Documentos de inteligencia y fuentes militares detallan que hay sobornos, rutas autorizadas, coordinación desde costas bajo control del Gobierno colombiano y protección en aguas que, de facto, estarían realmente bajo la influencia del cartel de los Soles.Semana revela de dónde salen las embarcaciones que ha bombardeado el Gobierno de Donald Trump en el Caribe y que han generado tensión en Venezuela.
En noches recientes, explosiones han surcado el mar Caribe cuando aeronaves militares estadounidenses destruyeron embarcaciones sospechosas de transportar cocaína. Estas acciones no se limitan a desmantelar rutas ilegales: parecen estar dirigidas a asestar golpes estructurales contra el régimen venezolano, debilitando sus redes de financiamiento ilícito.
Semana logró acceder en exclusiva a documentos de inteligencia, entrevistó a fuentes militares y comprobó que muchas de esas embarcaciones parten de territorio colombiano, pero operan con respaldo logístico desde Venezuela. Hay sobornos de por medio, rutas autorizadas, coordinación desde costas bajo control del Gobierno colombiano y protección en aguas que, de facto, estarían realmente bajo la influencia del cartel de los Soles.
Las narcolanchas son cargadas en el norte y sur de Colombia en poblaciones cercanas a los océanos, desde donde emprenden ruta hacia Centroamérica y México.
El discurso oficial de Washington insiste en que los bombardeos han reducido las operaciones de los narcotraficantes, pero las fuentes militares y de inteligencia le dijeron a SEMANA que la cocaína sigue fluyendo. El encarecimiento del riesgo –con uso de semisumergibles, rutas desviadas y lanchas rápidas más sofisticadas– impacta el precio final, pero no debilita la estructura criminal.
Se estima que cerca del 70 por ciento de los cargamentos interceptados por el Gobierno de Donald Trump en las últimas semanas tienen origen colombiano. Provienen especialmente del golfo de Urabá y del norte del Chocó, en la frontera con Panamá, territorios dominados ampliamente por el Clan del Golfo, que está en diálogos de paz con el Gobierno Petro con la intermediación de Catar. Las embarcaciones salen por las islas de San Bernardo, San Andrés o Providencia, aprovechando la complicidad de pescadores locales y embarcaciones artesanales a cambio de dinero, detalló un oficial de inteligencia colombiana.
Hasta ahora, lo que más les funcionaba era sacar la droga en lanchas rápidas y semisumergibles, pero los bombardeos de Estados Unidos encarecieron la logística. Es una misión de vida o muerte para los tripulantes y ese riesgo se paga. Al final, lo asume el consumidor: cada gramo de cocaína cuesta más por la peligrosidad del transporte, explicó una fuente que sigue de cerca las operaciones de Estados Unidos en el Caribe.
El Clan del Golfo no es solo un actor logístico: cultiva, procesa, controla rutas marítimas y domina territorios con estructura militarizada. Mientras tanto, Estados Unidos emplea tecnología de punta: drones, rastreo satelital y sensores térmicos en cazas F-18 para anticipar rutas y monitorear movimientos en tiempo real. Colombia contribuye con inteligencia, georreferenciación y la identificación de capitanes reincidentes, aunque enfrenta el riesgo de filtraciones internas que podrían socavar la operación de la Casa Blanca en momentos en que la relación entre Trump y Petro está rota.
La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump está rota, pero podría complicarse más con la constante defensa del mandatario colombiano a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Mientras las aeronaves destruyen las lanchas rápidas, hay otras embarcaciones que logran pasar inadvertidas. Todo eso está siendo analizado por los militares estadounidenses para reforzar el control en la zona del Caribe, dijo la fuente de inteligencia consultada por Semana.
Desde comienzos de septiembre de 2025, al menos seis bombardeos han sido confirmados por Estados Unidos, con un saldo oficial de al menos 27 muertos. Pero el hecho más significativo fue uno de los ataques del 16 de octubre que dejó sobrevivientes, que fueron capturados y se encuentran bajo la custodia naval estadounidense, un hito que no había ocurrido hasta ahora. Trump lo describió en rueda de prensa como un ataque contra un “submarino” cargado de droga, aunque en realidad se trató de un semisumergible.
La escalada no es solo naval. Washington ha movilizado bombarderos B-52 para sobrevolar el Caribe cerca de las costas venezolanas, desplegado cazas furtivos F-35 desde Puerto Rico, submarinos y buques de guerra. Este despliegue estratégico se interpreta como una forma de “diplomacia de cañoneras” en América Latina, evocando viejas prácticas de presión militar, solo que esta vez se hacen en una frontera compartida ampliamente con Colombia.
Esta semana, se confirmó que Donald Trump dio luz verde para operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Se comenta que dichas acciones respaldarían el “componente terrestre” de la ofensiva contra las rutas de droga. La justificación legal de Estados Unidos se apoya en la noción de que se está frente a “organizaciones narcoterroristas” y se debe hacer uso del principio de legítima defensa contemplado en la Carta de Naciones Unidas.
Estados Unidos mantiene una ofensiva contra las embarcaciones narcotraficantes en el Caribe.
