Ante apagones que restan hasta 42 % de operatividad, según cálculos de la Cámara de Comercio de Valencia, el sector privado de Carabobo impulsa un plan que propone liberar encaje bancario para financiar equipos energéticos. Paralelamente, empresas extranjeras negocian con el Gobierno para reactivar el sistema eléctrico regional.
Valencia. Los apagones han dejado de ser una molestia ocasional en Carabobo para convertirse en una sombra diaria sobre la vida y el trabajo de miles de personas. En una región donde comercios e industrias intentan sostenerse entre cortes de luz y plantas eléctricas, el sector privado busca fórmulas urgentes para no seguir perdiendo terreno.
Aunque el 5 de junio pasado se reactivó la máquina 3 (150 MW) de la Termoeléctrica Carabobo, la mejora ha sido insuficiente. Los carabobeños aún padecen extensas jornadas sin electricidad, lo que evidencia que la solución sigue siendo incompleta.
La reincorporación de esta unidad buscaba reforzar la generación eléctrica disponible para la región, aunque los cortes de energía continúan formando parte de la cotidianidad de numerosos sectores del estado.
Sin respuestas claras ni acciones rápidas, Ernesto Abbas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, reclama soluciones urgentes a un problema que afecta el desempeño financiero del sector.
Y no le falta razón: los restaurantes pierden víveres, los comercios ven inutilizados sus sistemas de pago, las fábricas detienen su operación y, mientras tanto, nadie presenta opciones viables que frenen el desastre.
Frente al crítico panorama eléctrico, el sector privado ha tomado la delantera y está poniendo en marcha proyectos propios para aminorar el golpe de los cortes sobre el comercio, la industria y los servicios.
Financiamiento como salida temporal
Abbas lideró la creación del plan “Luz para el Comercio”, el cual ya fue entregado formalmente a la Gobernación de Carabobo y a la Secretaría de Economía Productiva, y desde allí elevado al Ejecutivo nacional para su consideración.
La propuesta busca liberar dos puntos del encaje legal bancario, una medida que flexibilizaría los recursos de la banca, para crear un fondo especial, destinado exclusivamente a financiar sistemas alternativos de energía para pequeños y medianos comercios.
Hasta la fecha no se han dado a conocer detalles sobre la instancia que administraría ese eventual fondo, los criterios de selección de beneficiarios ni las condiciones bajo las cuales serían otorgados los financiamientos.
La cifra no es menor. Según los cálculos presentados por la organización empresarial, esos dos puntos representarían aproximadamente 26 millones de dólares que podrían utilizarse para otorgar financiamiento a comerciantes interesados en adquirir inversores, baterías, plantas eléctricas o incluso sistemas solares.
“No estamos hablando de resolver el problema eléctrico nacional. Estamos hablando de darle herramientas al comerciante para que pueda seguir trabajando”,
explicó Abbas.
El razonamiento que sustenta la iniciativa, tan pragmático como urgente, es sencillo: reparar de raíz el sistema eléctrico exige inversiones millonarias y un horizonte de varios años; los comercios, mientras tanto, requieren soluciones rápidas que les permitan recuperar la continuidad productiva.
Las horas perdidas de la economía
La preocupación, como bien lo expresa el gremio, tiene fundamentos concretos. De acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio de Valencia, un negocio que opera entre las siete de la mañana y las nueve de la noche, es decir, durante catorce horas diarias, puede perder entre 35 % y 42 % de su capacidad operativa cuando enfrenta apagones prolongados.
Cada apagón, por breve que parezca, implica ventas perdidas que difícilmente pueden recuperarse. Si un comerciante enfrenta, por ejemplo, cuatro horas sin electricidad durante cuatro días a la semana, acumula, en términos prácticos, aproximadamente 64 horas sin servicio cada mes, equivalentes, ni más ni menos, a casi tres días completos de actividad económica.
