La secuencia desarrollada en estos editoriales desemboca ahora en una conclusión inevitable. El primero mostró que, vencido el plazo constitucional de ciento ochenta días, Venezuela quedó ante un vacío de legitimidad que no podía llenarse con improvisaciones. El segundo sostuvo que ese vacío solo podía encauzarse a través de la Asamblea Nacional elegida en 2015, único órgano de origen democrático cuya legitimidad continúa siendo reconocida por las principales democracias. El tercero explicó el marco constitucional de una transición ordenada conforme a los artículos 233 y 234, y la existencia de dos relojes que avanzan a distinta velocidad: el de la diplomacia y el del deterioro social. El cuarto demostró que esa misma ruta ofrecía también la salida más razonable para Estados Unidos, al evitar tanto la parálisis como una negociación meramente transaccional.
Lo ocurrido el 14 de julio no rompe esa lógica; por el contrario, parece indicar que ese camino comienza a abrirse. Los comunicados emitidos por la Asamblea oficialista y por la Asamblea Nacional de 2015 sugieren un reconocimiento, todavía incipiente, de que la reconstrucción del país exige un cauce institucional y no solo decisiones dictadas por la fuerza o la conveniencia. El primero de agosto, fecha anunciada para el inicio de esa mesa de trabajo conjunta, mostrará si ese reconocimiento empieza a transformarse en un verdadero mecanismo de transición o queda reducido a una declaración de intenciones.
Pero un acuerdo político, por importante que sea, no reconstruye un país. El acuerdo es la condición necesaria; el mecanismo institucional es la condición suficiente. Venezuela necesita ahora un Consejo de Reconstrucción y Normalización Institucional: un órgano temporal, legítimo, independiente y de reconocida competencia, encargado de conducir la reconstrucción nacional, restablecer la institucionalidad mediante la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral, administrar con transparencia los recursos destinados a la recuperación y convocar una elección presidencial libre, competitiva y verificable.
Ese será, probablemente, el verdadero punto de inflexión. Porque los acuerdos solo cambian la historia cuando se convierten en instituciones. Lo que determinará el éxito o el fracaso de esta oportunidad no será la firma de un entendimiento, sino la capacidad de transformarlo en una arquitectura institucional que devuelva a Venezuela la legitimidad, la confianza y el futuro.
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