En Venezuela, se siguen presentando patrones sistemáticos de abusos dirigidos contra personas consideradas vulnerables, incluidas mujeres, jóvenes, opositores y familiares de perseguidos políticos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Así lo reveló el sexto informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos presentado el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
El capítulo IV del informe, titulado Actualización de patrones de violaciones, señala que las autoridades venezolanas han mantenido y perfeccionado prácticas represivas documentadas en informes anteriores. Entre ellas destacan las detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales, la tortura como método de interrogatorio y castigo y la persecución contra familiares de disidentes políticos.
La misión subraya que estas prácticas no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado orientada a neutralizar la disidencia y sembrar miedo en la población.
Detenciones arbitrarias sin garantías
El informe de la Misión de la ONU documenta que opositores políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos acusados de colaborar con el crimen organizado han sido privados de libertad sin órdenes judiciales válidas. En muchos casos, los tribunales actuaron de manera cómplice, legalizando arrestos que carecían de sustento probatorio.
Un ejemplo citado es el de Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor detenido en Caracas, cuya audiencia se realizó de forma secreta y sin presencia de su defensa privada. El patrón se repite con activistas juveniles, periodistas y familiares de perseguidos.
La misión resalta que el recurso de habeas corpus no es efectivo en Venezuela, lo que agrava la situación de las víctimas. En la práctica, el Estado mantiene privaciones arbitrarias prolongadas que constituyen violaciones graves de derechos humanos.
Torturas y tratos crueles
La investigación también documentó torturas físicas y psicológicas en centros de detención como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el El Helicoide y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. Los métodos descritos incluyen asfixia, descargas eléctricas, golpes severos, simulacros de ejecución, amenazas de violencia sexual y aislamiento prolongado.
En varios casos, las víctimas fueron obligadas a firmar confesiones o grabar videos incriminatorios. La misión destacó que mujeres detenidas fueron sometidas a amenazas de abuso sexual y que los agentes se valieron de la vulnerabilidad de los prisioneros para obtener información bajo coacción.
Un detenido relató que fue suspendido de las muñecas durante horas y golpeado hasta perder el conocimiento, mientras los agentes le exigían nombres de supuestos colaboradores. Otro caso documenta a una mujer que fue desnudada y fotografiada en condiciones humillantes, bajo amenaza de difundir las imágenes.
Mujeres, jóvenes y familiares de perseguidos políticos como blanco de las autoridades
El informe pone especial énfasis en la situación de mujeres, jóvenes y familiares de perseguidos políticos, a quienes las autoridades consideran “blancos fáciles” para enviar mensajes de intimidación.
En 2025, varios familiares de opositores fueron arrestados para presionar a los verdaderos objetivos de las investigaciones. La misión considera que estas detenciones constituyen una forma de castigo colectivo prohibido por el derecho internacional.
Asimismo, jóvenes acusados de participar en protestas fueron sometidos a violencia física, amenazas de muerte y acoso psicológico, con el objetivo de desarticular movimientos estudiantiles y comunitarios.
El uso del miedo como herramienta política
El documento de la Misión de la ONU resalta que el uso sistemático de la tortura y la represión busca no solo castigar a opositores, sino disuadir a la sociedad en general de ejercer sus derechos. La Misión advierte que la lógica detrás de estas prácticas es sembrar terror en comunidades críticas al gobierno y demostrar la capacidad del Estado para actuar sin límites legales.
La violencia institucionalizada, según el informe, se ha convertido en una herramienta de control social que trasciende los casos individuales y afecta al conjunto de la población venezolana.
Responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos
El capítulo IV concluye que el Estado venezolano no solo tolera estas violaciones, sino que las organiza y promueve a través de sus cuerpos de seguridad y el sistema judicial.
La Misión recuerda que las torturas y detenciones arbitrarias sistemáticas constituyen crímenes de lesa humanidad, lo que implica responsabilidad penal internacional.
La ausencia de investigaciones independientes y el control político sobre los tribunales refuerzan un escenario de impunidad estructural, que impide a las víctimas acceder a la justicia.
Misión de la ONU hace un llamado a la comunidad internacional
El informe insta a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el gobierno venezolano para frenar estas prácticas y garantizar la protección de las víctimas. También llama a los organismos regionales y a los Estados miembros de la ONU a apoyar procesos de documentación y justicia transicional.
“La tortura, las detenciones arbitrarias y la persecución contra personas vulnerables no son hechos aislados ni excesos de algunos agentes, sino políticas sistemáticas que deben ser respondidas como crímenes internacionales”, concluye la Misión de la ONU.
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