La coacción a empleados públicos se intensifica. Bajo la amenaza de despido, se les exige alistarse en la Milicia o participar en actos políticos del Gobierno. Esta presión los confronta con un ceder ante las órdenes o arriesgar su empleo y su precaria remuneración en medio de la crisis económica.
Caracas. Un lunes cualquiera, Gonzalo*, analista de nómina en el sector público, recibió una llamada de su jefe. El anuncio, más que una instrucción, fue una exigencia: cada empleado debía grabar un video con un mensaje de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
El material audiovisual se difundiría en redes sociales como respuesta a la recompensa de 50.000.000 de dólares ofrecida por Estados Unidos por la captura del mandatario.
“Nos dijeron que era una orden de arriba y que habría consecuencias si nos negábamos a participar. Otras veces nos han pedido ir a marchar, pero esta vez se pasaron. El día que me obliguen y pretendan grabarme pondré la renuncia”, contó.
En un país donde el salario mínimo equivale a un dólar mensual, la coacción política enfrenta a los trabajadores a un dilema entre la lealtad forzada y la dignidad personal. La historia de Gonzalo no es un caso aislado; refleja un patrón de control y hostigamiento en el sector público.
Fuentes consultadas por Crónica Uno señalaron que la coacción laboral es un problema de larga data, aunque ha mutado con el tiempo. Lo que antes se limitaba a convocatorias para marchas o votaciones a favor del oficialismo, ahora se trasladó al terreno digital.
La exigencia de difundir propaganda en redes sociales se convirtió en una táctica de manipulación política donde está en juego la permanencia en el cargo.
En nombre de la “patria”
Recientemente, trabajadores de Inparques denunciaron que los citaron a una actividad de alistamiento militar para “defender la soberanía de la patria”. La orden circuló en un chat de WhatsApp y generó malestar.
Los empleados consideran que se trata de otro intento de militarizar la administración pública y ejercer control.
Como a Gonzalo, a muchos en ministerios y entes públicos les ocurre lo mismo. Su experiencia personal abre la puerta a un relato mayor: el de un sistema que ejerce presión sobre toda una colectividad.
Gricelda Sánchez, presidenta de la Asociación Civil Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi), explicó que el acoso laboral es una práctica instaurada por el chavismo contra la cual los trabajadores se rebelan con firmeza, sobre todo cuando implica actividades de proselitismo político.
«Recibimos muchas denuncias y evidenciamos que hay bastante resistencia. Lo más común es que un gran porcentaje opta por ignorar estas acciones, a pesar de las amenazas.»,
aseguró.
Un problema sistemático
A largo plazo, el hostigamiento y el control minan la estabilidad emocional de los empleados. El temor al despido y la persecución impactan en la salud mental, sobre todo por la amenaza de perder la ya precaria estabilidad económica.
«El hecho de que los obliguen a ponerse una franela en contra de su voluntad genera un impacto tremendo. Pero al ponerles esa franela no pueden cambiar sus pensamientos. Los trabajadores han demostrado que quieren un mejor país y que hay espacio para todos. Hay gente que se niega a irse porque aún cree en su país y por eso insistimos en que este hostigamiento debe cesar ya», dijo.
El artículo 89 de la Constitución establece que el trabajo es un hecho social y prohíbe la discriminación por motivos políticos, de edad, raza, sexo, credo o cualquier otra condición.
Sin embargo, las denuncias documentadas por organizaciones de la sociedad civil evidencian cómo la administración utiliza su posición para reprimir la disidencia.
De acuerdo con cifras del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (SUNEP-SAS), 1920 líderes sindicales habían sido víctimas de jubilaciones forzosas y despidos injustificados hasta 2022, en represalia por su participación en protestas opositoras.
Esta medida contraviene tanto la Ley del Trabajo como las convenciones colectivas, pues en ambas se establece que los líderes sindicales no pueden ser removidos de sus puestos de trabajo o jubilados hasta terminar su labor de representación sindical.
Control y “soberanía”
El gobierno, por su parte, ha defendido públicamente las jornadas de alistamiento y participación política como actos de “defensa de la soberanía” y de “unidad nacional frente a las agresiones extranjeras”.
Esa narrativa oficial contrasta con las denuncias de sindicatos y ONG, que las califican de mecanismos de control.
El 22 de agosto pasado, el gobierno de Nicolás Maduro convocó a una jornada de alistamiento para enfrentar las supuestas amenazas de Estados Unidos.
Carmen*, una empleada de un aeropuerto, contó que, tras el anuncio, la obligaron a hacer un reporte para contar cuántos empleados se habían alistado en la Milicia.
“Enviaron las indicaciones a través de un grupo interno e insinuaron que botarían al que no cumpliera. La mayoría, por temor a perder sus empleos, fue a registrarse. Con lo difícil que está la situación, nadie puede darse el lujo de quedar sin empleo y ellos lo saben. Por eso se valen de la necesidad”,
señaló.
Datos que dimensionan el problema
En 2017, durante las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, la administración de Maduro hizo un llamado público a los trabajadores estatales para organizarse y asegurar el voto masivo. Provea, una ONG de derechos humanos, recibió múltiples denuncias sobre esta coacción.
En 2024, el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical (Inaesin) reveló que 63 % de los reclamos laborales se relacionaron con despidos, y que el 90% de las denuncias fueron presentadas por trabajadores del sector público, lo que señala un patrón de “amedrentamiento”.
En los meses posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció una “escalada de persecución y hostigamiento” contra trabajadores públicos.
Reportaron despidos en instituciones como Pdvsa, Corpoelec y en el sector de la salud.
Sánchez explicó que, aunque el hostigamiento ocurre en todos los sectores, el gremio docente ha sido uno de los más afectados. Señaló que en la mayoría de los casos a los trabajadores se les saca de nómina como forma de despido indirecto por desobedecer las coacciones.
«Nos hemos movido, pero es difícil reingresarlos en nomina porque no hay comunicación interna en el ministerio. La inspectoría maneja estos casos y muchas veces se quedan allí. La situación es crítica».
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
Lea también:
Las mujeres activistas, un blanco diferenciado en medio de la represión política
No hay comentarios.:
Publicar un comentario