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Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
El Parlamento Europeo pidió este jueves que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el Gobierno de la isla no da «pasos concretos y significativos» hacia una transición democrática y libera de forma «inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos».
Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que «condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano».
En particular, «la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos».
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este sábado que la Unión Europea (UE) no quiere «entorpecer» las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia emprendidas a iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anoche anunció un acuerdo entre ambos bandos para una tregua de tres días en Ucrania.
EFE
«No queremos entorpecer la iniciativa liderada por el presidente Trump, así que estamos a la espera», dijo el portugués en declaraciones a periodistas al ser preguntado por este asunto, mientras se encontraba en Bruselas celebrando el Día de Europa.
Costa añadió, sin embargo, que la UE está dispuesta «a hacer lo que sea necesario», ya que «también debemos abordar la cuestión relacionada con la seguridad de Europa».
«Estamos hablando con nuestros amigos ucranianos para apoyarlos. Y, por supuesto, necesitamos, en el momento oportuno, mantener conversaciones con Rusia para abordar nuestras cuestiones comunes en materia de seguridad», afirmó.
El presidente del Consejo Europeo reiteró que su «principal objetivo desde el primer día es lograr una paz justa y duradera en Ucrania», motivo por el que «apoyamos a Ucrania, (…) estamos imponiendo sanciones a Rusia y (…) estamos dispuestos a participar en todas las negociaciones de paz para lograr una paz duradera».
Costa mantuvo también hoy una conversación con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que le deseó un «feliz Día de Europa» y le aseguró que «el futuro de Ucrania reside en la Unión Europea», según dijo el portugués en un mensaje en redes sociales.
Zelenski, por su parte, señaló que abordaron asimismo los recientes pasos diplomáticos y el mencionado acuerdo, con la mediación de Estados Unidos, para llevar a cabo un intercambio de prisioneros con Rusia en un formato de 1.000 por 1.000.
Hasta Cuba firmó. El Gobierno de Nicolás Maduro decidió una hora antes del cierre no suscribir el documento final en desacuerdo con el capítulo dedicado a la guerra en Ucrania. Cumbre EU-CELAC en Santa Marta, Colombia, el 9 de noviembre enColombia.
El domingo 9-11-2025 por la noche, en el cierre de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), el presidente anfitrión, el colombiano Gustavo Petro, enumeró los países de América Latina que habían firmado la declaración final del encuentro. Se esperaba, sin demasiada sorpresa, la ausencia de Nicaragua, que ya había anticipado sus intenciones de bloquear todo el proceso. Lo que nadie esperaba era que en el listado no estuviese Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro había decidido disociarse, ese es el término diplomático al uso, del texto y en el último minuto, tras participar de todas las negociaciones previas, no firmó. Un día después del cierre de la cumbre, las fuentes diplomáticas consultadas no lograron encontrar una explicación racional a la estrategia de Caracas.
Lo de Venezuela es un suicidio diplomático inexplicable, dicen desde una Cancillería sudamericana. En otro Ministerio de Exteriores se refieren a la locura de aislarse en momentos en que Caracas está bajo la amenaza de Estados Unidos. Los ataques ordenados por Donald Trump a presuntas narcolanchas venezolanas en aguas del Caribe tienen al Gobierno de Maduro en una situación de estrés político extremo. Desde Washington agitan sin disimulo el fantasma de un posible ataque militar al amparo de la lucha contra el narcotráfico. La CELAC, que nació como una alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA) sin Estados Unidos, parecía el espacio ideal para que Venezuela se arropase tras un manto de apoyos regionales.
El documento de 52 puntos de la cumbre se cocinó a fuego lento durante meses. Y recibió las puntadas finales durante la semana previa al encuentro de jefes de Estado en Santa Marta, Colombia. Los negociadores ya sabían que Nicaragua no firmaría, fiel a su estrategia de tirar la bomba y bloquear así cualquier acuerdo. La delegación venezolana, liderada el fin de semana por su canciller, Yván Gil, habló poco y se concentró en el capítulo 10, el referido a repudio de los bloques a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que ya han dejado casi 70 muertos. En la previa de la última reunión, Maduro envió una carta en la que exigía a los países participantes a actuar contra lo que consideró actos armados y letales producidos bajo la justificación de la ´seguridad’ o la ‘lucha contra el crimen. Pretendían que el capítulo 10 fuese mucho más duro, pero en un momento los negociadores europeos dijeron hasta acá llegamos, dice una alta fuente diplomática americana.
