Desde las inmediaciones del Palacio de Justicia, el pasado martes, 3 de marzo, el abogado Joel García ya había hecho esta advertencia
Los tribunales de control con competencia en Terrorismo en Caracas siguen impidiendo que los presos políticos puedan designar defensores privados. Así lo advirtió el abogado Joel García en un hilo publicado en X este viernes, 6 de marzo.De acuerdo con García, este impedimento contraviene el artículo 49, numeral 1º de la Constitución de Venezuela, el cual indica que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”. Asimismo, ignora el artículo 123, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, “exigiendo la firma de un detenido que mantienen incomunicado”.
Ante esa situación, el abogado Joel García alertó que “la justicia no puede ser un laberinto para violar derechos humanos”. En ese sentido, informó que interpuso un amparo constitucional, pero en el Circuito Judicial de Caracas, “la presidencia retiene la acción para ‘revisión’, figura inexistente en la Ley de Amparo y ajena a sus atribuciones (artículo 508 del COPP)”. García recordó que el amparo “debe ser recibido sin filtros”.
“Van 2 días de retardo injustificado. La presidenta del Circuito no tiene facultad para decidir qué amparo se recibe y cuál no”, señaló García, agregando también que con esto se viola los artículos 26 y 51 de la Constitución. “Exigimos el cese de esta práctica paraprocesal que anula la tutela judicial efectiva”, sentenció.
Ley de Amnistía con inconsistencias
Desde las inmediaciones del Palacio de Justicia, el pasado martes, 3 de marzo, el abogado Joel García ya había hecho esta advertencia. El jurista señaló, sobre la Ley de Amnistía, que muchas de las personas excluidas quieren designar defensores privados, pero no se les permite.
“El juez Carlos Liendo acaba de decirme que el mismo imputado que represento debe firmar la designación (…) Esa ley puede dar libertades, pero no dignifica a nadie”, cuestionó García en aquel momento.
Asimismo, alertó que la ley no contempla reparación ni indemnización a víctimas. Destaca falta de criterio al decidir quiénes son beneficiados o no: “Cuando pones a legislar sobre libertad al que piensa como carcelero, no vas a tener un producto bueno”, sentenció.

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