El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) crear una nueva aplicación para que la población pueda reportar a las autoridades “todo lo que ve y todo lo que oye; las 24 horas de día”. El objetivo declarado de esta iniciativa, afirmó, es, “fortalecer la inteligencia popular” y “seguir garantizando la paz”. Maduro agregó que el diseño para fortalecer esta red de informantes, en un momento de máxima tensión política con los Estados Unidos que tiene al chavismo obsesionado con los temas de seguridad nacional, debe apoyarse en los mecanismos organizativos que tiene la Fuerza Armada dentro de la estructura del Gobierno.
“El sistema VenApp [una aplicación creada por el Ejecutivo de Maduro que permite a los ciudadanos reportar problemas de servicios públicos y que tiene una línea telefónica para presentar denuncias] debe proceder a facilitar este mecanismo, una nueva aplicación, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las Unidades Comunales de Milicia, y a las Bases Populares de Defensa Integral, integradas en el Sistema Defensivo Territorial Nacional”, indicó el sucesor de Hugo Chávez, cada vez más enrocado ante la ofensiva lanzada por la Casa Blanca.
Conforme se incrustan en la cotidianidad del país los rigores de la tensión diplomática y militar con Washington, el régimen bolivariano ha ido dirigiendo sus decisiones a reforzar su ya férreo control político y social sobre la población del país.
Poco antes de este anuncio de Maduro, el ministro de Interior y de Justicia y número dos del Gobierno chavista, Diosdado Cabello, anunciaba la instalación masiva de cámaras de vigilancia, “para reforzar la seguridad pública”. Esta iniciativa está inscrita dentro de los denominados Cuadrantes de Paz. La presencia de los cuerpos de seguridad del estado en las calles, sobre todo a altas horas de la noche, es bastante evidente en Caracas y el resto de las grandes ciudades del país.
Estas medidas podrían desembocar en el discutido Decreto de Conmoción Exterior, ya asomado por Maduro como una posibilidad más que probable, y que podría ser firmado, sobre todo, si las tensiones con Washington continúan o se concreta un procedimiento militar.
Esta medida, -que se basa en una interpretación de las atribuciones del Ejecutivo y no tiene un soporte expreso constitucional, abriría la puerta al oficialismo para imponer la seguridad y castigar a aquellos sectores adversos al chavismo que, presumiblemente, hayan fomentado “el asesinato de personas o acciones militares contra la patria”.
Este sistema social de informantes que ha diseñado el Gobierno en sus pugnas con la oposición no es nuevo. Durante estos años, los “patriotas cooperantes” han sido, habitualmente, militantes y activistas chavistas que viven en las barriadas populares o las urbanizaciones del país y que reportan a las autoridades movimientos extraños o denuncian la conducta de terceros en momentos excepcionales. Por ejemplo, las protestas sociales antigubernamentales que se produjeron luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Los “patriotas cooperantes”, creados en 2011, han tenido una intensidad variable como agentes informantes. Uno de sus promotores por excelencia ha sido el ministro Cabello, quien alude a incidencias o denuncias anónimas con frecuencia en sus programas de televisión para azuzar a sus enemigos políticos.
Como muchos otros mecanismos de intervención social creados por el oficialismo que se han debilitado en este tiempo, existe la manifiesta intención de reforzarlos y fortalecer su compromiso con la causa chavista.
Buena parte de las más de 1.000 personas que fueron a parar a la cárcel desde las presidenciales de julio de 2024, luego de salir a protestar por el anuncio oficial que daba ganador a Nicolás Maduro fueron delatadas por militantes chavistas y “patriotas cooperantes”.
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