Provea denunció que dejaron presas a la mamá y hermana de Pedro Andrade Hernández en Valera
La ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la detención de la mamá, un sobrino y una hermana del dirigente político Pedro Andrade Hernández en la ciudad de Valera, estado Trujillo, que ocurrió este jueves 11 de septiembre.
Según detalla la organización no gubernamental unos 100 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía de Trujillo y el Comando Nacional contra Extorsión y Secuestro (Conas) llegaron a la vivienda de Andrade Hernández. Pero al no encontrarse en el lugar, los funcionarios arrestaron a sus familiares directos.
«Los denunciantes indican que la madre de Pedro Andrade Hernández, Sra. María Nolberta Hernández Ramírez, de 71 años, y su hermana Liseth Jackeline Andrade Hernández, siguen detenidas en la sede de la Policía del estado Trujillo («La 20″) en Valera», reseñó en su cuenta de la red social X la organización.
Ocurrió lo mismo que con la familia Guillén
Es la segunda vez en menos de una semana que ocurre un hecho similar. El pasado fin de semana en la urbanización Paso Real, del municipio San Diego del estado Carabobo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron a la vivienda de Miguel Guillén para arrestarlo, pero al no encontrarse detuvieron a su mamá de 72 años y un hijo de 17 años.
Al adolescente lo obligaron al siguiente día a llamar a su hermana de 21 años, que acudió a un comando de la PNB con su hija de dos años. A los cuatro los dejaron arrestados. El 8 de septiembre liberaron al adolescente y su sobrina, pero la señora, Miriam Fernández Ruiz, y su nieta, Chantal Guillén Ibarra, quedaron privadas de libertad.
Miguel Guillén es un colaborador del Comando Con Venezuela que prestó apoyo a la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia para las elecciones de julio de 2024.
Provea destaca que Andrade Hernández participó recientemente en un pancartazo, una protesta en la que denunció los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sin mostrar las actas proclamó la victoria de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la misma Provea han denunciado que en Venezuela se institucionalizó la desaparición forzada, que la primera organización define que se usa «como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto».
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