El texto del capítulo dice en su versión final que las partes abordan la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. No nombra a Estados Unidos, una estrategia clásica de los textos diplomáticos para reunir la mayor cantidad de apoyos posibles sin ofender. Venezuela podría haberse disociado de ese punto en particular, un mecanismo que debutó en esta cumbre de Santa Marta para evitar que un solo miembro del grupo pudiese bloquear toda la resolución. El documento tiene a pie de página un listado de países y los puntos que no suscribieron. Los más activos en su derecho a queja fueron Argentina —en todo lo referido a la Agenda 2030 y políticas de género—, Paraguay, Ecuador, El Salvador y Costa Rica.
Venezuela fracasó en su intento de endurecer el texto del capítulo 10, pero acató y no planteó disociarse. Fue entonces que durante todo el domingo exigió reabrir la discusión sobre otro de los puntos, el 14, donde los bloques manifiestan su preocupación por la guerra en Ucrania y su inmenso sufrimiento humano. El empuje negociador de Venezuela había sido clave para la aprobación del capítulo sobre Ucrania durante la cumbre de la CELAC-UE celebrada en Bruselas en 2023. El texto de este año tiene más sustancia y era esperable que Caracas pusiese reparos. Durante toda la tarde del domingo, la delegación venezolana exigió que se reabriese el documento a discusión, pero no tuvo éxito. La sorpresa fue que en lugar de disociarse del capítulo 14, se bajó de todo, revelaron desde una Cancillería americana.
Kaja Kallas, alta representante de Exteriores de la Unión Europea, dijo en entrevista con EL PAÍS que, a diferencia de Nicaragua, Venezuela inicialmente estaba a bordo, pero al final decidió retirarse de la declaración por sus críticas al punto 14. Es interesante, porque al tiempo que escuchamos a Venezuela quejarse del incumplimiento del derecho internacional [por los ataques de Estados Unidos en aguas del Caribe], se niegan a suscribir una declaración sobre un evidente ataque armado de hace tres años. Deberían aplicar el mismo rasero siempre, dijo Kallas.
Consultado por este periódico por la retirada de Venezuela, el presidente del Consejo Europeo y coanfitrión de la cumbre, António Costa, respondió: Estas cumbres son una gran ocasión para abrir nuevos espacios para el diálogo, incluso —o, más bien, sobre todo— cuando las diferencias ideológicas y de opinión son grandes. No conviene desaprovechar este tipo de oportunidades.
La salida venezolana se consumó una hora antes de la presentación del documento final de la cumbre. Fue tan sobre el límite, que aparecía como firmante en un borrador que circuló entre la prensa cuando los negociadores ya daban por cerrado el asunto. Luego salió Petro y en lugar de nombrar a los 33 países de la CELAC enumeró 31. Venezuela estaba fuera. Hasta Cuba negoció, y mucho, cada punto y al final firmó todo. Nicaragua bloqueó y Venezuela decidió disociarse. Los motivos son difíciles de comprender. Hasta una hora antes de la declaración final estaba dentro, dice una alta fuente diplomática. ¿Caracas se abrazó en su repudio al capítulo referido a Ucrania por solidaridad con Rusia? Es posible, pero quién sabe, responde la misma fuente.
El canciller brasileño, Mauro Vieira, confirmó este miércoles que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asistirá a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), en «solidaridad con Venezuela».
La cumbre será celebrada los próximos domingo y lunes en la ciudad colombiana de Santa Marta y, según dijo Vieira a periodistas, además de tratar la «agenda común» entre ambos bloques, será una especie de acto «de solidaridad regional» con Venezuela.
Lula viajará hacia Santa Marta desde la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, sede de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), adonde regresará tras participar en la cumbre.
Vieira citó que Lula ya ha subrayado más de una vez que América Latina y el Caribe constituyen «una región de paz y cooperación», en una clara alusión al despliegue militar de Estados Unidos en zonas cercanas a las aguas territoriales venezolanas.
Este mismo martes, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Lula consideró que la cumbre de la CELAC-UE solamente tendría sentido si esa presencia militar estadounidense en aguas del Caribe fuera discutida.
Explicó que llegó a conversar sobre el asunto en una reciente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien aseguró que América Latina debe ser mantenida como una zona de paz.
«No quiero que lleguemos a una invasión terrestre. Le dije al presidente Trump que los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven con diálogo», señaló Lula.
Aseguró que Brasil tiene «todo el interés» en ayudar en el conflicto y opinó que Estados Unidos, si quiere luchar contra el narcotráfico, debería «estar intentando ayudar a estos países» en lugar de «disparar» contra ellos.
En los últimos meses, las fuerzas que EE.UU. ha desplazado en el Caribe han lanzado una serie de ataques contra lanchas civiles, en aguas del Caribe cerca de Venezuela y en el Pacífico, en zonas próximas a Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico.
Desde comienzos de septiembre, al menos 60 personas han muerto por esos ataques, que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha condenado y calificado como «ejecuciones extrajudiciales».
La Unión Europea ha añadido dos refinerías chinas con una capacidad combinada de 600,000 barriles diarios y Chinaoil Hong Kong, rama comercial de PetroChina, a su lista de sanciones contra Rusia, según publicó este jueves el Diario Oficial de la UE.
Petrolero descarga petróleo crudo importado en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong. Foto: AFP
La Unión Europea ha añadido dos refinerías chinas con una capacidad combinada de 600,000 barriles diarios y Chinaoil Hong Kong, rama comercial de PetroChina, a su lista de sanciones contra Rusia, según publicó este jueves el Diario Oficial de la UE.
Las dos refinerías son Liaoyang Petrochemical y Shandong Yulong Petrochemical.
La inclusión de China en la lista no es la primera de la UE, pero sí la más importante desde el punto de vista económico. Junto con los países del Grupo de los Siete, la UE trata de reducir aún más los medios de Rusia para financiar su guerra en Ucrania los ingresos vitales del petróleo y el gas.
La UE afirmó que las tres empresas eran importantes compradores de crudo ruso y, por tanto, proporcionaban una "fuente sustancial de ingresos" a Moscú.
Shandong Yulong es la refinería más reciente de China, con una capacidad de 400,000 bpd y uno de los mayores clientes individuales de petróleo ruso del país.
Varios de los proveedores de crudo de Yulong ya han cancelado las ventas de petróleo de Oriente y Canadá a la planta después de que Reino Unido sancionara a la refinería la semana pasada.
Según el diario de la UE, la refinería había comprado millones de barriles de crudo ruso de las calidades ESPO y Urales.
La planta de Liaoyang tiene una capacidad de 200,000 bpd en el noreste de China y es una refinería y petroquímica integrada.
La UE también sancionó a la empresa china Tianjin Xishanfusheng International Trading Co, que, según dijo, desempeñó un papel importante en los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones.
La UE aprobó el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que adelanta a 2027 el veto a las importaciones de gas natural licuado y sanciona a la flota fantasma rusa.
Tras superar el bloqueo de Eslovaquia, los países de la Unión Europea adoptaron este jueves formalmente el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que avanza a 2027 la prohibición de las importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso (un año antes de lo previsto) y sanciona a la flota fantasma rusa.
Las nuevas sanciones, que la UE aprobó por unanimidad justo antes de que los líderes europeos celebren una nueva cumbre en Bruselas, contemplan un veto progresivo a las importaciones de GNL, a partir de abril para los contratos de corto plazo y a partir del 1 de enero de 2027 para los de largo plazo, informaron fuentes diplomáticas.
En la mira: diplomáticos rusos y empresas de China, India y Tailandia
La UE también decidió restringir los movimientos de los diplomáticos rusos entre los países del bloque comunitario y castigar a 45 nuevas empresas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones, entre las que se encuentran doce de China, tres de India y dos de Tailandia.
"Hoy es un gran día para Europa y Ucrania. Es extremadamente positivo que hayamos alcanzado un acuerdo en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia", dijo el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmusen, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE.
Secuestradores de niños ucranianos, sector financiero e industrial
Además, los Veintisiete ampliaron los criterios para sancionar a los responsables del secuestro de niños ucranianos para llevarlos a Rusia.
Las medidas restrictivas se centran también en el sector financiero ruso, para impedir las transacciones a cinco nuevos bancos y extender las sanciones contra el sistema ruso de pagos electrónicos, así como prohibir por completo las transacciones de criptomonedas.
La UE amplía asimismo sus sanciones contra los bienes industriales de doble uso que Rusia utiliza en el campo de batalla.
Presión de la UE y EE. UU.
Estas sanciones se aprobaron después de que Eslovaquia diera su visto bueno al paquete, que antes había respaldado también Hungría y Austria. Y coinciden con las que anunció esta noche Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".
