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Pedro González Caro 23.04.26
La legalidad como máscara de la desjusticia
En el ecosistema político contemporáneo hemos comenzado a observar un fenómeno que va más allá de la simple injusticia. Mientras que la injusticia es un error o una desviación de un sistema que debería funcionar, nos enfrentamos hoy a la desjusticia: la inexistencia misma de un sistema institucional, sustituida por un simulacro de formas legales. En este escenario, la «legalidad» deja de ser un marco de convivencia para convertirse en una tecnología de ocultamiento.
Para el ciudadano, reconocer la verdad se vuelve un acto de resistencia. Cuando se intenta investir de «legalidad» a figuras como la de una presidencia encargada en contextos de opacidad y restricción, lo que se busca es forzar un reconocimiento formal sin pasar por el filtro de la validación ética. Aquí, la legalidad es una cáscara vacía, un decreto que no emana de la justicia, sino de la fuerza de una narrativa construida para manipular y torcer la realidad. Como advertía Platón en La República, cuando los gobernantes pierden de vista el bien, que es la verdad en acción, la ley se convierte en un instrumento de sombras. En esta caverna de la acedia comunicacional, las «verdades» manipuladas son proyecciones diseñadas para que el ciudadano, encadenado por la desinformación y la censura, confunda el eco de la norma con la voz de la autoridad real.
El derecho a la verdad: Cimiento de la legitimidad
Es aquí donde debemos trazar una línea divisoria: la legalidad es un procedimiento, pero la legitimidad es un vínculo. No existe legitimidad sin la libre adhesión de la voluntad ciudadana, y no puede haber voluntad libre allí donde la realidad ha sido sistemáticamente distorsionada.
Hannah Arendt planteaba que la política requiere un «mundo común», un espacio público donde los hechos sean aceptados como verdades compartidas. Cuando un sistema utiliza la censura o la restricción de información para sostener una investidura, está destruyendo ese mundo común. Para Arendt, la legitimidad nace del «actuar de concierto», pero nadie puede actuar en conjunto si no sabe sobre qué terreno pisa. Si el ciudadano recibe una narrativa construida para distorsionar la realidad, es decir una “verdad” fabricada, su consentimiento está viciado de origen. En consecuencia, una gestión puede ostentar los sellos de la legalidad burocrática, pero carecerá siempre de la auctoritas que solo otorga la transparencia y la verdad fáctica.
La validación electoral: El remedio contra el vacío
La legitimidad no es un estado estático que se adquiere por herencia administrativa o por la simple ocupación de un despacho; es un flujo que debe renovarse mediante la verificación ciudadana. En este sentido, la necesidad de validar una presidencia mediante la convocatoria de elecciones creíbles, limpias y transparentes no es una simple meta política, sino una exigencia de la verdad misma. Esta verdad constituye la base insustituible sobre la cual se yerguen la democracia y la soberanía; pues allí donde la realidad es secuestrada por la narrativa del poder, el ciudadano pierde su capacidad de decidir y, con ella, su condición de soberano. No hay soberanía posible en el engaño, porque solo la verdad permite que el mandato popular sea un acto de libertad y no el producto de una inducción al error.
Si definimos la desjusticia como la inexistencia de un sistema que garantice lo justo, la elección transparente es la herramienta de reconstrucción de ese sistema. Una votación viciada o sin garantías es, en términos “arendtianos”, una nueva «verdad fabricada» que solo profundiza el abismo. Por el contrario, un proceso electoral con integridad, como el que nos plantea Pippa Norris en su proyecto de Integridad Electoral, es cuando el ciudadano deja de ser espectador de una narrativa ajena para convertirse en el autor de su propia realidad política y constructor de su propia democracia. El voto libre, informado por la verdad de los hechos y no por la distorsión de la propaganda, es el único mecanismo capaz de transformar la fría legalidad de un cargo en la autoridad legítima de una nación.
El juez interno frente a la narrativa del poder
La democracia de la verdad propone que el ciudadano no es un receptor pasivo de mensajes ordenados por el poder, sino un «juez interno» con la responsabilidad de contrastar la narrativa oficial con la evidencia. El riesgo de no ejercer este juicio es aceptar una «legalidad de apariencia» que solo sirve para perpetuar el vacío institucional, con lo cual la desjusticia se instala en la sociedad y comienza a verse como la nueva normalidad.
El reconocimiento de la verdad no es un lujo intelectual; es una necesidad de supervivencia democrática, es el pleno ejercicio de la ciudadanía. Para que un ciudadano pueda tomar decisiones informadas sobre quién le gobierna y bajo qué términos, debe ser capaz de identificar cuándo el sistema está operando en desjusticia. Informar con la verdad es, por tanto, el acto fundacional que permite transitar del engaño a la institución.
Conclusión: El rumbo hacia la libertad
La libertad real no comienza en las urnas, sino que nace mucho antes, en la mente del ciudadano que se niega a aceptar la sombra por la luz. Si permitimos que la legalidad se divorcie de la verdad, estaremos aceptando vivir en un sistema donde el derecho es solo el capricho del más fuerte envuelto en papel sellado. Solo cuando el ciudadano recupera su capacidad de ver la realidad sin el filtro de las narrativas distorsionadas, puede empezar a reconstruir el sistema donde hoy impera la desjusticia. La legitimidad no se decreta ni se impone; se revela y se confirma en el ejercicio soberano de una sociedad que ha decidido, finalmente, habitar en la verdad.
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