La causa democrática venezolana ha jugado en desventaja en la mayor parte de estas dos décadas y media ya muy largas. Se ha tenido la iniciativa en determinados momentos que se pueden identificar y también se ha perdido. Los años 2023 y 2024 fueron de una extraordinaria recuperación, con la realización de la primaria opositora y el proceso electoral que llevó a la votación del 28J. El fraude cometido y la brutal represión desatada impidieron cobrar la victoria que hubiera abierto la ruta a la transición democrática.
El régimen quedó expuesto ante la comunidad internacional de signo democrático -que no es mayoría en el mundo globalizado- pero aun así mantuvo el poder, sostenido sobre su aparato represivo y reforzando sus vínculos con socios y aliados, aunque con algunas bajas sensibles. La presión de Estados Unidos y la campaña militar desarrollada desde aguas del Caribe durante meses condujo a la operación del 3 de enero que capturó y extrajo a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Un escenario imprevisible, que escapó a expertos y sesudos analistas, y produjo un vuelco rocambalesco en la relación entre Washington y Miraflores.
Los enemigos irreconciliables ahora parecen entenderse de maravilla y trabajan codo a codo en busca, en principio, de estabilidad y negocios muy lucrativos. Con los hermanos Rodríguez al frente, el chavismo se muestra como un socio confiable que, sin embargo, para nada acepta que su misión es desmantelar la estructura de poder que comandaron Chávez y Maduro. Siguiendo la doctrina marxista -que se atribuye a Groucho, claro- el régimen ha apartado sus “principios” de siempre a otros a gusto del cliente.
La Ley de Amnistía aprobada el pasado jueves se da en ese contexto en que el régimen aún está en control del poder, de todas las instituciones, comenzando por la Asamblea donde tiene una desproporcionada mayoría. Las opiniones sobre el texto final reflejan la conflictividad política del país, como no podía ser de otra forma. Hay limitaciones, hay condiciones que lucen inaceptables en el articulado de la ley, pero sería conveniente pensar que también hay concesiones.
La liberación -ahora no son solo excarcelaciones- de centenares de presos, la eliminación de 11.000 medidas cautelares -que Jorge Rodríguez admite tras años ocultándolas- abre un espacio para volver al ejercicio de los derechos políticos, lo que debería contribuir en el corto plazo a la revitalización de las organizaciones, gremios y sindicatos. Sin dejar de lado para nada el hondo significado humano del regreso a sus hogares de cónyuges, padres, hijos y hermanos.
Jorge Rodríguez celebra el “diálogo”, que él mismo rompió después de firmar el Acuerdo de Barbados en octubre de 2023, y desea que “ojalá” perdure la paz. ¿Cuánto durará ese ánimo conciliador del jefe del parlamento? Nadie lo sabe. La causa democrática que la amplia mayoría de los venezolanos apoya tiene una misión prioritaria: retomar la iniciativa política.
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