El plan de la UE para vigilar en qué gastas tu dinero
El BCE insiste en que el euro digital será solo otra opción de pago, coexistiendo con el efectivo. Sin embargo, la presidenta Lagarde ha elogiado repetidamente el modelo chino. (Flickr)
El Banco Central Europeo ha presentado el euro digital como un símbolo de autonomía financiera y modernización. Pero, al igual que el modelo chino que parece inspirar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, lo que está en juego no es solo la tecnología: es el riesgo de convertir un instrumento de pago en un mecanismo de control sobre las transacciones de cada ciudadano. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha tomado el camino opuesto: legalizó las stablecoins y prohibió un dólar digital centralizado, reforzando la libertad y la competencia en lugar del control estatal.
El 26 de septiembre, el Banco Central Europeo anunció lo que desde hace tiempo se esperaba: realizará nuevos experimentos sobre lo que puede lograrse con el euro digital.
Este proyecto, presentado como un logro de autonomía financiera, se ha acelerado después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la llamada Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins), que autoriza monedas estables vinculadas a activos de valor estable, usualmente el dólar. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó una prohibición para que la Reserva Federal no cree un dólar digital oficial, asegurando que la innovación permanezca descentralizada y fuera del control directo del Estado.
En Bruselas, la reacción fue opuesta. El temor de que estas monedas digitales ligadas al dólar pudieran provocar una “dolarización digital” de la economía europea sirvió de justificación para acelerar el euro digital. Pero en lugar de fortalecer la diversidad de soluciones existentes, la Unión Europea avanza con un proyecto directamente controlado por el BCE. La narrativa es la de la “soberanía financiera”, pero en la práctica corre el riesgo de aumentar la dependencia de los ciudadanos respecto al poder central y de debilitar la competencia en el sector financiero, especialmente cuando el modelo chino parece servir como referencia.
El BCE insiste en que el euro digital será solo otra opción de pago, coexistiendo con el efectivo. Sin embargo, la presidenta Lagarde ha elogiado repetidamente el modelo chino, lo que parece una declaración de intenciones. Incluso si el proyecto comienza con promesas de voluntariedad, la realidad es que los modelos de este tipo rara vez permanecen opcionales por mucho tiempo. El caso chino es ilustrativo: el yuan digital fue presentado como un complemento al efectivo físico y una elección voluntaria, pero rápidamente se convirtió en un instrumento de uso masivo, promovido por el Estado e integrado en casi todas las transacciones cotidianas.
En 2023, en ciudades como Shanghái y Shenzhen, los salarios y subsidios públicos ya se pagaban a través del yuan digital. Tras los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, su uso se expandió hasta el punto de volverse prácticamente ineludible. En solo cinco años, el yuan digital se volvió obligatorio en muchas ciudades chinas, con salarios públicos, subsidios e impuestos procesados exclusivamente de esta forma.
Al registrar en tiempo real todas las transacciones a través del Banco Popular de China, el gobierno monitorea en detalle quién compra, qué, dónde y cuándo. Este nivel de vigilancia abre la puerta al condicionamiento directo del comportamiento ciudadano. Funciones como el “dinero programable”, con fecha de caducidad que obliga a gastar en un periodo determinado en lugar de ahorrar, ya han sido probadas.
A esto se suma el riesgo de exclusión social: quienes no se integren al sistema o carezcan de las herramientas digitales necesarias quedan, en la práctica, excluidos de una parte cada vez mayor de la economía. Los incentivos estatales hacen que la adhesión sea inevitable si los salarios públicos, subsidios e incluso el transporte se procesan mediante dinero digital; el espacio para alternativas privadas se reduce progresivamente.
En un modelo así, la libertad financiera deja de existir: cada pago termina dependiendo de la aprobación del Estado.
Aunque las plataformas oficiales de la UE resaltan numerosas ventajas del euro digital—como pagos de menor costo, privacidad protegida por la legislación europea y estructuras para prevenir ciberataques—, persiste una pregunta inevitable: ¿por qué es necesario este sistema? En la actualidad, el sector privado ya ofrece múltiples opciones de pago digital seguras y confiables.
Dado que el mercado ya proporciona alternativas seguras y eficientes, el único incentivo posible para desarrollar este sistema reside en el control mediante la centralización del poder, a costa de la privacidad y debilitando al sistema bancario privado. En esencia, el euro digital no es un avance tecnológico, sino un serio retroceso en términos de libertad y privacidad.
