El economista e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), Luis Zambrano Sequín, advirtió en una entrevista concedida al portal El Ucabista que el pacto energético sellado entre Venezuela, la empresa Nabep y una dependencia del Departamento de Defensa de EE. UU. plantea serias dudas constitucionales, falta de transparencia y riesgos de corrupción.
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A juicio del académico, lejos de brindar certezas institucionales para recuperar la economía colapsada por años de desinversión, la estructura contractual compromete por 25 años el recurso más importante de la nación bajo una preocupante inseguridad jurídica.
Zambrano explicó que la alianza joint venture entre Nabep —liderada por Alejandro Betancourt— y la oficina estadounidense vinculada al Pentágono (que asumirá el 35 % de las acciones) operará mediante la contratación de terceras empresas que ejecutarán la exploración y explotación de 17 pozos. En ese sentido, aclaró que la inversión proyectada de 100.000 millones de dólares deberá ser aportada por las operadoras contratadas y no por los Gobiernos ni por la firma gestora, al tiempo que cuestionó la legitimidad del Ejecutivo para tomar decisiones rígidas de largo plazo bajo un Decreto de Estado de Excepción de Emergencia Económica.
Dudas constitucionales y cesión de soberanía
El investigador del IIES-UCAB alertó que el esquema pactado podría estar contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente en materia de reservas hidrocarburíferas:
- Riesgo de retorno a las concesiones: Zambrano advirtió que el acuerdo sugiere una vuelta al modelo de concesiones a privados extranjeros eliminado con la nacionalización de 1975 y la Constitución de 1999. Señaló que la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2026 ratifica al Estado como único administrador del subsuelo, por lo que este formato requeriría una reforma constitucional y el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
- Control operativo externo: El economista catalogó como alarmante que el Gobierno norteamericano mantenga el derecho a recibir más del 20 % de la producción a precio de costo y sea quien decida qué petroleras firmarán los contratos, lo que califica como una cesión de soberanía y una merma en la capacidad de decisión del Estado.
Opacidad, riesgos de corrupción y tensiones geopolíticas
El análisis publicado por El Ucabista detalla los vacíos de control institucional y los conflictos internacionales que genera el convenio:
