Se han producido cambios significativos en la situación del país. La crisis económica –incubada en largos años de políticas erróneas, despilfarro, ineptitud y corrupción– le ha estallado en la cara al gobierno, generando graves repercusiones sociales y políticas. A su vez, el movimiento de protesta estudiantil y popular ha puesto en evidencia el verdadero rostro autoritario y represivo del régimen, contribuyendo a su desenmascaramiento.
Todos los datos empíricos hablan a las claras de un acelerado proceso de deterioro de la imagen del gobierno, de su debilitamiento y pérdida creciente de respaldo social.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha revelado el ascenso en los niveles de pobreza registrados en el país. Según este órgano, la pobreza general aumentó 6,1%, pasando de 21,2% en 2012 a 27,3% al cierre de 2013. Esto equivale a 416.326 hogares o familias más que cayeron en brazos de la pobreza. En total, 1.900.000 hogares venezolanos están en condición de pobreza, de los cuales 8,8% (189.086 familias) se ubican en el rango de pobreza extrema. Tómese en cuenta, adicionalmente, que la pobreza, medida por la capacidad del ingreso para adquirir la canasta básica de bienes y servicios, expresa cifras irreales por cuanto los precios de referencia utilizados por el INE son los regulados por el gobierno que, como todos sabemos, son precios ficticios que para nada reflejan la realidad del mercado. La verdad es que los productos de la dieta diaria, cuando se consiguen, hay que pagarlos a un precio superior al regulado. Por otra parte, los datos del INE corresponden a 2013.Ya cercanos al cierre del primer semestre de 2014, el peor año de la crisis, es fácil suponer que estas cifras deben haber aumentado considerablemente, a la luz de la profundización de los problemas de nuestra economía.
Tal cuadro es el reflejo de la manera como está impactando en los ingresos y en las condiciones de vida de nuestro pueblo la inflación, la escasez, el empleo precario y el deterioro de la calidad y cobertura de los principales servicios públicos. Pero, igualmente, es la consecuencia del estancamiento, deterioro y retroceso en la cobertura y calidad de las misiones sociales del gobierno.
Según las más recientes encuestas, el 70% de los venezolanos consideran que el país va por mal camino y evalúan negativamente la gestión de gobierno de Maduro. Un porcentaje parecido sostiene que el gobierno no está en capacidad de resolver los principales problemas del país (inseguridad, escasez y carestía, en ese mismo orden). 67,4% afirma que existen variadas razones para protestar.
Solo el 29,3% evalúa la situación del país como positiva o cree en la posibilidad de mejorarla en el futuro inmediato y apenas el 22% comparte la infeliz afirmación del ministro Rafael Ramírez, acerca de que el modelo económico implementado ha sido exitoso. En estos datos coinciden, más, menos, encuestadoras como Datanálisis, IVAD y DatinCorp.
Nunca como ahora el gobierno ha lucido más débil y con menor respaldo popular. Está cambiando la correlación de fuerzas pero este cambio no debe verse como una cosa definitiva o inexorable.
El descontento se ha hecho mayoría pero esa mayoría necesita una política que haga posible su articulación como movimiento, para que las luchas parciales y dispersas se transformen en un haz de fuerzas sociales y políticas inscritas dentro de una perspectiva de poder. Unir el descontento popular con un proyecto político que se convierta en alternativa de cambio frente al fracaso del gobierno es el gran reto. Esto supone un referente, un programa, un liderazgo y un discurso en torno a los cuales amalgamar y fortalecer la nueva mayoría nacional. Un proyecto político y programático de carácter patriótico, popular y democrático que se transforme en polo de atracción y eje de confluencia de los sectores democráticos y progresistas que adversan al régimen pero que no quieren la restauración del pasado.
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