Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, fue durante años el jefe de inteligencia militar de Venezuela y colaborador cercano del fallecido presidente Hugo Chávez. Su trayectoria al frente de los servicios de inteligencia le permitió acceder a información privilegiada sobre las operaciones internas del gobierno venezolano, así como sobre presuntas actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Tras la muerte de Chávez, Carvajal inicialmente respaldó al entonces sucesor designado, Nicolás Maduro, pero en 2019 cambió de bando y manifestó públicamente su apoyo a Juan Guaidó, el opositor respaldado por Estados Unidos en el intento de derrocamiento de Maduro.
En junio del año pasado, Carvajal se declaró culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico y narco-terrorismo, en el mismo proceso judicial en el que está implicado Maduro. Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber utilizado su cargo para facilitar el envío de 5.580 kilogramos de cocaína en un avión desde Venezuela hacia México en 2006, a cambio de recibir millones de dólares de organizaciones criminales. Desde su entrega a Estados Unidos, Carvajal permanece detenido en el Metropolitan Detention Facility de Brooklyn, donde también se encuentra Maduro.
Pese a que su declaración de culpabilidad no incluyó una oferta de reducción de pena ni un acuerdo formal con la fiscalía, Carvajal ha mostrado interés en colaborar con el gobierno estadounidense. Su abogado, Rovert Feitel, aseguró a Associated Press que el ex general posee información de “extraordinaria importancia” para la seguridad nacional y la aplicación de la ley en Estados Unidos. Analistas legales sostienen que, dada la gravedad de los delitos imputados, la cooperación de Carvajal podría traducirse en una rebaja significativa de la condena, cuyo dictado está programado para el próximo mes.
La posibilidad de que Carvajal se convierta en testigo principal de la acusación ha sido considerada por diversos expertos legales, quienes destacan el potencial valor de su testimonio en el juicio contra Maduro. El exfiscal federal Neama Rahmani declaró a The New York Post que Carvajal representa precisamente el perfil de testigo que suele ser presentado en este tipo de casos federales. Rahmani explicó que, si el ex jefe de inteligencia decide testificar y lo hace con veracidad, podría obtener una “reducción significativa” de su sentencia, dado el alto rango de penas en los procesos de narcotráfico.
El exfiscal Dick Gregorie, quien participó en el juicio por narcotráfico contra el exlíder panameño Manuel Noriega en 1988, consideró “muy probable” que Carvajal sea preparado para prestar declaración por parte de la fiscalía. Gregorie sugirió que, si existiera un acuerdo previo, las autoridades ya habrían iniciado su proceso de preparación como testigo semanas o incluso meses atrás. Además de Carvajal, la fiscalía prevé contar con testigos adicionales, entre los que se incluyen antiguos funcionarios venezolanos y narcotraficantes involucrados en la logística de envío de cocaína.
El caso Noriega es citado por los expertos como antecedente relevante en la estrategia procesal de la fiscalía, al tratarse también de un ex jefe de Estado extranjero acusado y condenado en Estados Unidos por delitos similares. Gregorie indicó que las similitudes entre ambos procesos podrían influir en la dinámica del juicio y en la selección de los testigos clave.
La defensa de Maduro tiene previsto desplegar varios argumentos para intentar desestimar las acusaciones, según han señalado especialistas en derecho internacional y penal. Uno de los ejes principales será la invocación de inmunidad soberana, bajo la premisa de que, como jefe de Estado, Maduro gozaría de protección frente a los tribunales estadounidenses. Sin embargo, Rahmani puntualizó a The New York Post que esta estrategia difícilmente prosperará, ya que el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro como líder legítimo de Venezuela, y la determinación sobre el reconocimiento de gobiernos recae en el Departamento de Estado, alejando así el caso del ámbito judicial hacia el terreno político.
Otro argumento anticipado por la defensa consiste en alegar el desconocimiento de las actividades de narcotráfico ejecutadas por subordinados dentro de su administración. No obstante, expertos consideran que la fiscalía cuenta con pruebas y testimonios que refutarían esa postura. Adicionalmente, la defensa podría cuestionar la legalidad tanto del arresto de Maduro como de la obtención de pruebas, planteando que la detención fue violenta y que las autoridades estadounidenses no respetaron los procedimientos legales venezolanos, en particular en lo relativo al uso de escuchas telefónicas. Gregorie recordó que argumentos similares fueron presentados durante el juicio contra Noriega, sin éxito en última instancia.
La acusación formal contra Maduro y sus allegados se deriva de una investigación iniciada en 2020, en la que se le imputa haber utilizado su posición para colaborar con organizaciones delictivas internacionales en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos durante más de una década. Entre los grupos señalados por las autoridades estadounidenses figuran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua. La fiscalía sostiene que, bajo la dirección de Maduro, este entramado habría facilitado el movimiento de miles de toneladas de droga a través de rutas controladas desde Venezuela.
En la operación militar que culminó con su captura el sábado, Maduro fue arrestado junto a su esposa Cilia Flores. Ambos, así como su hijo Nicolás Maduro Guerra, enfrentan cargos relacionados con la presunta red de narcotráfico. La acusación incluye detalles específicos, como el transporte de grandes volúmenes de cocaína por vía aérea y la supuesta recepción de pagos millonarios de parte de narcotraficantes a cambio de protección y logística. Las autoridades describen la estructura como una asociación ilícita orientada a consolidar poder político y económico mediante el control de actividades criminales transnacionales.
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