Sexto año consecutivo de contracción económica
2018 registra el peor desempeño de la economía venezolana en muchos aspectos. La economía se redujo en 18% según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue del 15%. Ha sido el sexto año consecutivo de contracción, arrojando una caída del ingreso por habitante en torno al 50%, el peor desempeño conocido para un país no incurso en una guerra. El hecho de corresponder con el período íntegro de gobierno de Nicolás Maduro no es coincidencia, sino resultado de perpetuar un conjunto de políticas adversas al bienestar de la población, cuyos efectos negativos se hicieron aún más visibles una vez retrocedieran los precios internacionales del crudo desde los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014. Estas políticas han desatado una pavorosa hiperinflación que ha devastado el tejido económico, arruinando a la inmensa mayoría de los perceptores de ingreso. En consecuencia, han producido un empobrecimiento acelerado de los venezolanos, con sus trágicas secuelas de hambre, enfermedades y muertes.
A lo largo de este período, la ANCE, por su cuenta o acompañada por las otras Academias Nacionales, ha hecho numerosas recomendaciones al gobierno, instándolo a rectificar y a instrumentar un conjunto de acciones y medidas para superar el grave deterioro en las condiciones de vida de la población. Asimismo, calificados economistas han reiterado tales señalamientos en presentaciones diversas y entrevistas. El gobierno, no obstante, ha insistido en mantener sus políticas, lo que lleva a concluir que persigue deliberadamente objetivos contrarios al bienestar de los sectores mayoritarios de la población.
La hiperinflación
El problema crucial que hoy aqueja a los venezolanos en lo económico es el de la hiperinflación. El año que culmina registra un alza general de precios de casi 1.700.000 % según la Asamblea Nacional, único órgano oficial que publica cifras al respecto. Ello es resultado del desequilibrio abismal entre una demanda por bienes y servicios producida por políticas fiscales y monetarias que multiplicaron los dineros del público varios centenares de veces durante el año (1), y una oferta que caía estrepitosamente (2). Además, al entrar la economía en hiperinflación en noviembre de 2017, desapareció toda confianza en el bolívar: la urgencia por gastarlo cuanto antes multiplicó su velocidad de circulación, impulsando aún más la vorágine de los precios en ascenso y retroalimentando las expectativas hiperinflacionarias.
Trágicamente, el gobierno se limitó sólo a quitarle cinco ceros a la moneda para conformar, a comienzos de septiembre, una nueva unidad monetaria. Al no rectificar sus políticas, la hiperinflación venezolana se convirtió en una de las más prolongadas, magnificando sus estragos sobre la población y reduciendo la capacidad de compra de la nueva moneda al cerrar el año a apenas un 2% de cuando se emitió. Desde que el país entró en hiperinflación, el salario mínimo, incluyendo bono de alimentación, vio contraer su poder adquisitivo en más de 96%, a pesar de haberse incrementado en cinco oportunidades.
(1) Hasta el 28 12 2018, la liquidez monetaria se había incrementado 650 veces, la base monetaria 423,7 veces.
(2) Las importaciones se mantuvieron estancadas en niveles inferiores a la quinta parte de las del año 2012.
Una gestión pública violatoria del ordenamiento constitucional
En la génesis de tal disrupción se encuentra una gestión pública caracterizada por gastos muy por encima de los ingresos, arrojando déficits superiores al 20% del PIB. Por el lado de los ingresos, la hiperinflación desatada redujo significativamente el valor real de la recaudación tributaria (efecto Olivera- Tanzi). A ello se añade la exoneración por decreto a PdVSA y las demás empresas mixtas (3) del pago del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2018. La brecha entre los disminuidos ingresos y un gasto en expansión se cubrió con financiamiento monetario –el llamado dinero “inorgánico”. Éste aumentó más de 9.000 veces durante el año con la complicidad de un Banco Central que violó abiertamente su objetivo fundamental, establecido en el artículo 318 de la Constitución Nacional, que se expresa en “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria.” (4)
Tampoco la gestión presupuestaria nacional observo el ordenamiento jurídico que debía regirla. El presupuesto para 2018, al igual que el del año anterior, no fue sometido a la consideración de la Asamblea Nacional, como pauta el numeral 6 del artículo 187 y el artículo 313 de la Constitución (5). Los créditos adicionales, inflados por la hiperinflación, tampoco fueron aprobados por el órgano legislativo, como contempla igualmente el artículo 187. Alegando un “estado de excepción”, el Ejecutivo aprobó un decreto de emergencia económica, sin la autorización de la Asamblea Nacional estipulada en el artículo 339 de la Carta Magna, que ha prolongado indefinidamente, en desapego a la limitación que impone su artículo 338 (6). Arbitrariamente se arrogó la potestad de ejecutar gastos al margen de los mecanismos constitucionales de control y supervisión, sin rendir cuentas y en ausencia total de transparencia, práctica que se ha prestado a todo tipo de irregularidades en contra de los intereses de la Nación.
(3) Decreto 3.569, Gaceta Oficial N° 41.452 del 2 08 2018.
(4) El aumento del salario mínimo más de 34 veces y el “bono de adaptación”
al nuevo cono monetario que se introducía decretados el 17 de agosto,
multiplicó por 15, en una sola semana, la emisión de dinero sin respaldo
por parte del BCV.
(5) El Tribunal Supremo de Justicia se
arrogó la aprobación del presupuesto de 2017. El de 2018 fue aprobado
por una asamblea constituyente írrita.
(6) Su duración será de sesenta días, prorrogable una sola vez por igual lapso con aprobación del cuerpo legislativo nacional.
Un artilugio que retroalimenta la hiperinflación
El desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional rompe con el equilibrio de poderes, consustancial a la República. El Ejecutivo se arroga potestades legislativas, conformando para sí una especie de “ley habilitante” permanente que ampara gastos sin control ni freno alguno, apoyándose a veces en una “asamblea constituyente” írrita y/o en un Tribunal Supremo viciado. Durante 2018 fue imposible disponer de información clara y oportuna de la ejecución presupuestaria, ni conocer las bases de su formulación para 2019. En tal contexto, el Ejecutivo asumió compromisos sin plan ni concierto ante el agravamiento de las penalidades de la población causado por sus políticas. Multiplicó dádivas, bonos y transferencias en especies a través de un programa discrecional de reparto sujeto a la posesión de una tarjeta de racionamiento llamada “carnet de la patria”, un sistema de control social --clientelar en extremo— que busca evitar protestas ante la disminución estrepitosa de la remuneración real de los venezolanos. Se instituyó así un círculo vicioso en el que el mayor gasto del gobierno no puede sino financiarse con la emisión de dinero sin respaldo, alimentando aún más la dinámica hiperinflacionaria.
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