Europa no está condenada a copiar el modelo chino. Estados Unidos ha demostrado que es posible fortalecer su moneda sin otorgar al banco central un poder absoluto sobre cada transacción. La Ley GENIUS reconoció el papel de las stablecoins mientras prohibía simultáneamente la creación de un dólar digital centralizado. El resultado es más innovación, más libertad y una economía más resiliente. Ese es el ejemplo que debería seguir la Unión Europea, en lugar de avanzar con un proyecto que amenaza la privacidad, la competencia y la propia libertad financiera de sus ciudadanos.
Cláudia Ascensão Nunes es una escritora y comentarista política portuguesa. Es presidenta de Ladies of Liberty Alliance – Portugal y columnista en publicaciones tanto nacionales como internacionales.
La Unión Europea (UE) dijo este sábado que no reconoce las «elecciones» regionales y locales que las autoridades rusas celebrarán el domingo en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.
«El 14 de septiembre, las autoridades rusas celebran elecciones regionales y locales incluso en la Crimea anexionada ilegalmente, concretamente en la ciudad de Sebastopol. La UE no reconoce ni las llamadas ‘elecciones’ ni sus resultados en el territorio ocupado», dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
Las elecciones, continúa el comunicado, «constituyen otra violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania».
La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, aseguró el pasado jueves que el país celebrará las elecciones locales y regionales a pesar de las «las condiciones de guerra». La jornada electoral arrancó el viernes y se prolongará hasta domingo en 81 regiones de la Federación de Rusia.
Por su parte, la UE reiteró que «Crimea es Ucrania» e instó a Rusia a cesar «sus esfuerzos por socavar la unidad nacional y la integridad territorial de Ucrania».
«La Unión Europea expresa su apoyo inquebrantable a Ucrania en sus esfuerzos por resistir la guerra de agresión de Rusia y se mantiene firme en su apoyo a una paz amplia, justa y duradera en Ucrania», concluye el comunicado. EFE
París. Veintiséis países, principalmente europeos, se comprometieron a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese el fuego con Rusia, anunció ayer 04 de septiembre, el presidente francés, Emmanuel Macron. Sin embargo, Estados Unidos aún no ha concretado su contribución, que muchos consideran esencial.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró a última hora del día que había conversado telefónicamente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la adopción de nuevas sanciones contra Moscú y la protección del cielo ucraniano contra los ataques rusos.
En una rueda de prensa en París tras una cumbre de la Coalición de Voluntarios, Macron dijo que 26 países se comprometieron formalmente "a desplegar (...) tropas en Ucrania o a estar presentes en tierra, mar o aire".
Según estos planes, cuyos detalles y contribuciones por país se negó a revelar, "el día en que cese el conflicto, se desplegarán garantías de seguridad", ya sea mediante un "alto el fuego", un "armisticio" o un "tratado de paz".
El objetivo no es "librar una guerra contra Rusia", sino disuadirla de volver a atacar a Ucrania en el futuro, agregó Macron, que codirige la Coalición con el ministro británico, Keir Starmer.
Macron aseguró que Alemania, Italia y Polonia eran "contribuyentes importantes". Estos tres pesos pesados europeos habían expresado reservas sobre un compromiso, que condicionan en particular a una "red de seguridad" por parte de Washington. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reiteró tras la reunión que Roma no enviará tropas a Ucrania.
Alemania, por su parte, tiene la intención de contribuir al refuerzo de la defensa antiaérea de Ucrania y al equipamiento de sus fuerzas terrestres, según informaron fuentes gubernamentales a AFP.
No hubo ningún anuncio oficial. "Contamos con el respaldo de EU", reiteró Zelenski.
"Putin sigue cometiendo matanzas para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos. (...) Por eso se necesitan garantías de seguridad fiables. Por eso no se debe recompensar a Rusia por su participación en esta guerra", apuntó Zelenski antes de la reunión con Trump.
Los ucranianos «no van a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas van a estar al frente. Y algunas de ellas, Francia y Alemania, también Reino Unido, quieren tener tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto», indicó Donald Trump en una entrevista con Fox News.
Redacción Internacional, 20 ago (EFE).- Con el renovado impulso de unas eventuales negociaciones para la paz en Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos han insistido en que todo acuerdo tiene que incluir unas garantías de seguridad suficientes para evitar una nueva invasión rusa de su vecino.
