Presentaran ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en Caracas las pruebas de las irregularidades cometidas por efectivos militares en la lucha contra el contrabando, ya que consideran que la instancia en el Zulia está agotada.
Sobre este punto, José David González, coordinador del Comité, enfatizó que las mismas instituciones castrenses "saben quiénes son los contrabandistas. El pueblo wayúu no es contrabandista, rechazamos categóricamente esa discriminación racial, la idea de criminalizar a la población indígena".
González explicó que el pasado 5 de junio fueron detenidas 13 personas, de las cuales al día siguiente cuatro personas recuperaron su libertad, 9 quedaron detenidas y 2 fueron absueltas con una medida humanitaria.
Dos de ellos fueron acusados de contrabando agravado, uno por incitación a la violencia. Espera que los casos sean evaluados y exhortan a que "cese el atropello a las comunidades indígenas", expresó González.
Exhorta a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, para que se aboque a investigar las violaciones de derechos humanos en la Guajira venezolana: el derecho a la vida y al libre tránsito.
Instan al Gobierno a formar una Comisión Mixta de la Verdad para que las autoridades conozcan las violaciones de DDHH y sancionen a los responsables de las acciones irregulares, que comprenden extorsiones, detenciones arbitrarias y ejecución de pobladores.
Tras el fenómeno de las lluvias en esa región en el año 2010, el entonces presidente de la República Hugo Chávez ordenó la creación del Distrito Militar para atender la situación tras la vaguada.
Sin embargo, la actuación de los efectivos violó los DDHH de las comunidades aborígenes, por lo que el Comité solicitará al Tribunal Supremo de Justicia un amparo para derogar ese decreto: "Ya que atenta contra la vida, contra la dignidad de los que habitan en esa frontera colombo-venezolana, como pueblos indígenas estamos amparados por los convenios internacionales, suscritos y ratificados por el Estado venezolano" dijo González.
Luis Sandoval, vocero del Comité, resaltó que los pobladores tienen disposición de cooperar con las autoridades en la llamada lucha contra el contrabando, y agregó que esa Comisión de la Verdad debe ser amplia para que incluya a representantes de las comunidades.
El otro hecho que preocupa a los habitantes del puerto pesquero guajiro es que les fueron decomisadas dos lanchas, sus cédulas de identidad, teléfonos celulares y el registro de propiedad de las lanchas, en su mayoría donadas por el Gobierno. Indicó la ONG que en el procedimiento los efectivos militares también quemaron 2 motos que servían de transporte escolar debido a la escasez de transporte público y la carencia de escuela en la comunidad, y nadie les da razón de sus pertenencias.
Informó la ONG que entre los detenidos se encontraban Carlos José Fernández de 60 años, Aurelio Gutiérrez, Jhon Hernández, Nemesio Silva, Eliezer González y las mujeres María García, Magaly López 50 años, Ana Castillo y Bestíl González de 21 años, que es el caso que ha generado más indignación entre los pobladores de la Guajira ya que la joven deja en su casa a una bebé de 2 meses. Los distribuyeron entre el Reten de El Marite y la sede de Polisur en San Francisco (Zulia).
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