En medio de esta ofensiva, la renuncia anticipada del almirante Alvin Holsey, comandante del Southern Command de Estados Unidos, ha generado intensas especulaciones. Su relevo ocurre justo en el momento de mayor tensión, lo que algunos interpretan como un cambio estratégico en el mando militar regional.
Desde Caracas, el régimen de Maduro no ha permanecido pasivo. Venezuela ha protestado ante la ONU y reclamado al Consejo de Seguridad que denuncie estos bombardeos como violaciones de soberanía que equivalen a ejecuciones extrajudiciales. Maduro acusó a Estados Unidos de usar el narcotráfico como pretexto para efectuar un cambio de régimen. Caracas ha movilizado sus fuerzas navales, reforzado su milicia popular y anunciado ejercicios militares en aguas del Caribe como gesto de disuasión. El régimen sostiene que varias de las embarcaciones atacadas eran civiles o pescadores, que no transportaban drogas, y cuestiona la veracidad de los videos y las pruebas presentadas por Washington.
A pesar de los informes de Washington, la droga seguiría fluyendo hacia Estados Unidos.
La otra versión
Semana conoció que con cada golpe aéreo de Trump aumenta también la tensión en territorio colombiano entre las organizaciones criminales. El Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN enfrentan crisis internas y choques por el control de las rutas. A esto se suma el Tren de Aragua, la estructura venezolana que ya opera en el país y participa en la subcontratación de envíos y que también está pidiendo pista en la paz total de Petro. “Están tercerizando los viajes. Mandan gente de confianza o navegantes que aceptan el riesgo a cambio de un pago alto. Muchos dejan un anticipo a sus familias porque saben que tal vez no regresen”, narró un agente antinarcóticos.
Otro informe conocido por SEMANA muestra los márgenes de ganancia que justifican semejante peligro: un kilo de cocaína puede alcanzar los 156.000 dólares en Australia, 66.000 en Holanda y unos 14.000 en México. Aun con los riesgos, el tráfico marítimo sigue siendo el negocio más rentable. “Las embarcaciones no siempre regresan vacías. A menudo traen dólares para lavar o armas automáticas para los grupos armados en Colombia. Es un ciclo perfecto de ilegalidad”, explicó otra fuente de inteligencia.
Aunque el método de bombardeo de Estados Unidos es cuestionado, altos mandos militares colombianos coinciden en que ha sido lo más efectivo para frenar las salidas de droga. “No hay repetición posible. Si destruyen una lancha, no vuelve a zarpar. En cambio, desde las cárceles colombianas, los capos siguen coordinando operaciones con total impunidad”, señaló un oficial consultado.
El cierre parcial del corredor caribeño ha obligado a los narcotraficantes a reactivar las rutas del Pacífico, controladas por el ELN y las disidencias de las Farc. Sin embargo, estas representan un riesgo mayor: los grupos usan semisumergibles artesanales capaces de transportar hasta tres toneladas de cocaína desde Nariño y el Cauca, zonas con altísima presencia armada.
Estas medidas del Gobierno Trump han ocasionado el encarecimiento en la pasta de coca, pues existe un mayor riesgo de traslado. Hay pujas internas
En este negocio nada es improvisado. Todo está calculado al milímetro con complicidad de fuerzas locales y apoyo logístico desde Venezuela. Lo que buscan los estadounidenses es llevar al límite a los grandes exportadores y demostrar que pueden volver a dominar el Caribe, indicó otra fuente vinculada a la operación.
Semana también estableció que el papel de Colombia ha sido determinante en la georreferenciación de envíos y la identificación de capitanes reincidentes. Esta no es una operación improvisada. Forma parte de un plan mayor de Estados Unidos para presionar a los grandes carteles y reactivar su presencia militar en el Caribe”, explicó un exoficial de inteligencia naval.
En Estados Unidos, legisladores de ambos partidos exigieron mayor información sobre los bombardeos en el Caribe. En los últimos días, han dicho que Trump no contó con autorización del Congreso y advierten un riesgo de uso excesivo de la fuerza.
Grupos como el Clan del Golfo estarían involucrados en la operación narcotraficante.
Al presentar a los traficantes como “combatientes ilegales” y legitimar los bombardeos como actos defensivos, Washington pretende construir una justificación legal escalonada que admita futuras acciones dentro del territorio venezolano sin declararse en guerra. Las demostraciones de fuerza –bombas en el mar, vuelos de bombarderos, desplegar cazas furtivos frente a costas adversarias– no son solo ataques tácticos, sino manifestaciones simbólicas de dominio.
Analistas advierten que, en escenarios extremos, Estados Unidos podría autorizar incursiones terrestres selectivas bajo el argumento de neutralizar “centros de narcotráfico” ubicados en tierra venezolana y con tentáculos en Colombia. Aunque un paso así enfrentaría obstáculos diplomáticos y legales, no puede descartarse si se presenta como parte de una lucha hemisférica por la seguridad y el control regional.
El Caribe ya no es un corredor discreto para narcolanchas, sino un frente estratégico donde Colombia tiene un rol protagónico. Las explosiones al amanecer, los sobrevuelos intimidantes y los ataques selectivos ya no pueden entenderse solo como operaciones antinarcóticos. Son mensajes de poderío y presagios de un conflicto que muchos temen, pocos nombran, pero que parece estar muy cerca.
Revista Semana
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