Las llamadas «garantías de seguridad» han estado en el centro de las reuniones, y según EEUU, Rusia está dispuesto a permitirlas, ¿pero qué son o en que consistirían?
¿A qué se refieren con garantías de seguridad?
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se han referido a que las garantías tomarán como «modelo» el Artículo 5 de la OTAN (el principio de defensa mutua), que ofrecería a Kiev una protección frente a nuevas invasiones rusas, pero mantendría a Ucrania fuera del Tratado del Atlántico Norte.
Sin embargo, como destaca a EFE el analista senior para Rusia del International Crisis Group (ICG), Oleg Ignatov, «no sabemos mucho» de qué podría implicar ese «modelo» similar al de la OTAN.
Si es literal, en caso de que Rusia ataque Ucrania después de un eventual acuerdo de paz, los países que den estas garantías deben decidir cómo apoyarla, pero ESO no quiere decir que inicien una guerra contra Rusia, dice el analista: «pueden decidir proporcionar a Ucrania las armas (que ya lo están están haciendo), pueden proporcionar a Ucrania otros sistemas no militares, asistencia política, sistemas humanitarios…».
Pero se levantan dudas, explica Ignatov, ¿será Rusia parte de estas garantías? ¿Y tendría Rusia garantías de seguridad en caso de un ataque ucraniano a su territorio?
¿Qué quiere Ucrania?
«Putin sigue cometiendo matanzas para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos. (…) Por eso se necesitan garantías de seguridad fiables. Por eso no se debe recompensar a Rusia por su participación en esta guerra», apuntó Zelenski antes de la reunión con Trump.
Ya que parece que su entrada en la OTAN es una línea roja, Zelenski quiere tener la forma de responder de forma rápida ante un posible ataque de Rusia, y algo del estilo del artículo 5 de la OTAN obligaría a quienes firmen las garantías de seguridad a responder a la agresión.
La UE se muestra firme en el apoyo: «las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar», aseguró ayer la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien habló de una posible contribución «en particular mediante el entrenamiento de soldados ucranianos y el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la industria de defensa de Ucrania».
Para Zelenski también es importante que el fortalecimiento del ejército ucraniano sea clave entre las garantías de seguridad, y quiere que Europa o Estados Unidos lo financien.
¿Accedería Rusia?
Witkoff aseguró el domingo que Putin aceptó durante su cumbre con Trump en Alaska permitir garantías de seguridad «sólidas» y también habría aceptado comprometerse a no entrar en ningún otro territorio, ya sea en Ucrania o en otro país europeo.
Pero el jefe del Kremlin no va a estar «de acuerdo con ninguna garantía de seguridad que sea contra Rusia», explica Ignatov, por lo que no es previsible que acceda a unas garantías de seguridad que solo involucren a países occidentales.
Además, apunta el analista del ICG, Moscú también quiere hablar de garantías de seguridad para Rusia en caso de que, por ejemplo, Ucrania quiera recuperar territorios, tal como ha dejado claro el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov.
«Rusia está dispuesta a ceder muy, muy poco», considera el analista del Consejo para Relaciones Exteriores (CFR) Matthias Matthijs, que cree que Putin puede acceder a la propuesta de Estados Unidos sobre estas garantías de seguridad, pero si se incluyen de forma «vaga» y «mal definida».
¿Está dispuesto EEUU a defender Ucrania?
A pesar de que Trump parecía tener voluntad de brindar garantías de seguridad estadounidenses a Ucrania, este martes dijo que no contempla enviar tropas estadounidenses a Ucrania y se mostró de acuerdo en que las naciones europeas tomen el liderazgo.
Los ucranianos «no van a ser parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellas van a estar al frente. Y algunas de ellas, Francia y Alemania, también Reino Unido, quieren tener tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto», indicó en una entrevista con Fox News.
«No creo que a Trump le importen tanto las garantías de seguridad para Ucrania. Pero él entiende que a los europeos y a Ucrania les importa esto y necesita encontrar una solución que satisfaga a las diferentes partes», resume Ignatov.
Para Matthijs, Trump parece querer que Europa lleve la carga de defensa ucraniana y EEUU se limite a hacer lo que ya hace: vender armas, ayudar con inteligencia y quizás con apoyo aéreo, pero poco más.
