Estados Unidos ha cruzado un umbral político con respecto a Venezuela que ya pocos ocultan. En Washington, altos cargos del Congreso y de la Administración Trump hablan abiertamente de un desenlace para Nicolás Maduro inspirado en el precedente de Manuel Antonio Noriega, el líder panameño capturado por tropas estadounidenses en 1989 y trasladado después a prisión en EE.UU.
El senador republicano Lindsey Graham, una de las voces más influyentes en política exterior entre los aliados de Donald Trump, lo expresó sin rodeos en la red X: «Bush padre se cargó a Noriega en circunstancias parecidas. Hay un califato de la droga en nuestro vecindario que incluye a Venezuela, Colombia y Cuba. Cuanto antes se vaya Maduro, mejor para Venezuela y para Estados Unidos».
Las palabras de Graham no son un gesto aislado. Reflejan el clima que se respira mientras Trump estudia planes de ataque selectivo en territorio venezolano y consolida una operación militar de gran escala en el Caribe bajo el nombre de «operación Lanza del Sur».
Desde septiembre, la Casa Blanca maneja un mapa en constante revisión con pistas clandestinas, depósitos de combustible, nodos logísticos del Tren de Aragua y estructuras del cártel de los Soles en el país del Caribe. El objetivo declarado es la lucha antidroga; el no declarado es despojar al chavismo de su capacidad financiera y operativa hasta forzar un colapso interno. Asume la Casa Blanca que el último modo de ingreso del dictador y sus secuaces es el tráfico de cocaína.
En este contexto, Graham ha querido dejar claro que el presidente está, en sus palabras, «totalmente comprometido» con impedir que «el narcoestado venezolano siga envenenando a los estadounidenses». «Maduro no es un líder legítimo, sino un narcotraficante imputado en tribunales de EE.UU., y sus días están contados», añadió el senador.
Su mensaje encaja con los pasos dados por la Administración: la recompensa por Maduro se ha duplicado a 50 millones de dólares, y en el Capitolio se estudia elevarla aún más.
Preparados para la acción
La presión militar se intensifica. El portaaviones USS Gerald Ford opera ya en el Caribe con unos 60 aviones, respaldado por una docena de barcos y miles de efectivos adicionales. Los marines entrenan desembarcos anfibios en Puerto Rico y unidades de guerra naval han destruido más de veinte embarcaciones sospechosas sin intentar abordajes previos. Si no son preparativos para una acción mayor, son una herramienta de disuasión colosal.
En la Casa Blanca, los asesores han presentado a Trump opciones de ataque que van desde golpes quirúrgicos a infraestructuras críticas hasta operaciones más arriesgadas diseñadas para decapitar la cúpula chavista. No hay decisión final, pero la preparación es evidente. Uno de los planes incluye una operación para llevarse al dictador preso, pero no se considera aquí en Washington que sea la opción que Trump prefiere de entrada.
En paralelo, crece también la inquietud legal. Senadores que participaron en una vista confidencial explican que la justificación jurídica del Gobierno solo cubre los ataques en el mar, no bombardeos en territorio venezolano. Si Trump ordena un golpe sobre suelo firme, el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra será inevitable. El precedente de Irán -el ataque de junio contra su programa nuclear- pesa sobre un Congreso que ya vivió cómo la Casa Blanca actuó primero y notificó después.
Venezuela, epicentro criminal
Caracas responde con amenazas de «lucha armada» en caso de agresión. Pero en Washington, la lectura dominante es que la ventana de oportunidad se está estrechando. «Hemos descrito durante años a Venezuela como un narcoestado», resume un responsable de seguridad nacional. «Ahora estamos alineando capacidades militares, legales y financieras para que eso tenga consecuencias reales». En ese marco, la idea de una «solución a lo Noriega» -un líder capturado por fuerzas estadounidenses y enviado a prisión- se ha planteado claramente a los senadores.
Desde hace meses, EE.UU. sostiene que Venezuela se ha convertido en el epicentro de una estructura criminal que opera a escala regional, con el cártel de los Soles y el Tren de Aragua protegidos por la cúpula chavista. La Administración Trump utiliza la lucha antidroga como palanca jurídica y política para justificar una campaña militar en el Caribe que ya incluye portaviones, submarinos y operaciones letales contra embarcaciones sospechosas. En el Capitolio, tanto demócratas como republicanos reconocen que el país avanza hacia un escenario inédito desde Panamá.
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