«Guerra doméstica queda, asechanzas dentro, peligro encerrado dentro, enemigo dentro. Contra el lujo, contra la demencia, contra el crimen debemos combatir».
Marco Tulio Cicerón, Segunda Catilinaria, 63 a. C.
El 8 de julio de 1835, durante la Revolución de las Reformas contra el presidente José María Vargas, Francisco Javier Yanes hijo publicó en Caracas una serie de cartas dirigidas a un amigo bajo el título Epístolas Catilinarias sobre el 8 de julio. Las firmó con la inicial «W».
El título remitía a los discursos pronunciados por Marco Tulio Cicerón en Roma, en 63 a. C., contra la conspiración atribuida a Lucio Sergio Catilina, un aristócrata endeudado y derrotado en sus aspiraciones al consulado. Con el tiempo, «catilinaria» pasó a designar un discurso de acusación o censura pública. Yanes, hijo, casi diecinueve siglos después, empleó esa tradición retórica para denunciar ante la opinión pública un complot dirigido, contra un gobierno legítimo.
Durante mucho tiempo se atribuyó el célebre opúsculo a Juan Vicente González. Sin embargo, Manuel Pérez Vila estableció que el verdadero autor fue el hijo del ilustre abogado, periodista, escritor, historiador y firmante del Acta de la Independencia de Venezuela del mismo nombre: «No fue González su autor, sino Francisco Javier Yanes, hijo. A este, pues, se le adjudican ahora las Catilinarias de 1835; lo cual en nada disminuye el interés de ese alegato adverso a los jefes reformistas» (Pérez Vila, 1978, p. 145)
El escrito es un alegato contra los dirigentes de la insurrección y una defensa del gobierno de Vargas. Su interés histórico reside en la defensa contemporánea de la república, el orden constitucional y la autoridad civil frente a la intervención armada en la organización del Estado.
Las notas traen incorporado un antecedente significativo. Transcribió el protocolo de las conferencias sostenidas, entre 1829 y 1830, por los comisionados del Congreso Admirable, encabezados por Antonio José de Sucre, y los representantes del jefe superior de Venezuela, Santiago Mariño.
El Gran Mariscal de Ayacucho propuso que, por un lapso no menor de cuatro años, ningún general en jefe ni otro general que hubiese ocupado altos empleos entre 1820 y 1830 pudiera ejercer la presidencia o vicepresidencia de los nuevos Estados surgidos de la disolución de Colombia. Mariño rechazó la iniciativa. Sostuvo que los nombramientos futuros serían libres y exentos de influjo personal, atendiendo solo a la causa nacional.
Cinco años después, Mariño encabezó la insurrección contra el presidente Vargas. Una evidente contradicción existió entre aquella posición y el levantamiento armado de 1835.
El joven de 29 años situó la revuelta dentro de una tensión prolongada entre la pretensión de imponer fórmulas de poder concentrado y la defensa de principios republicanos. Recordó la insistencia de Simón Bolívar en favor de instituciones que, según su interpretación, la nación no deseaba adoptar. Sintetizó esa pugna en una frase: «Él insistía y la nación porfiaba».
Las Epístolas advirtieron que la revolución armada se había convertido en un recurso frecuente de la vida política venezolana. Allí se describen a sus promotores como hombres que, «habiendo vivido siempre de los empleos y del desorden, aborrecen todo gobierno en cuya administración no pueden influir en beneficio propio».
En el relato sostuvo que el mérito militar no confería un privilegio para gobernar. Su legitimidad derivaba del servicio prestado a la independencia. Los militares verdaderamente vinculados con la patria eran quienes recordaban que «no desenvainaron sus espadas para sostener fueros ni privilegios, sino para defender nuestra independencia, para traer la igualdad adonde antes no se conocía».
Yanes precisó que su crítica no expresaba hostilidad hacia la profesión militar. «No hay tal odio contra la profesión de las armas; ni los hombres ni los pueblos aborrecieron jamás a sus bienhechores». Cuestionó a quienes convertían el prestigio de la guerra en instrumento de presión sobre las instituciones, no a la institución militar en su conjunto.
Los sublevados se llamaron a sí mismos «Cincinatos venezolanos». Término que empleaba en el siglo XIX para elogiar a los generales que volvían a sus fincas tras las revueltas. En su manifiesto reconocieron la supremacía de la ley al afirmar que los militares de 1830 «se dejaron desceñir sus espadas victoriosos, y arrojaron sus laureles a los pies del trono de la ley», dando «al mundo un ejemplo magnánimo de heroísmo cívico».
Al citar estos pasajes con ironía, contrastó aquella declaración con la conducta de los alzados de 1835, para quienes constituía un «sacrificio cruento» someterse al gobierno civil de Vargas. Reprochó, por ello, que se atribuyeran el nombre de «Cincinatos venezolanos» sin merecerlo.
La defensa de Vargas se apoyó en la idea de que el servicio público no se limitaba a las armas. El autor preguntó: «¿Se dice que él fue elevado a la primera magistratura con mengua y baldón de los servidores de la patria, como si a la patria solo se sirva con las armas, y como si las buenas acciones y el saber no sean también justos títulos de engrandecimiento?».
La pregunta recusaba la pretensión de convertir el mérito de guerra en fundamento exclusivo de la autoridad política. Frente a la violencia empleada para alterar las instituciones, sostuvo que ese principio, «explicado a su modo, minaría la existencia de todo gobierno, y autorizaría a cualquier facción para echar abajo instituciones y autoridades».
Citó en apoyo de su argumento al general José Antonio Páez, quien advirtió que Venezuela sería desgraciada «si se reconociese el fatal principio que envuelve el pronunciamiento del día 8». Esta formulación no constituye una teoría democrática acabada. Responde a una coyuntura inmediata y a la defensa de un gobierno constituido.
En su defensa de Vargas incluyó referencias a su gestión pública. Administró las rentas de la Universidad con recursos propios, trajo desde Londres la biblioteca donada por Francisco de Miranda y promovió la Sociedad Médica y la Academia de Matemáticas. En las cartas se destacaron esos servicios frente a la lógica de la fuerza.
En el folleto afirmó que, Vargas «no tiene más prestigio que el de la modesta virtud, que en nuestro país vale poco o nada». También le atribuyó «todas las recomendables cualidades y virtudes» de «un hombre esclarecido y elegido casi unánimemente por la nación».
Vargas había sido el único diputado que, en 1829, pidió incorporar la libertad de imprenta entre las instrucciones dirigidas al Congreso Constituyente. Yanes resumió su posición mediante una fórmula directa: «Todos confiesan que el Dr. Vargas tiene saber, virtudes y aptitud». Que eran las cualidades que debía buscar «un pueblo culto para la elección de sus representantes».
En las Epístolas denunció la distancia entre las declaraciones legalistas de los insurgentes y sus actos. Aunque estos aseguraron que la Constitución y las leyes permanecerían vigentes, destituyeron al gobernador, suprimieron el Consejo de Gobierno, depusieron y arrestaron al comandante de armas, y desterraron a un escritor sin juicio ni sentencia. Afirmó que el gobierno civil no consistía solo en que un civil ejerciera la presidencia. Suponía el imperio de la Constitución, la discusión pública y el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones sin imposición armada.
También documentó las consecuencias del levantamiento en Caracas. Partidas de tropa recorrieron las calles para disolver reuniones de ciudadanos pacíficos y desarmados que trataban de conocer lo ocurrido. Una población que se había acostado bajo «la sombra de un gobierno protector» despertó, a merced de un jefe armado que disponía libremente de la fuerza.
Atribuyó la causa de la rebelión no a las reformas anunciadas por sus promotores, sino a intereses particulares. Escribió que, en ambos bandos, «la verdadera causa» era «la ambición de empleos, el horror al trabajo, la comodidad de la holgazanería», sostenida por la esperanza de impunidad en caso de fracaso.
También denunció que algunos hombres escogían «el medio de vivir de empleos, y de lucrar a costa del hombre honrado y laborioso» mediante la revolución, convertida así en «el modo de vivir más conocido en nuestro país». Describió ascensos militares sin mérito, oficiales incorporados a sueldo completo sin servicio efectivo y el saqueo de cerca de cuarenta mil pesos del tesoro público durante la ocupación de Caracas.
«Ningún país del mundo ha pagado con más profusión los servicios que se le han hecho, que el nuestro», afirmó. La corrupción y la disipación, según su interpretación, habían llevado a algunos a buscar salida «haciendo revoluciones a costa del propietario honrado».
En su mensaje resumió los elementos de la revuelta en «la fuerza, el pillaje, la traición, el crimen» y concluyó que «la corrupción es la madre de nuestros trastornos». En esa perspectiva, la insurrección respondía al interés particular antes que a una demanda institucional genuina.
Las Epístolas asociaron el orden civil con una dimensión económica y moral. Venezuela había recibido a los antiguos militares con la expectativa de que contribuyeran a consolidar el gobierno «de un modo legítimo y decoroso» y abandonaran «la fatal costumbre de vivir de las rentas públicas» para consagrarse al trabajo, «único resorte de prosperidad».
Esa visión vinculaba la estabilidad institucional con el trabajo productivo, el respeto a la propiedad y la responsabilidad individual. Expresaba el ideario de sectores civiles propietarios e ilustrados de la década de 1830, con las limitaciones sociales y políticas propias de ese origen.
El civilismo de las Epístolas Catilinarias no se reducía a una oposición elemental entre civiles y militares. Defendía la subordinación de la fuerza armada a la Constitución, la primacía de la ley sobre el pronunciamiento y la necesidad de interrumpir el ciclo de los alzamientos. Propuso el trabajo, la propiedad y la responsabilidad individual como fundamentos del orden republicano.
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