Parece que Estados Unidos no tiene demasiada voluntad de involucrarse y que el compromiso de Europa es el mismo que actualmente: envío de armas, formación, apoyo…
«No creo que se plantee una solución muy estable. El resultado principal será que los combates se detendrán pero que sea sostenible es difícil de decir», concluye Ignatov.
Los acuerdos de libre comercio del MERCOSUR con la Unión Europea (UE) entran en una fase decisiva. En paralelo, se incrementan las críticas de los movimientos sociales
A inicios de julio y luego de 8 años y 14 rondas de negociaciones, los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciaron la conclusión de un tratado de libre comercio con sus contrapartes de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la cual reúne a Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Aunque el proceso de revisión jurídica, suscripción formal y ratificación por parte de cada parlamento podría durar varios meses, el fin de las negociaciones de este “mini acuerdo” manda una señal política por elevación a las partes que deben ratificar el “gran acuerdo”.
Es decir, el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y el conjunto de los 27 Estados de la Unión Europea (UE). Aunque aceptado formalmente en diciembre de 2024, el mismo transita la fase de traducción y debate parlamentario en los dos bloques.
Lo negociado entre el MERCOSUR y EFTA aparece, así, como un nuevo globo de ensayo de toda la negociación entre América del Sur y Europa, la cual es criticada por organizaciones campesinas y sindicales, así como por Organismos No Gubernamentales ambientalistas y de la cooperación con el desarrollo.
Estas críticas, en su momento, se concentraron en el “secretismo” de la discusión, concretamente, en el hecho de que un puñado de negociadores –que no incluía ni a los mismos parlamentarios nacionales– eran los únicos que conocían las propuestas iniciales del tratado. Ahora se centran en los contenidos esenciales que los movimientos sociales consideran riesgosos tanto para el medio ambiente como para el campesinado y los trabajadores a ambos lados del Atlántico.
MERCOSUR-EFTA, el acuerdo “pequeño”
El Tratado de Libre Comercio MERCOSUR–EFTA se propone crear un área de libre comercio de casi 300 millones de personas. Según el propio comunicado del MERCOSUR, “ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos”.
Su meta es abarcar prácticamente todas las áreas de actividades del intercambio. Regirá el comercio de bienes, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y horizontales, incluyendo la resolución de controversias. Incorpora también un capítulo de comercio y desarrollo sostenible que las voces críticas consideran formal e insuficiente.
Suiza, uno de los países más interesados en concretar el Tratado, se refriega las manos de alegría. En 2024, las exportaciones helvéticas a los países del MERCOSUR ascendieron a 4.900 millones de dólares, mientras que sus importaciones, sin contar el comercio del oro, fueron cinco veces menores.
Si bien el balance comercial ya le resultaba muy positivo a la Confederación Helvética, a partir de este nuevo acuerdo –y según sus propios cálculos iniciales— casi 95% de sus exportaciones a los países del MERCOSUR quedaría completamente exento de aranceles. Por su parte, Suiza le otorgaría al MERCOSUR veinticinco cuotas bilaterales de productos agrícolas sensibles, es decir, se comprometería a importar una determinada cantidad de bienes de su contraparte latinoamericana. Berna le reaseguró a su ciudanía que estas cuotas de importación “son sostenibles para la agricultura suiza”.
El “gran” acuerdo MERCOSUR-Unión Europea en la mira
La Unión Europea y los países del MERCOSUR acordaron un tratado en diciembre de 2024 luego de casi cinco lustros de negociaciones. Ahora falta su ratificación por cada uno de los parlamentos sudamericanos y los 27 países europeos, así como la del Consejo y la del Parlamento Europeos.
Sin embargo, algunas partes del acuerdo podrían entran en vigor provisionalmente tan solo con la firma de la institución supra europea y la de su contraparte sudamericana. De aprobarse definitivamente, éste sería uno de los tratados de libre comercio de más impacto a nivel internacional: cerca de 700 millones de personas en países que representan casi un cuarto del Producto Interno Bruto mundial.
La última palabra, sin embargo, aún no se ha dicho. Varios gobiernos europeos, incluyendo Francia, Austria y Polonia, se oponen, en tanto que otros, como Bélgica, podrían abstenerse (hasta ahora, Italia y Países Bajos se muestran escépticos). Para bloquear el acuerdo es necesario un mínimo de cuatro países que reúnan conjuntamente el 35% de la población de la UE.
