El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió el viernes la decisión del gobierno de Trump de imponer nuevas sanciones a Cuba, la mayor de las cuales va dirigida contra GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), un conglomerado empresarial operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas.
Además de GAESA y su líder, las sanciones anunciadas el jueves incluyeron a Moa Nickel, una empresa conjunta cubana con la canadiense Sherritt International, que inmediatamente anunció su retirada del negocio, poniendo fin a 32 años de presencia en la isla.
“No solo se les puede congelar sus activos, sino también sus cuentas en Estados Unidos, así como sus viajes al país, los de sus accionistas, inversionistas o empleados”, afirmó Schlenker. Esto tendrá, sin duda, un impacto sumamente significativo en la presencia de empresas extranjeras en Cuba.
El economista Pavel Vidal, experto en Cuba de la Pontificia Universidad Javeriana, declaró a The Associated Press que las medidas son “muy preocupantes” para una economía que ya se encuentra “prácticamente paralizada”. Estados Unidos ha bloqueado los envíos de combustible a Cuba desde enero, lo que ha agravado aún más la crisis económica que la isla arrastra desde hace años. Vidal señaló que las nuevas sanciones probablemente disuadirán a los socios restantes de GAESA, afirmando que “muy pocos se arriesgarán a desafiarlas”.
Las nuevas medidas equivalen a un “aislamiento total”, afirmó Vidal, impulsadas por el temor que generan en bancos, aseguradoras y corporaciones internacionales.
Como experto que ha analizado documentos internos de GAESA, Vidal destacó que la profunda influencia del conglomerado en casi todos los sectores de la economía cubana convierte cualquier vínculo con la isla en una posible responsabilidad bajo las nuevas normas estadounidenses.
Según informes analizados por Vidal, GAESA controla casi el 40% del producto interno bruto de Cuba. A principios de 2024, el conglomerado contaba con 14.500 millones de dólares en reservas líquidas, y sus ingresos anuales triplicaban el tamaño de todo el presupuesto estatal cubano.
Lazos familiares con los Castro
Creada en la década de 1990 bajo control militar, GAESA fue la respuesta estratégica de las Fuerzas Armadas cubanas al colapso económico que siguió a la caída de la Unión Soviética y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses vigentes en ese momento.
A pesar de ser estatal, las cuentas de GAESA están exentas de auditorías por parte de la Contraloría General de la República. Gladys Bejerano, directora de la entidad, admitió esta falta de supervisión en una entrevista de 2024; poco después, se jubiló.
Durante años, hasta su fallecimiento en julio de 2022, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja fue gerente general de GAESA. Como yerno de Raúl Castro, fue un pilar de la familia, un legado que continuó su hijo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Si bien el joven Castro funge oficialmente como jefe de la guardia personal de su abuelo, recientemente se ha convertido en un intermediario clave en delicadas negociaciones con Estados Unidos.
Las sanciones de esta semana también incluyeron a Ania Guillermina Lastres en la lista negra estadounidense. Como sucesora de López-Calleja, actualmente se desempeña como presidenta ejecutiva de GAESA, supervisando los vastos intereses financieros internacionales del conglomerado.
Según la escasa información disponible, GAESA supervisa decenas de establecimientos minoristas —que venden desde alimentos y ropa hasta electrodomésticos—, así como una extensa red de servicios que incluye alquiler de autos y agencias de viajes. Cabe destacar que también administra las instituciones financieras cubanas, las casas de cambio y la administración de los principales hoteles del país.
En declaraciones a la prensa el viernes, Rubio afirmó que las sanciones no iban dirigidas al pueblo cubano y se refirió a GAESA como una empresa que “se apropia de todo lo que genera dinero en Cuba y lo deposita ilegalmente en los bolsillos de unos pocos allegados al régimen”.
Las autoridades cubanas sostienen que las sanciones constituyen un “castigo colectivo” diseñado para estrangular la economía de la isla, argumentando que las políticas del gobierno de Trump demuestran un desprecio por el bienestar del pueblo cubano en favor de la presión política.
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