Dentro de la propuesta gremial, los inversores de corriente, es decir, equipos que convierten la energía de baterías en electricidad utilizable para aparatos convencionales, aparecen como la opción más accesible para pequeños establecimientos.
Abbas señaló que un sistema valorado, según estimaciones del mercado, en aproximadamente 3000 dólares puede mantener operativos, en locales de hasta 100 metros cuadrados, equipos básicos como computadoras, cajas registradoras y sistemas de facturación.
Con los recursos contemplados en el proyecto, hasta 8600 comercios podrían acceder al financiamiento. “No te estoy hablando solo de los de Valencia, hablo a nivel nacional”.
Riesgo operativo
La iniciativa, más allá de los inversores de corriente, también contempla la posibilidad de adquirir paneles solares y otras tecnologías de respaldo energético.
La propuesta, cabe destacar, llega en un momento en el que cada vez más empresarios, conscientes de la fragilidad del sistema, entienden que depender exclusivamente de la red eléctrica nacional representa, hoy por hoy, un riesgo operativo de primera magnitud.
Aunque el gobernador Rafael Lacava, según lo confirmó el propio gremio, conoce el proyecto y se comprometió a llevarlo a Miraflores, pero las semanas han pasado sin que haya respuestas por parte de las autoridades. En cambio, sí las ha habido, y con creces, desde el sector privado.
Hasta la fecha, tampoco se conoce una posición pública sobre la propuesta por parte de los organismos nacionales con competencia, ya sea en materia financiera o eléctrica.
Créditos para resistir los apagones
Informantes dentro de la Cámara de Comercio confirmaron a Crónica Uno que al menos tres empresas han participado en las negociaciones para ampliar la oferta crediticia: dos de ellas pertenecen al sector bancario, como son Sofitasa y Banco Nacional de Crédito (BNC); la tercera es el gigante de las telecomunicaciones, Fibex.
El BNC sostuvo una reunión con la directiva de la Cámara de Comercio de Valencia el pasado martes 9 de junio, con el fin de presentar una propuesta mediante la cual podría ofrecer créditos de hasta 25.000 dólares.
Los representantes bancarios precisaron que la oferta está dirigida únicamente a aquellos miembros de la Cámara que mantengan vínculos previos o activos con la entidad financiera.
De concretarse esta iniciativa, se estima que unas 350 empresas podrían quedar en condiciones de acceder al crédito. Sin duda, es un avance significativo, pero aún quedarían muchos comercios por cubrir dentro del universo total de asociados.
Sector empresarial busca alivios
En el otro lado del tablero, Fedecámaras Carabobo tampoco ha permanecido con los brazos cruzados. Sus directivos, quienes también conocen de primera mano el programa “Luz para el Comercio”, no dudaron en manifestar su intención de subirse a las propuestas en desarrollo.
Para su presidente, Jorge Aroca, el financiamiento representa, en realidad, una pieza más, necesaria, pero insuficiente, dentro de un conjunto mucho más extenso de medidas que exige la crisis eléctrica que atraviesa el país.
Por ello ha planteado la exoneración temporal de impuestos aplicable a equipos eléctricos alternativos, como plantas de generación e inversores. Expuso que, en la actualidad, estos dispositivos cargan con IVA, aranceles y gravámenes adicionales que, encima, terminan encareciendo notablemente su costo final.
La propuesta contempla, además, la eliminación provisional de ciertos requisitos de importación y la flexibilización de los códigos arancelarios, con el propósito de allanar el camino para que estos productos lleguen con mayor fluidez al territorio nacional. Pero la iniciativa, reconoció Aroca, aún está pendiente de ser presentada como una propuesta formal ante los entes que regulan la política tributaria y aduanera del país.
El dirigente subrayó que, puesto que la mayoría de estos equipos procede de Asia y sus plazos de entrega rondan los tres meses, cualquier alivio fiscal, para ser efectivo, tendría que mantenerse al menos medio año en vigor.
