
El 3 de enero, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro. El 18 de noviembre, en Miraflores, Pete Hegseth anunció un acuerdo que marca el entierro de la política militar inaugurada por Hugo Chávez y sostenida durante más de dos décadas. La imagen más elocuente de la jornada fue la presencia de Gustavo González López, actual ministro de la Defensa y antiguo jefe del SEBIN, uno de los principales órganos de represión del régimen. Sancionado por el Tesoro estadounidense en 2015, le toca ahora administrar el acercamiento militar a Washington y desmontar una política que el propio chavismo convirtió en bandera.
Chávez hizo del distanciamiento militar de Estados Unidos una pieza central de su política exterior. Buscó armamento en Rusia y China, estrechó la cooperación con Irán y dio a Cuba un papel en el aparato venezolano de seguridad. Aquel entramado, presentado durante años como garantía de soberanía, sirvió de poco para proteger a Maduro cuando las fuerzas estadounidenses entraron en Caracas. Ahora, bajo la presión de Washington, quienes heredaron el poder se comprometen a realizar ejercicios conjuntos, compartir inteligencia y renovar el equipamiento de la Fuerza Armada. Falta saber cuáles de los convenios con Moscú, Pekín y Teherán serán formalmente denunciados y cuáles seguirán vigentes. El giro político ya se produjo.
Dos pasajes del discurso merecen particular atención. A Delcy Rodríguez, Hegseth le agradeció una cooperación sin la cual, dijo, Washington no habría avanzado tanto. A las redes que llamó narcoterroristas les prometió perseguirlas y matarlas. El agradecimiento revela cuánto depende el nuevo arreglo de quienes todavía gobiernan en Caracas. La amenaza deja abiertas dos preguntas. ¿Contempla el acuerdo que fuerzas estadounidenses actúen en territorio venezolano contra las narcoguerrillas y el crimen organizado? ¿Se pretende trasladar a tierra la lógica de los ataques contra las llamadas narcolanchas?
A comienzos de noviembre, The New York Times informó, citando a funcionarios estadounidenses, que Washington y Caracas negociaban un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas que regularía las condiciones jurídicas de una eventual presencia militar estadounidense. El mismo diario reportó que Estados Unidos habría prestado apoyo a un ataque contra un campamento del ELN en Apure a finales de octubre. Estos antecedentes hacen más urgente conocer el alcance del pacto anunciado en Miraflores. Los venezolanos tienen derecho a saber qué operaciones contempla, quién ejercería el mando y bajo qué reglas se emplearía la fuerza.
Hegseth reivindicó una versión actualizada de la Doctrina Monroe al mismo tiempo que habló de devolverle a Venezuela el control de sus fronteras. Esa es la tensión central del discurso. Washington ofrece cooperación para recuperar el territorio venezolano y reivindica, a la vez, su primacía en el hemisferio. El nuevo acuerdo puede desplazar la influencia cubana en materia de seguridad y reducir la dependencia del armamento ruso y chino. La soberanía que Venezuela recupere se medirá por su capacidad de decidir, con autoridades legítimas y bajo sus propias leyes, cómo y con quién defiende su territorio.
Hegseth habló de modernizar y profesionalizar la Fuerza Armada. En Venezuela, esa reforma tendría que ir más lejos y recuperar el carácter democrático de la institución. Eso significa restablecer su subordinación efectiva al poder civil, acabar con su utilización partidista y hacer que sus mandos respondan por sus actos ante la justicia. El entrenamiento y el equipamiento pueden contribuir a esa transformación. Su sentido lo determinará la autoridad a la que obedezcan los militares venezolanos.
Era indispensable comenzar a desmontar el aparato militar y de inteligencia al servicio del régimen antes de que asumiera un gobierno democráticamente electo. Dejarlo intacto habría comprometido la capacidad de ese gobierno para ejercer su autoridad desde el primer día. A quienes elijan los venezolanos les corresponderá culminar la reforma y decidir los términos de la cooperación con Washington. El giro anunciado en Miraflores habrá servido a Venezuela si la Fuerza Armada queda, por fin, bajo la autoridad civil que emane del voto.

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