Una esperada audiencia judicial que podría culminar con la venta organizada por un tribunal estadounidense de las acciones de la matriz de Citgo Petroleum, la refinadora estadounidense propiedad de Venezuela, dará inicio este lunes. El proceso enfrenta a postores y acreedores en una agria disputa sobre quién debe quedarse con el control.
El tribunal de Delaware escuchará los testimonios de las partes involucradas, testigos y expertos durante una audiencia de cuatro días, antes de que el juez Leonard Stark seleccione al ganador final. Si el tribunal considera que se requiere más tiempo y pruebas, una nueva ronda de argumentos podría celebrarse en octubre.
En juego está el futuro de la séptima mayor refinadora de Estados Unidos, cuya matriz, PDV Holding, fue considerada responsable de la deuda de la nación sudamericana, permitiendo que un total de 15 empresas expropiadas y tenedores de bonos en default persigan sus activos.
En julio, el funcionario judicial encargado del proceso seleccionó a una filial de la minera Gold Reserve, que cotiza en Toronto, como favorita en la subasta.
Sin embargo, tras una guerra de ofertas de último minuto, el oficial Robert Pincus cambió el mes pasado su recomendación a favor de una oferta de 5.900 millones de dólares presentada por Amber Energy, una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management.
La decisión desató objeciones y una moción para descalificar la oferta de Amber, en medio de una batalla entre compañías que buscan compensación por activos expropiados en Venezuela y los tenedores de bonos en default del país.
«La audiencia del 15 de septiembre será la primera prueba de fuego para determinar si la oferta de Amber puede superar todos los riesgos procesales, legales y geopolíticos», señaló el abogado José Ignacio Hernández, de la consultora Aurora Macro Strategies, en un informe la semana pasada.
Al incluir un pago en efectivo de 2.100 millones de dólares a los tenedores de bonos 2020 de PDVSA, la oferta de Amber abre la posibilidad de resolver una reclamación pendiente desde hace tiempo que se discute en un tribunal separado de Nueva York.
No obstante, Gold Reserve, abogados que representan a Venezuela y algunos acreedores prefieren esperar la resolución del caso de Nueva York, donde se debate la validez de los bonos, antes de realizar cualquier pago a los tenedores.
Una decisión judicial sobre este punto será crucial para determinar cuántos de los 15 acreedores que desde 2017 esperan en Delaware –y que buscan repartir hasta 19.000 millones de dólares provenientes de la subasta– terminarán recibiendo compensación.
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