“Un comercio cerrado no produce dinero. Y un comercio sin electricidad termina cerrando”, advirtió.
El costo de generar electricidad propia
La crisis eléctrica también tiene una dimensión, quizás menos visible, pero igual de devastadora. Fedecámaras estima que un comerciante que cuenta con planta eléctrica propia puede gastar alrededor de 1.500 dólares mensuales entre combustible, mantenimiento y reparaciones.
Paradójicamente, contar con una solución energética alternativa también implica costos que, a la larga, terminan por mermar la rentabilidad del negocio. A ello se suman las fluctuaciones de voltaje, que han comenzado a dañar equipos electrónicos, sistemas de refrigeración y maquinaria industrial con una frecuencia cada vez mayor.
Los empresarios aseguraron que muchos negocios ya no solo enfrentan pérdidas por las horas sin servicio, sino también por la necesidad constante de reparar o sustituir equipos que han sido afectados por las variaciones eléctricas.
Esta situación ha llevado a numerosos establecimientos a incorporar los costos energéticos dentro de su planificación operativa, un gasto fijo más, en un contexto en el que las interrupciones y las fluctuaciones de voltaje siguen representando un factor de incertidumbre permanente para la actividad económica.
Por eso, las iniciativas planteadas tanto por la Cámara de Comercio de Valencia como por Fedecámaras Carabobo buscan algo más que mantener encendidas las luces de los negocios: intentan, en el fondo, evitar que la crisis energética termine apagando también la actividad económica de una región que, históricamente, ha sido uno de los motores productivos más importantes de Venezuela.
Y mientras tanto, entre apagones, plantas eléctricas e inversores, Carabobo intenta construir respuestas propias frente a una emergencia que, por ahora, parece lejos de terminar.
Exoneraciones como respuesta parcial
Hasta ahora, las respuestas del gobierno regional se han limitado exclusivamente al terreno presupuestario. El gobernador Lacava solicitó a los 14 alcaldes de la entidad una exoneración temporal del 30 % sobre el Impuesto de Actividades Económicas, dirigida a pequeñas y medianas empresas, con el fin de compensar, aunque sea parcialmente, las pérdidas derivadas de los cortes eléctricos.
La medida, de duración inicial de 60 días, cubriría dos períodos de declaración tributaria consecutivos. Lacava enfatizó en que no se trata de un beneficio generalizado para todos los contribuyentes, sino de una ayuda focalizada, concebida para los sectores económicamente más vulnerables.
La apuesta de fondo es que los municipios asuman una parte del impacto financiero que deja la crisis eléctrica y, así, otorguen un respiro a los comerciantes mientras el sistema energético logra estabilizarse o, al menos, recuperar un mínimo de confiabilidad.
Quien primero materializó la propuesta fue la Alcaldía de Valencia: su alcaldesa, Dina Castillo, oficializó el Decreto DA-0015-2026, que exonera el 30 % del anticipo del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente a abril y mayo.
Le siguió Naguanagua, cuyo anuncio llegó poco después: la alcaldesa Elizabeth Niño confirmó una exoneración parcial idéntica, también de 30 %, para pequeñas y medianas empresas, aplicable durante mayo y junio.
En el extremo opuesto, el alcalde de San Diego, León Jurado, manifestó su disposición a acatar la medida, pero sin ocultar su escepticismo. A su criterio la disposición, no atiende la solución real que su municipio requiere, máxime cuando precisamente San Diego sufrió cinco días completos sin servicio tras el daño causado por una centella en un transformador de la subestación Montemayor.
El trasfondo es que la solución definitiva sigue sin aparecer. No obstante, los carabobeños observan con una mezcla de esperanza y ansiedad las negociaciones que involucran a empresas extranjeras , gestiones que, si prosperan, podrían reactivar el sistema eléctrico y, con ello, poner fin, quizás definitivo, a la pesadilla energética que arrastra el país.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario