Ojos marrones, pelo negro, 1,90 metros de estatura. El rostro de Nicolás Maduro aparece en primer plano debajo de ocho grandes cifras rojas. Es la suma de dinero que las autoridades de Estados Unidos están dispuestas a pagar por información que permita su captura: 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros).
En el póster de recompensa, publicado a principios de agosto, no hay, sin embargo, una sola línea sobre su trayectoria política. No es señalado como dictador ni como el arquitecto del fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado, dos reclamos recurrentes en el repertorio de Washington. Maduro es buscado por ser —según la Casa Blanca— líder del cartel de los Soles, una trama de narcoterrorismo que llega hasta la cúpula del chavismo y que la conecta con las fuerzas criminales más poderosas de México y Colombia.
“Si están buscando a un mafioso, búsquenlo en otro lado”, respondió el líder venezolano en una explosiva rueda de prensa celebrada el lunes pasado. Al tiempo, se decía listo para declarar a su país en “lucha armada” si sufría una agresión. Un día después, la Administración de Donald Trump anunció un “ataque letal” contra un barco procedente de Venezuela y supuestamente cargado de drogas. Murieron 11 personas. El Gobierno de Maduro puso en duda la veracidad de la operación en aguas del Caribe y aseguró que es “muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial”. Con todo, se trata del incidente más grave al calor de las tensiones recientes.
La persecución contra el llamado cartel de los Soles ha estado en el centro del último choque entre ambos países, pero no es un fenómeno nuevo. El nombre data de 1993, cuando salieron a la luz los vínculos de dos generales de la Guardia Nacional venezolana con el narcotráfico. Los soles son una referencia a las insignias que llevan los militares en sus uniformes.
Tres décadas más tarde, ese pasó de ser un término coloquial a englobar los nexos del chavismo con el crimen organizado a ojos de Washington, que a últimas fechas lo usa de forma prácticamente intercambiable con el Tren de Aragua, a pesar de ser una organización distinta. “El cartel de los Soles es una organización venezolana de narcotráfico compuesta por los militares y funcionarios de más alto rango”, se lee en las causas judiciales abiertas por la Casa Blanca.
“Primero fue liderado por Chávez”, afirman las autoridades estadounidenses. “Tras su muerte [en 2013], Maduro asumió la presidencia y encabezó [las operaciones de] tráfico masivo de cocaína de la organización”. Justo por debajo aparecen otros nombres de peso: Diosdado Cabello, número dos del régimen; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; el exvicepresidente Tareck El Aissami; o Maikel Moreno, magistrado principal del Supremo.
“Es un cartel atípico: una estructura criminal dentro del Estado venezolano, una red informal de corrupción que no responde a un mando único”, afirma Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la ONG Transparencia Internacional para Venezuela. Ese carácter difuso, contrario a la férrea jerarquía atribuida a los carteles más conocidos, ha sido objeto de debate entre especialistas y políticos.
Phil Gunson, analista sénior de Crisis Group en Venezuela, pone en duda que se trate realmente de un cartel: “No ha habido nunca evidencia clara de que una organización así exista”. No es el único escéptico: “El cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, sentenció el presidente colombiano, Gustavo Petro, la semana pasada. “De lo que sí hay muchísimas pruebas es de los vínculos de varios mandos de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico; son dos cosas distintas”, matiza Gunson.
Buena parte del universo criminal que existe en Venezuela responde a las peculiaridades del país, como el bloqueo impuesto por EE UU, las crisis por los malos manejos económicos o el surgimiento de pactos corruptos para comprar lealtades, señalan los especialistas. Hay mafias de tráfico de personas que capitalizan el éxodo masivo de venezolanos o el contrabando de gasolina, petróleo, metales preciosos y otros minerales. Alianzas ampliamente documentadas con bandas de narcos y milicias, sobre todo en la zona fronteriza con Colombia.
“La operación de grupos criminales en Venezuela no es ajena al Estado”, asegura Freitas. La distribución de estas rentas clandestinas, sostiene, es clave para la supervivencia política del régimen. “Maduro es parte de los nodos que dirigen estas redes, gana mucho dinero y compensa su falta de legitimidad con el mantenimiento de esta estructura”, agrega.
Gunson subraya que el papel del Gobierno, a menudo visto como un regulador de las dinámicas criminales, ha evolucionado: “Desde que llegó Chávez [en 1999], la corrupción se ha utilizado como un mecanismo de control: sabes que tal general o ministro está involucrado en el narcotráfico o en el saqueo de recursos públicos y tienes control sobre él”.
EE UU va un paso más allá. En 2020, al final del primer mandato de Trump, la Casa Blanca presentó una causa judicial contra Maduro y otros 14 dirigentes chavistas por narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas. Había compilado pruebas durante 20 años. Washington acusa a la cúpula venezolana de traficar con armas para las FARC y sus disidencias, orquestar envíos masivos de drogas con el cartel de Sinaloa, cobrar sobornos millonarios de los criminales, vender a sus aliados alijos previamente decomisados, y ordenar secuestros y asesinatos de capos rivales e informantes.
“Durante su encuentro en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), después de que el testigo fuera torturado y golpeado durante más de 20 días, el acusado se acercó a él y le dijo: ‘te vas a morir aquí, estás jodido, ahora ve a decirle a los gringos que te saquen de acá”, se lee en el expediente contra Hugo Carvajal El Pollo, antiguo jefe de la DIM, aprehendido por última vez en Madrid en 2021 y extraditado a EE UU en 2023. En los documentos se describe el uso del hangar presidencial en el aeropuerto de Maiquetía (el más importante del país, en Caracas) para preparar los cargamentos de cocaína, entregar documentación y uniformes oficiales a los capos o negociar precios de armas y drogas bajo el mando del general Carvajal, por el que EE UU ofrecía 10 millones de dólares.
El juicio contra El Pollo, el miembro de más alto perfil del cartel de los Soles bajo custodia estadounidense, estaba por celebrarse este año. Pero tres semanas después de que los fiscales pusieran sobre la mesa que alrededor de una decena de testigos y cooperantes —exfuncionarios, exmilitares, guerrilleros y narcotraficantes— estaban dispuestos a subir al estrado a cambio de una reducción de sus condenas, Carvajal se declaró culpable para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. En 2024, Clíver Alcalá, otro general señalado por pertenecer al cartel, recibió una sentencia de casi 22 años de prisión tras firmar un acuerdo de culpabilidad y admitir que había suministrado bazucas y granadas a grupos disidentes de las FARC.
La lista de altos mandos y miembros del círculo rojo chavista que han desfilado en la última década por los pasillos de la justicia estadounidense, como detenidos o como testigos, es interminable. Y ha influido en la construcción de los casos abiertos contra el Gobierno de Maduro. En 2014, por ejemplo, Leamsy Salazar, antiguo jefe de seguridad de Chávez, huyó a EE UU bajo el amparo de la DEA y declaró que Cabello era uno de los líderes de los Soles, mucho antes de que Trump siquiera diera el salto a la política.
Es una estrategia legal similar a la utilizada en EE UU contra los carteles mexicanos: buscar la colaboración de capos de menor rango para atrapar a peces más gordos. “No quiere decir que lo que cuentan esos testigos sea falso, pero muchas veces se trata de gente que está buscando el visto bueno de las autoridades para reducir sus penas”, señala Gunson. Es, también, una forma de estrechar el cerco sobre el régimen venezolano e incentivar las delaciones.
El regreso de Trump supuso una nueva apuesta por las medidas de mano dura frente a Maduro. Gunson, sin embargo, considera que el despliegue naval en el Caribe y la campaña contra el cartel de los Soles han servido al líder venezolano para hacerse fuerte hacia dentro y agitar la bandera de que enfrenta “una amenaza sin precedentes” para contrarrestar su falta de popularidad.
La cuarta parte de la cocaína mundial
Pero el enfoque negociador del expresidente demócrata Joe Biden tampoco destrabó la crisis: el chavismo se ha perpetuado en el poder y mantiene el control del país. También de las economías clandestinas. Transparencia Internacional estima que, bajo el amparo del Gobierno de ese país, el narcotráfico obtuvo en 2024 ganancias de 8.236 millones de dólares, y que casi una cuarta parte de la cocaína en el mundo pasa por Venezuela. El régimen de Maduro, en cambio, sostiene que en el país “no se producen ni se trafican drogas”.
El telón de fondo es la llamada guerra contra las drogas, pero el enfrentamiento tiene marcados tintes políticos. Desde la clandestinidad, la oposición encabezada por María Corinna Machado ha tratado de capitalizar las tensiones y el chavismo ya ha amagado con tomar represalias. “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”, afirmó Cabello el miércoles.
El choque también ha provocado una reacción en cadena en todo el continente. En el último mes, al menos cuatro países con gobiernos conservadores han declarado al cartel de los Soles como organización terrorista, en un guiño a la Administración de Trump: Ecuador, Paraguay, República Dominicana y la Argentina de Javier Milei, uno de sus principales socios en Latinoamérica. En España, el ultraconservador Vox registró proposiciones en el Congreso y el Senado para incluir al cartel en el listado de grupos terroristas de la UE.
“Hemos visto muchas veces cómo los políticos de derecha agitan el fantasma de Venezuela para sacar rédito”, afirma Gunson. “Pero Petro también ha caído en la trampa de Trump al alinearse con Maduro: no creo que sea una manera muy inteligente de ganar puntos”. Las tensiones recientes, dice, también iluminan el fracaso de las instancias multilaterales y la falta de unidad para plantear soluciones ante los focos de conflicto en la región.
Al margen del juego político, el riesgo de una escalada no está del todo descartado. “En Venezuela, esta retórica sobrecalentada está el orden del día, pero hay que reconocer que la situación es de muchísima tensión”, cierra Gunson desde Caracas.
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