El Gobierno de España viene simulando una postura de equidistancia entre el régimen chavista y la oposición venezolana. Nada más lejos de su actitud real. De un tiempo a esta parte ha blanqueado al régimen, y lo hizo ayer de nuevo al confirmar que cerrará la vía de las razones humanitarias destinada a regularizar a los ciudadanos venezolanos que vengan a nuestro país buscando seguridad.
Por El Mundo
«El Gobierno de Pedro Sánchez está intentando dar normalidad democrática a la situación de Venezuela. Necesita un capítulo nuevo porque la estabilidad de Delcy es la de Sánchez en España», valora Justo Navarro, periodista venezolano exiliado y coordinador de la comunicación Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, en España. Su lectura es clara: «La postura del Gobierno es incongruente. En materia de política exterior no fueron tan contundentes como con la búsqueda de soluciones para los venezolanos aquí, a nivel interno. Parece contradictorio».
Y, de facto, lo es. Según adelantó El País, el Ejecutivo ha decidido poner fin a un tipo de protección internacional que entre 2019 y 2025 se ha concedido a 246.811 personas; 243.223 de ellas, ciudadanos venezolanos (98,5%). La vía en cuestión sigue el mismo curso que el procedimiento para obtener el asilo, aunque su concesión no otorga el estatuto de refugiado. La decisión se enmarca en un contexto en el que la regularización extraordinaria de inmigrantes, prevista para este verano, está al caer. Lo que sirvió ayer a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para asegurar que este cambio no es «de fondo, sino de formas» y que «muchos» venezolanos podrán acogerse al proceso anunciado en enero. «Pero, ¿qué pasa con los que vienen? ¿Con los que seguirán viniendo?», cuestiona Navarro, recordando que sólo podrán acogerse a dicho proceso los extranjeros que estuvieran en España antes del fin de 2025.
La seguridad jurídica de los exiliados también preocupa a Andrés Villavicencio, que tuvo que huir de Venezuela tras actuar como apoderado de María Corina y Edmundo González en los comicios de 2024. Se hizo viral en un vídeo en el que aparecía haciendo públicas las actas electorales de su centro, lo que lo obligó a salir del país. Llegó a España el 19 de agosto de 2024. «Tardé dos meses en conseguir cita para obtener papeles: lo logré el 22 de octubre». Desde entonces, la Administración no ha respondido a su solicitud. Él está entre los venezolanos que podría acogerse al proceso extraordinario con el que ayer se escudó Saiz, pero considera que esperar a la resolución de su solicitud es más seguro jurídicamente: «Es un panorama de incertidumbre, y ahora mucha más, para los miles de venezolanos que estamos en la misma situación».
A su juicio, la decisión del Gobierno español «forma parte de un relato que presenta Venezuela en vías de regreso a la normalidad, pero es un relato falso». Lo elabora Navarro: «El aparato represivo del régimen chavista sigue instaurado. Y si bien España protege y sostiene la realidad del venezolano que ha huido, no es menos cierto que el rol del gobierno de Sánchez no ha sido el más idóneo. Lo que tienen que hacer los gobiernos democráticos es presionar para que en Venezuela ocurra una transición democrática».
Pero el Gobierno de Sánchez viene haciendo lo contrario. Es más, cuando Estados Unidos anunció que sería Delcy Rodríguez quien se quedaría al frente del país, el Ejecutivo rebajó las críticas hasta el punto en que lo primero que hizo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, fue pedir a la Unión Europea que retirase las sanciones contra la número dos de Maduro. «Esa búsqueda para quitarle las sanciones, para que se la vea como un referente democrático, es lo que está empujando el PSOE», sentencia Navarro.
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