Este viernes ha traído un puñado de buenas noticias para decenas de presos políticos venezolanos que han vuelto a abrazar a sus familias. El Gobierno anunció 131 excarcelaciones a través de un comunicado difundido por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela; que poco a poco han sido verificadas por varias organizaciones defensoras de los detenidos. Una de ellas, Foro Penal, confirmaba 64 liberaciones hasta las 19.30, y pidió a los familiares “paciencia para la difusión de información verificada y completa” mientras avanzan en el monitoreo a la salida de los centros de reclusión del país.
Estas liberaciones llegan dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición, y de cuyo primer acuerdo había quedado fuera la libertad de más de 300 presos políticos. El exdiputado Ramón López, quien forma parte de la delegación opositora del proceso, declaró que, si bien la libertad de los presos políticos no fue un punto de la agenda ni del acuerdo suscrito, sí fue una exigencia desde el inicio de las conversaciones. “No puede haber diálogo nacional si no hay liberación plena de todos los presos políticos. Y hoy salen 131. Nuestro trabajo tiene que estar enfocado en que salgan todos (…) No puede ser una moneda de canje los presos políticos para avanzar en otros temas, debe ser un tema medular”, expresó en entrevista con la cadena Venevisión.
Las liberaciones de este viernes incluyen casos de personas vinculadas a procesos como el llamado Caso Dron y la Operación Gedeón. EL PAÍS detalla a continuación los casos más emblemáticos dentro del grupo de liberados.
Emirlendris Benítez
Es una de las presas políticas más sonadas de Venezuela. Comerciante y madre, fue detenida el 5 de agosto de 2018 cuando se trasladaba en un taxi junto a su pareja, en el marco de la investigación por el supuesto atentado con drones contra Nicolás Maduro ocurrido ese año. Las autoridades la acusaron de terrorismo, conspiración y otros delitos vinculados con el caso, acusaciones que ella siempre negó. En 2022 fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima contemplada por la legislación venezolana.
Su caso adquirió especial gravedad por las denuncias de tortura durante su detención. Organizaciones de derechos humanos documentaron que Benítez fue sometida a abusos físicos mientras estaba embarazada, perdió al bebé y posteriormente quedó con graves secuelas físicas que afectaron su movilidad. Su caso fue expuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y el Parlamento Europeo. Amnistía Internacional denunció que durante años tuvo dificultades para acceder a atención médica adecuada. Este viernes, ocho años después de ser detenida, salió de prisión en silla de ruedas. Su libertad constituye una de las liberaciones de mayor carga simbólica de la jornada.
María Auxiliadora Delgado Tabosky
La empresaria venezolana con nacionalidad española María Auxiliadora Delgado Tabosky fue detenida el 19 de marzo de 2019 junto con su esposo, el militar retirado Juan Carlos Marrufo Capozzi, con nacionalidad italiana. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), allanaron su casa en la ciudad de Valencia (Estado Carabobo) y acto seguido los detuvieron al este de Caracas. Las autoridades los acusaron de financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y vínculos con el supuesto atentado contra Nicolás Maduro de agosto de 2018.
Su caso es especialmente llamativo porque, pocos meses después de su arresto, la propia Fiscalía no encontró elementos suficientes que justificaran mantenerla detenida. Un tribunal ordenó su excarcelación en junio de 2019, pero la orden no fue cumplida durante meses. Finalmente, salió de prisión el 2 de octubre de 2019, pero apenas unas horas después fue nuevamente detenida por agentes de las FAES.
En diciembre de 2022, después de permanecer encarcelada durante casi cuatro años, fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, por terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Organismos internacionales cuestionaron la naturaleza arbitraria de su encarcelamiento. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria pidió su liberación al considerar su caso parte de un patrón de privaciones arbitrarias de libertad en Venezuela.
Su historia también tiene un componente de castigo por vínculos familiares: su hermano, Osman Delgado Tabosky, fue señalado por el Gobierno como supuesto financista del atentado de 2018 y se encontraba fuera del país. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que María Auxiliadora fue perseguida por su relación familiar con él.
Yolimar Alemán
Yolimar Alemán fue detenida el 21 de abril de 2020, junto con su hermana Andreína, durante una operación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Ambas fueron vinculadas al llamado caso Gedeón, relacionado con la fallida incursión armada de mayo de 2020 contra el Gobierno venezolano. Su detención se produjo en el Estado Carabobo y posteriormente las hermanas fueron trasladadas a la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas.
El caso de Alemán tiene además una dimensión familiar y militar. Es hermana del teniente de la Guardia Nacional Richard Alemán Castellanos y esposa del capitán Erickson Alexander Chaya Barroeta, ambos condenados en el mismo proceso. Las autoridades atribuyeron a los integrantes del grupo delitos como traición a la patria, rebelión, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
En mayo de 2021, una jueza dictó medidas sustitutivas para las hermanas Alemán, pero esa decisión fue posteriormente revocada. En mayo de 2024, Yolimar fue sentenciada dentro del proceso.
Su historia representa especialmente a los presos vinculados a las causas abiertas por la Operación Gedeón.
Daniel Zambrano
Daniel Zambrano, originario del estado Táchira, tenía alrededor de 30 años cuando fue excarcelado este viernes 14 de agosto. Había permanecido detenido desde el 28 de mayo de 2022, por lo que llevaba más de cuatro años privado de libertad. Su nombre se convirtió en un caso particularmente sensible para las organizaciones de derechos humanos por la situación de su familia y, especialmente, por la detención de su hermano Juan Nahir Zambrano, excarcelado el 9 de marzo de 2026.
La pesadilla comenzó cuando Juan Nahir, una persona dentro del espectro autista, fue engañado por funcionarios de la DGCIM con la promesa de reincorporarlo a la Guardia Nacional Bolivariana. Tras ser trasladado fuera del Táchira, permaneció incomunicado y bajo coerción. Su hermano Daniel salió a buscarlo y terminó detenido por agentes encapuchados que irrumpieron en la casa familiar. Ambos fueron acusados de supuesta conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro y terminaron compartiendo el mismo expediente judicial.
La liberación de Daniel permite ahora el reencuentro de los hermanos, aunque su madre, Luz Arias, ha reclamado que las autoridades eliminen las medidas cautelares que todavía pesan sobre ellos. Según consta en algunas boletas de excarcelaciones que les han sido entregadas a los liberados este viernes, se les impone una “medida cautelar sustitutiva de libertad” que los obliga a presentarse en tribunales cada 30 días y permanecer en el país. Aún no son realmente libres.
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