Todo apunta, que una vez más el cálculo político se impondrá a la sensatez económica, habida cuenta de la eventualidad de un proceso electoral y el costo político que acarrearía una devaluación para atenuar el descomunal déficit fiscal, estimado en 17 por ciento del PIB. Con una inflación del 20 por ciento y un riesgo país superior a los 700 puntos básicos. Para hacerse una idea de lo que este gigantesco desequilibrio fiscal significa, bastaría recordar, que guardando las distancias, España presenta grandes conflictos sociales por los ajustes fiscales puestos en práctica, al estimar un déficit fiscal del 11 del PIB. Pero con una inflación del tres por ciento y un riesgo país alrededor de los 400 puntos básicos, con una diferencia que resulta fundamental, España no puede devaluar el euro, pues cuentan con una moneda comunitaria.
Por definición: el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país, dicho de otra manera este desequilibrio se produce cuando un país gasta más de los ingresos que recibe. Para corregir tal anomalía fiscal se precisa aumentar los ingresos o disminuir los gastos. Para aumentar los ingresos hace falta, crear nuevos impuestos o reajustar los existentes. En nuestro caso luce cuesta arriba, que con un barril de petróleo por encima de 100 dólares, se pueda justificar un ajuste en los servicios públicos o un aumento de la gasolina y mucho menos la imposición de nuevos impuestos. De manera que la solución debería ser por la vía de decretar una devaluación fiscalista. Lo que permitiría que el Gobierno disponga de más bolívares por los dólares que ingresan por las exportaciones petroleras. Sin embargo, al Gobierno aún le queda la opción de tratar de conjugar el déficit fiscal con más endeudamiento y una disminución del gasto público, que seguramente será la solución que se adopte, corriendo la arruga y manteniendo la artificial sensación de bienestar económico, con menos costo político. Eso creemos.
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