Venezuela se prepara para afrontar una de las mayores reestructuraciones de deuda soberana de la historia, pero el problema para Caracas no es solo el tamaño de la factura. La cifra todavía no parece estar completamente cerrada.Un nuevo laudo arbitral añadió más de US$1.500 millones a las obligaciones que Venezuela deberá enfrentar.
El caso es el de Liberty Mutual, una de las mayores aseguradoras estadounidenses, que obtuvo una decisión favorable contra el país por las restricciones cambiarias que durante años le impidieron sacar del país los recursos generados por su inversión.
El monto, de aproximadamente US$1.600 millones según la reconstrucción realizada por el abogado venezolano José Ignacio Hernández, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para la reestructuración: ¿cuánto debe realmente Venezuela?
En un reciente análisis, Hernández examina el peso de los arbitrajes en la deuda venezolana a partir del caso Liberty Mutual. Señala que no existe un registro público que permita conocer con precisión cuánto debe el país por todos sus arbitrajes, ya que la información está dispersa entre decisiones arbitrales, expedientes judiciales y documentos de los propios acreedores.
Su reconstrucción muestra, sin embargo, que los laudos pendientes de pago representan una parte relevante de la deuda externa venezolana.
El Financial Times reportó en junio que Venezuela se prepara para reconocer una deuda de unos US$240.000 millones, muy por encima de las estimaciones previas de entre US$150.000 millones y US$200.000 millones.
El cálculo incluye bonos soberanos y de PDVSA en default, intereses acumulados, préstamos bilaterales, facturas impagas y obligaciones derivadas de arbitrajes. Reuters también ha señalado que el monto total de los pasivos podría alcanzar los US$240.000 millones, aunque las estimaciones todavía oscilan entre US$150.000 millones y esa cifra.
El tamaño de la deuda adquiere otra dimensión al compararlo con el tamaño de la economía. El PIB nominal de Venezuela se estima en US$111.300 millones para 2026, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional previo a los terremotos.
Con una deuda superior a US$240.000 millones, los pasivos equivalen a más de dos veces el PIB del país, alrededor de 216%. Y esa relación podría aumentar si siguen incorporándose nuevas obligaciones al proceso de reestructuración.
Los arbitrajes hacen especialmente compleja esa tarea. A diferencia de un bono en default, cuya estructura contractual y sus tenedores pueden identificarse con relativa facilidad, un laudo plantea preguntas adicionales sobre el origen de la obligación, su reconocimiento, los intereses y la forma en que ese acreedor competirá con bonistas y otros reclamantes.
El gobierno que preside Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, anunció en mayo una reestructuración integral de la deuda externa de la República y de PDVSA.
El proceso todavía está en una etapa preparatoria luego de que la licencia general 58 de Estados Unidos permitiera a Caracas contratar asesores y realizar trabajos relacionados con la reestructuración, aunque no autoriza por sí sola una negociación directa con los acreedores.
Mientras tanto, el mapa de obligaciones sigue ampliándose. Venezuela necesita reducir su carga financiera para recuperar espacio fiscal y eventualmente volver a los mercados internacionales, pero para hacerlo primero debe establecer el tamaño real de la deuda que busca reestructurar.
El caso Liberty, con un laudo de unos US$1.600 millones, es una muestra de ese problema. La cuenta de Venezuela todavía no está cerrada.
