividido por el odio, que separa familias, aleja amigos, enfrenta a vecinos y ha creado un ambiente de discrepancia que pretende anular la venezolanidad.
La promulgación de esta ley satisface a todos los venezolanos, pero molesta a diputados y altos funcionarios del gobierno.
Estos altos funcionarios que en algún momento de la historia podrán ser beneficiarios de esta Ley la catalogan de fascista, inconstitucional, ley desastre, de impunidad criminal, elitesca, el caos, incluso, la compararon con el decreto franquista de diciembre de 1939 lo cual es una contradicción porque en España, para ese año existía una población reclusa de 270.719 personas. Además consideran que representa una línea impuesta por el imperio norteamericano, por cierto, muy apreciado y visitado por ilustres y reconocidos "revolucionarios".
De todos modos, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada por el Parlamento nacional, pero según ha indicado el Poder ejecutivo no la aprobara.
La AN cumpliendo su rol impuesto por el soberano el 6-D hará valer la constitucionalidad de este instrumento legal y efectivamente Si el ejecutivo nacional no interpreta lo que pide el país se auto anula, si continua su escalada autoritaria terminara como el derrumbe del franquismo (1975), donde las coaliciones de partidos de oposición condenadas a entenderse entre otras razones porque no había unidad ideológica interna en ninguna de ellas, pudieron crear un gobierno de transición.
Sigamos Trabajando, Unidos lo Lograremos.
Fuente: Prensa Comisión de Contraloría y Gestión Pública / JS-CC
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