Tras semanas de especulaciones, este lunes se han formalizado las jubilaciones y las renuncias de 10 magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Sus cargos serán ocupados por suplentes mientras la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, ya ha iniciado el proceso legislativo para nombrar a los nuevos jueces del máximo tribunal del país.
El Supremo seguirá, de momento presidido por Caryslia Rodríguez, que también dirige la Sala Electoral. La misma presidenta que, en plenas protestas por los indicios de fraude en las elecciones de 2024, validó la victoria de Nicolás Maduro mientras se desataba la represión.
La renovación de tantos magistrados a la vez está orientada a eliminar la influencia que tenían Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sobre los tribunales y los poderes públicos locales. El anuncio es una de las patas de la política de renovación institucional que está llevando a cabo el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, en el que fueron capturados Maduro y Flores.
Por la vía de la jubilación, quedan relevados de sus cargos Edgar Gavidia, primer vicepresidente del TSJ y pariente de Cilia Flores, que será sustituido por Elías Bittar hasta que se nombre al titular. También salieron Luis Damiani y Maikel Moreno —amigo de Flores y expresidente del TSJ—, así como Henri Timaure, Carmen Alves y Elsa Gómez, de la Sala de Casación Civil, y Juan Carlos Hidalgo y Malaquías Gil, ambos de la Sala Político Administrativa.
Además de los diez cargos que se liberan, hay otras vacantes acumuladas que también deben ser cubiertas. Una de ellas es la de Carlos Alexis Castillo, a quien la presidenta encargada sumó el mes pasado a su gabinete como ministro de Trabajo. Desde 2024 hay también dos huecos en la Sala Constitucional por nombramientos de magistrados como embajadores: el de Gladys Gutiérrez, enviada a Madrid ese año y luego jubilada, y el de Calixto Ortega, quien apenas tres meses después de ser reelegido como magistrado por la Asamblea Nacional chavista fue nombrado representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional en 2020, cargo que dejó en 2024 sin reincorporarse al tribunal.
A esas vacantes se suma la de Bárbara César Siera, que dejó su plaza ese mismo año sin mayores explicaciones, pese a llevar una década en el cargo. El TSJ declaró su “falta absoluta” e incorporó al suplente tras la detención de dos de sus hermanos, ambos militares señalados de conspiración, según un reporte de Transparencia Venezuela.
El nombramiento de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia no ha generado ninguna expectativa de renovación institucional real ni necesariamente abre la puerta a imaginar una transición democrática. Se especula con que los nuevos jueces estarán más alineados que nunca con el estilo y los objetivos de Delcy Rodríguez, comprometidos con la continuidad del proyecto revolucionario en el poder. El patrón ya se vio con los nombramientos de Larry Devoe en la Fiscalía y Eglée González Lobato en la Defensoría del Pueblo, designaciones en las que el criterio de independencia tampoco prevaleció, nombrados durante un proceso en el que no ha prevalecido el criterio de la independencia.
Para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que canalizará las candidaturas en la Asamblea Nacional, se han registrado 94 personas hasta el cierre de la convocatoria la semana pasada. El cuerpo estará integrado por 11 diputados y 10 representantes de los sectores de la sociedad civil. De los aspirantes, según la ley, se revisarán las credenciales académicas, trayectoria profesional y la ausencia de antecedentes penales o sanciones administrativas.
Como máximo tribunal del país, el TSJ fue una pieza clave para neutralizar los intentos de la oposición de llegar al poder por la vía electoral. En 2017, una sentencia dejó sin funciones constitucionales a la Asamblea Nacional elegida el año anterior, donde la oposición tenía mayoría tras una victoria aplastante, bajo el argumento de que el parlamento estaba “en desacato constitucional” por sus enfrentamientos con Maduro.
Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, el tribunal volvió a ponerse al servicio del régimen cuando la oposición denunció fraude. La Sala Electoral organizó entonces un acto protocolar en cadena nacional en el que unos supuestos “técnicos” autenticaron las actas y dieron por válida la discutida victoria de Nicolás Maduro, ignorando las actas alternativas que la oposición decía tener en su poder. Todo ello mientras el régimen desplegaba una feroz represión contra activistas opositores.
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