El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández advirtió este lunes 31 de agosto que la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos aporta nuevos detalles, pero también deja abiertas interrogantes sobre su alcance jurídico y las condiciones bajo las cuales será implementado.
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“La hoja informativa sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y EE. UU. aclara algunos detalles, pero plantea preguntas. Siguen existiendo lagunas que deben abordarse cuando se implemente el acuerdo. Aquí hay algunos comentarios legales preliminares”, señaló Hernández en X.
Uno de los principales cuestionamientos del jurista está relacionado con la figura utilizada para entregar a North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del bolichico Alejandro Betancourt, derechos sobre 17 campos petroleros. La Casa Blanca sostiene que el régimen de Delcy Rodríguez entregó concesiones por 100 años, mientras que Hernández considera que esta modalidad debe ser aclarada frente al marco legal venezolano. “Según la Hoja de Datos, las autoridades interinas venezolanas han otorgado a NABEP ‘concesiones por 100 años para 17 campos petroleros’. Pero la ley venezolana no permite concesiones. Solo permite contratos de servicio específicos (CPP), limitados a 25 años. Esto debe aclararse”.
Asimismo, Hernández puso bajo la lupa el papel de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el esquema mediante el cual se permitirá la participación privada. “Parece que PDVSA no forma parte del acuerdo. Sin embargo, según la ley venezolana, los inversores privados solo pueden actuar como contratistas de las afiliadas y empresas mixtas de PDVSA (una limitación que debería ser derogada). En cualquier caso, PDVSA necesita ser reorganizada tras su colapso”.
Otro punto señalado por el abogado es el derecho concedido a Estados Unidos para adquirir a costo de producción 20% del petróleo generado por los campos operados por NABEP. “Pero bajo la ley venezolana, vender petróleo al costo no está permitido porque socavaría los ingresos fiscales (a menos que la parte privada asuma las pérdidas)”, sostuvo.
Hernández también cuestionó la concentración de los 17 campos en una sola empresa y sus posibles implicaciones constitucionales. “La adjudicación de 17 campos a una sola empresa —NABEP— crea una especie de administración petrolera paralela, lo cual podría socavar los artículos 302 y 303 de la Constitución venezolana. Este acuerdo extraordinario requiere una consulta y una supervisión democráticas y transparentes en Venezuela”.
Finalmente, el abogado centró sus críticas en la legitimidad de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela en la ejecución del pacto y en las condiciones necesarias para atraer inversiones sostenibles. “Tal como reconoce la ficha informativa, el actual gobierno venezolano se basa en autoridades interinas que no emanan de elecciones libres y justas. Un acuerdo petrolero de esta magnitud no debería ser implementado por autoridades interinas o provisionales, ya que compromete a las generaciones futuras”. La Casa Blanca, por su parte, reconoce en su documento que el acuerdo forma parte de un proceso más amplio de estabilización, reconstrucción y transición democrática en Venezuela.
Hernández cerró su análisis con una advertencia sobre la relación entre inversión privada y seguridad jurídica: “Como concluye la Hoja de Datos, ‘el crecimiento liderado por el sector privado en la producción, la salida y la inversión en Venezuela es una condición clave previa para impulsar la reforma continua y la transición democrática’. Pero la inversión privada requiere restaurar el estado de derecho, que sigue siendo un tema pendiente”.
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