El abogado Mariano de Alba señala que Venezuela paga la defensa del exgobernante y la diputada, pero el interinato se perjudica a sí mismo si pide inmunidad para Maduro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevos cargos contra el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa y diputada Cilia Flores: supuesta conspiración para cometer tortura. Las nuevas acusaciones se relacionan con las denuncias de ex presos políticos estadounidenses sobre las condiciones en las que estuvieron detenidos en Venezuela y que incluyen haber sido víctimas de torturas y tratos crueles e inhumanos.
Tales cargos se suman a los ya impuestos hace nueve meses, en la primera audiencia de la pareja en Nueva York, tras ser detenidos y extraídos de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses, el 3 de enero. Aún está por verse si Maduro y Flores enfrentarán un juicio por los delitos de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína hacia EEUU y tráfico de armas. Según expertos, si no llegan antes a un acuerdo, todo parece indicar que sí se llegará a ese proceso judicial y con altas probabilidades de ser encontrados culpables.
El reciente viaje de la gobernante encargada Delcy Rodríguez a EEUU para reunirse con el presidente Donald Trump e intervenir en la 81 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU)- en la que no menciono a Maduro y a Flores- y las nuevas acusaciones mantienen en el aire las interrogantes sobre si el interinato, avalado por Washington, está haciendo algo para lograr la liberación de la pareja, aparte de someterse a las decisiones de la Casa Blanca.
Gobierno paga defensa y envía a Godoy
“En primer lugar, hay que recordar que el gobierno venezolano está pagando la defensa de ambos a pesar del régimen de sanciones, por lo que el gobierno estadounidense estuvo de acuerdo con que el Estado venezolano financiara la defensa, muy probablemente en una concesión al gobierno de Delcy Rodríguez”, señaló el abogado experto en Derecho Internacional y Diplomacia, Mariano de Alba, en declaraciones a Efecto Cocuyo.
Para de Alba no es casualidad además que la exembajadora de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, Coromoto Godoy haya sido designada en marzo de este año por el interinato como embajadora de Venezuela en la ONU. Destacó que Godoy es una persona “muy cercana” al exgobernante apresado, por lo que a su juicio, es muy probable que coordine muchos asuntos relacionados al juicio y mantenga comunicación con Maduro desde Nueva York.
Recordó igualmente que según documentos del juicio, el gobierno venezolano también estaría dispuesto a pagar el costo de un eventual arresto domiciliario de Flores, el cual fue negado en audiencia este 8 de octubre por “riesgo extremo de fuga”. El juez argumentó precisamente los recursos de los cuales dispone la diputada y que podrían ser empleados para escapar de las autoridades. Está pendiente una apelación.
“Creo que es pronto para hablar de gestiones para una liberación. Posiblemente entre Caracas y Washington se haya conversado, por ahora, es sobre las condiciones de detención. Eso no elimina la posibilidad de que eventualmente, y conforme vaya avanzando la relación entre el gobierno de Rodríguez y el de EEUU, sí se plantee, siempre de manera muy secreta, la posibilidad de llegar a un acuerdo para la liberación o al menos la rebaja de eventuales penas”, dijo de Alba.
El abogado no descarta que deba haber presión interna dentro del chavismo que reclama el “rescate” de Maduro y Flores. Tampoco que la política interfiera como ocurrió con el caso de Alex Saab, durante el gobierno de Joe Biden, pero insistió en que es muy pronto y dependerá del desarrollo del actual proceso político, que de acuerdo con el Departamento de Estado, debería culminar en el retorno de la democracia a Venezuela.
No procede inmunidad
El 2 de octubre, cuatro fiscales del Departamento de Justicia se opusieron a las mociones de desestimación por inmunidad en el primer caso contra Maduro y Flores, por lo que se pidió al juez Alvin Hellerstein desestimar los argumentos de la defensa. El Departamento de Estado reforzó con una declaración oficial que EEUU no reconoce a Maduro como presidente ni a Flores como primera dama desde 2019, cuando apoyó el gobierno interino de Juan Guaido, luego de las “fraudulentas elecciones” de 2018 en las que Maduro fue reelecto.
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