Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela negó en un comunicado difundido el pasado 17 de abril de 2015 “la entrega de pasaportes diplomáticos a personas investigadas en Andorra”, pruebas confirman lo contrario.
La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia del pasaporte diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a Tulio Antonio Hernández Fernández, uno de los dos acreditados como “asesores del ministro” de Economía y Finanzas investigados por la justicia de Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
Luego de la detención de Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe Antidrogas de la policía científica de ese país (Cicpc), el 7 de junio de 2010, la fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina Marcano Rigual —comisionada por la Fiscal General de ese país, Luisa Ortega Díaz— envió una carta rogatoria a la Justicia de Andorra para solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de estar relacionados con una red lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Puerta Valera tenía una cuenta en BPA con 1,4 millones de dólares. Fue detenido en dos ocasiones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas. Esta red estaba vinculada —mediante depósitos y transferencias de miles de dólares y euros— a dos cuentas en BPA inscritas a nombre de Puerta Valera y operaba desde oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en el este de Caracas con la complicidad y asistencia de la filial BPA Serveis en Panamá.
En el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010, se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De esta manera el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y legal el documento.
También, el expediente oficial de la Policía de Andorra recoge las declaraciones de Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA, en las que declara que tanto Tulio Antonio Hernández Fernández como Gabriel Ignacio Gil Yánez poseían pasaportes diplomáticos.
Otro documento también da fe de la existencia de los salvoconductos. Un informe elaborado por el oficial de fiel cumplimiento (compliance) contratado por la BPA —también en 2010— confirma que Gabriel Ignacio Gil Yánez disponía “de pasaporte diplomático como asesor del ministro de finanzas”.
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