Importantes actores sociales vienen manifestando desde hace años su abierta oposición a este tratado por considerarlo “un acuerdo tóxico para los agricultores, el medio ambiente y los derechos sociales y humanos aquí [en Europa] como en los países del Mercosur”. Numerosos “movimientos sociales, ONG, ciudadanos, agricultores, activistas, sindicatos, movimientos estudiantiles, mutualidades, asociaciones ecologistas y asociaciones de promoción de la salud”, entre otros, acaban de convocar una movilización en el Barrio Europeo de Bruselas (sede del ejecutivo de la UE) para el 4 de septiembre.
Si bien la votación en el Consejo de la Unión Europea podría realizarse a mediados de ese mes, es probable que la fecha precisa recién se anuncie a último momento, algo que les preocupa a estas organizaciones. Según ellas, estos “procesos opacos” presuponen “intentos por debilitar nuestro movimiento”. De allí, argumentan, la necesidad imperiosa de autoconvocarse.
Además, explican que “algunos gobiernos [de la UE] intentan impulsar el acuerdo con un anexo sobre el clima, supuestamente destinado a responder a las críticas”. Sin embargo, sostienen los convocantes, “este anexo no modificaría en absoluto los impactos reales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y la agricultura, tanto aquí como en los países del MERCOSUR”.
Ira social en aumento
A mediados de julio, cuatro de las principales organizaciones rurales europeas les enviaron una carta a los responsables políticos de la UE para pedirles que rechacen el acuerdo comercial UE- MERCOSUR en su forma actual. Dicho convenio, argumentaron, podría causar “daños irreversibles” a sectores vulnerables de la agricultura europea y poner en peligro la soberanía alimentaria para los países sudamericanos.
Sus firmantes son el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA), el Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COGECA), la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y la Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT), organizaciones representativas de una amplia diversidad de comunidades rurales y trabajadores del sector agroalimentario del continente.
Sus pares latinoamericanos también han expresado durante años su rechazo al tratado. Ya en febrero las mujeres de La Vía Campesina marcaron claramente el terreno al afirmar que, aunque “el equipo diplomático del gobierno de Lula propuso revisar algunos aspectos, no cambian la esencia de la estructura neocolonial del acuerdo”.
Razón por la cual, afirmaron, “es urgente comprender la magnitud de las violaciones sociales previstas y también analizar la amenaza a los derechos de las mujeres, especialmente las mujeres del campo, las aguas y los bosques”.
Por otra parte, y no menos preocupante, “el pilar comercial del acuerdo reitera asimetrías históricas pues establece aranceles externos desfavorables a los pueblos sudamericanos [al privilegiar] el antiguo intercambio de bienes minerales y agrícolas producidos por el MERCOSUR por los bienes industrializados provenientes de Europa, como vehículos, maquinarias y pesticidas”.
Sin embargo, la oposición no viene solo de los movimientos sociales rurales. De hecho, la última semana de julio la Central Única de los Trabajadores de Brasil (CUT) y la Coordinadora Sindical del Cono Sur (CCSCS) le entregaron personalmente una carta a la delegación de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo para expresar su oposición al actual Acuerdo MERCOSUR-UE.
Parlamentarios europeos y varias organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de Brasil, asistieron a la ceremonia de entrega de este documento en la ciudad de San Pablo. Redactado en colaboración con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), denuncia “la falta de transparencia en las negociaciones, la ausencia de participación social, el uso de un lenguaje inaccesible y los riesgos concretos que el acuerdo supone para los trabajadores, la industria regional y el medio ambiente”.
Los sindicalistas consideran que el tratado profundiza una lógica neoliberal y neocolonial, favoreciendo a las grandes corporaciones en detrimento del desarrollo sustentable y la integración soberana de los países del MERCOSUR. De concretarse, agregan, el mismo provocará desindustrialización, reducción de la producción nacional y una mayor dependencia de las importaciones de productos manufacturados europeos.
Luego de 25 años de discusiones, ¿podrán América del Sur y Europa hacer pasar la píldora amarga de un acuerdo contestado por varios Estados y repudiado por importantes movimientos sociales de ambos continentes? Pregunta abierta, de muy difícil respuesta, y sobre un trasfondo alarmante.
Como lo es la ofensiva mundial de aranceles lanzada estos últimos meses por el proteccionismo trumpiano, que promueve una nueva dinámica comercial y política que podría jugar a favor de los que apuestan a un “mal acuerdo” MERCOSUR-UE como mejor opción a “ningún acuerdo”.
