El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe produjo su primera acción militar. Una embarcación originada en Venezuela, presumiblemente transportando drogas a Estados Unidos, fue atacada en aguas internacionales. Ordenado por Trump, el ataque dejó once muertos. El pasado lunes un segundo barco fue hundido por el mismo motivo, dejando al menos tres muertos. Dicha operación se apartó del protocolo habitual de la Guardia Costera, consistente en vigilancia, interdicción e inutilización de una embarcación sospechosa, más no el ataque y la eliminación de sus tripulantes. De ahí que voces críticas señalaran que el ataque había sido violatorio del Derecho Internacional, ya que el narcotráfico no es un acto de guerra sino un delito. Se trataría entonces de una ejecución sumaria. El Derecho Internacional estipula que el uso de la fuerza sólo es legal en defensa propia o con autorización explícita del Consejo de Seguridad de la ONU. Y en tal caso, rigen las Convenciones de Ginebra de 1949 que tipifican los crímenes de guerra, especialmente diseñados para proteger a civiles e infraestructura civil. Claro que dichas normas y convenciones son aplicables a las guerras convencionales; es decir, conflictos entre entidades jurídicas reconocidas, por lo general estados, dispuestas a encuadrar sus acciones dentro de parámetros legales. No es el caso de muchas de las guerras de hoy, frecuentemente llamadas “asimétricas”, un conflicto en el que los contendientes recurren a estrategias y tácticas no convencionales.
De hecho, el concepto de “guerra asimétrica” denota una amplia variedad de confrontaciones no convencionales. La guerra de guerrillas, el terrorismo suicida, el secuestro y sabotaje, el ciberespionaje y el narcotráfico, entre otros, son ejemplos relevantes. La pregunta ineludible es acerca de la eficacia del derecho internacional y los métodos convencionales frente a estas amenazas. Ello le agrega un crítico componente ético y legal. El ataque en el Caribe ilustra el punto, pero no es el primero y no será el último.
En enero de 2020 Trump ordenó la ejecución de Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds, cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, considerada como organización terrorista por Estados Unidos y otros países. Obama, por su parte, ordenó la ejecución de Bin Laden en mayo de 2011, una operación de inteligencia llevada a cabo en Pakistán. Un verdadero halcón con el yihadismo radical, Obama también autorizó 500 ataques secretos con drones en Pakistán, Libia, Irak, Afganistán, Siria, Somalia y Yemen.
Lo anterior es relevante para el caso de Maduro, quien encarna una variedad de amenazas no convencionales. Su régimen atenta contra la paz y la seguridad regional al forzar el éxodo, una verdadera política de Estado. Inicialmente hacia el sur, los caminantes de los Andes, luego hacia el norte, a través del tapón del Darién, un cuarto de la población ha emigrado. Pues no hay empleo, no hay salud ni educación, no hay ley, no hay Estado, el crimen organizado manda en los territorios y, además, la dictadura tortura y asesina. Ello también representa una agresión para los países vecinos, que deben absorber los costos adicionales, tanto fiscales como en seguridad y salud. Maduro inició esa guerra hace tiempo.
A pesar de la distancia, Chile ha sufrido la violación de su soberanía y un acto de agresión injustificado y no provocado por parte de la dictadura venezolana. En febrero de 2024, el teniente Ronald Ojeda, oficial naval venezolano, ex preso político exiliado en Chile, fue secuestrado y asesinado. La Fiscalía chilena acusó al Gobierno de Venezuela de haber ordenado su asesinato, ejecutado por el Tren de Aragua.
No sorprende. El régimen chavista siempre se apoyó en organizaciones paralelas no estatales, bandas delictivas en las prisiones y el crimen organizado. Funciona en colusión con ellos y con diferentes grados de integración. Los vínculos entre sí no son accidentales, son orgánicos. Es la fusión de la violencia del Estado, el control territorial y los extraordinarios recursos que se originan en el tráfico de drogas y personas, la minería ilegal y el contrabando de gasolina.
Por ello Venezuela está en guerra, las múltiples guerras por el recurso. Las varias disidencias FARC, el ELN, el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa, entre otros, gozan de la protección de la dictadura para sus operaciones. Son sus socios en la extracción de rentas de las economías criminales: en el Catatumbo (Colombia) y en Apure (Venezuela) con el cultivo y tráfico de cocaína, en la Guajira con el tráfico de personas, en el Orinoco con los recursos mineros. El señor de la guerra (“warlord”) principal opera desde el palacio presidencial de Miraflores.
Maduro ya declaró la guerra a los países cuyos ciudadanos retiene como rehenes. Según organizaciones de derechos humanos, hay 89 personas de diversas nacionalidades extranjeras entre los presos políticos. La detención arbitraria de extranjeros hace las veces de política exterior, pues es moneda de cambio para canjearlos por beneficios económicos y políticos; y luego encarcelar a otros, la “puerta giratoria”. Dicha “diplomacia de rehenes” se ha intensificado desde la elección de julio de 2024.
Maduro también declaró la guerra a los venezolanos. Por ello está investigado en la Corte Penal Internacional con cargos de ejecuciones extrajudiciales, tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como táctica represiva. Son crímenes que Maduro hasta confesó haber perpetrado. Vaticinó un «baño de sangre y una guerra civil» si la oposición triunfaba en la elección del 28 de julio de 2024. Una vez que dicha victoria ocurrió, y en una verdadera confesión de parte, aseguró tener «más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Los vamos a agarrar, los vamos a agarrar a toditos, y no va a haber perdón esta vez».
Con Maduro no habrá paz en Venezuela ni seguridad en las Américas, sus guerras ameritan la intervención. Los instrumentos del Derecho Internacional para tal efecto están allí; activarlos es cuestión de voluntad. La Convención de Palermo fue adoptada por la ONU en 2000 para combatir la delincuencia organizada transnacional mediante la cooperación y la armonización de las leyes nacionales. Palermo es consistente con la ley Magnitsky de 2012 y 2016 en Estados Unidos. Ambas versiones imponen sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en corrupción o violaciones graves de derechos humanos. Autoriza al presidente a imponer prohibiciones de visado y congelar activos de los responsables en cualquier lugar del mundo.
El Estatuto de Roma de 1998 tipifica los crímenes de lesa humanidad, estableciendo que los mismos son imprescriptibles, de responsabilidad individual y de jurisdicción universal. A su vez, la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger de 2005 postula que la soberanía conlleva la responsabilidad de los estados de proteger a la población de crímenes atroces y violaciones graves de derechos humanos, y que en caso de incumplimiento dicha responsabilidad recae en la comunidad internacional. Así, contempla la posibilidad de usar la fuerza bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. En Venezuela, el Estado está en manos de una organización criminal. Insistir en usar categorías de análisis político, o en darle estatus político –así sea el estatus de un brutal régimen autoritario– tiene por efecto normalizar, rehabilitar y legitimar a esa organización.
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