Según el Foro Penal Venezolano, hay 823 presos políticos, de los cuales 101 son mujeres, 170 son militares y cuatro adolescentes. Cinco tienen más de 20 años presos: los efectivos de la Policía Metropolitana Erasmo Bolívar, Luís Molina y Héctor Rovaín, quienes hicieron lo posible por evitar la masacre del 11 de abril 2002 propiciada por el presidente Hugo Chávez. Fueron imputados sin pruebas por la fiscal Haifa El Aissami y sentenciados por la jueza Marjorie Calderón, hoy magistrada del TSJ. Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara están presos desde el 2004 por supuesta participación en asesinato de fiscal Anderson. Un año después del juicio, Giovani Vásquez, el único testigo, declaró que fue un montaje del Fiscal General Isaías Rodríguez. Los tres fueron trasladados recientemente a sitios desconocidos.
Del total de presos señalados, 89 tienen doble nacionalidad o son extranjeros de 22 países. Cabe destacar el poco o ningún interés de sus respectivas embajadas en gestionar la libertad o, al menos, presionar por mejores condiciones de encierro. Uno de esos casos es el de la venezolana-española Rocío San Miguel.
A esos 823 presos políticos hay que sumar el de sus parejas, madres, padres, hijos y familiares cercanos quienes también sufren las consecuencias de esos encierros injustos. La vida les cambió al tener que estar pendientes de traslados sin previo aviso y a veces a destinos desconocidos, llevarles comida, soportar colas para ingresar a las ergástulas, requisas humillantes y suspensiones intempestivas de la visita, así como agresiones de grupos paramilitares maduristas cuando realizan reclamos ante los tribunales.
Como es público y notorio, las persecuciones del régimen incluyen a los familiares de personalidades de la oposición. Un caso emblemático es el de Rafael Tudares, quien está preso en un sitio desconocido solo por ser yerno del presidente electo Edmundo González. Otro es el de los atropellos y amenazas a los miembros del Comité por la Libertad de los Presos Político Venezolanos ( CLIPPV).
Bajo la narcodictadura de Maduro/Cabello/Padrino se considera delito protestar por la liberación de los presos políticos, por la escasez de agua, electricidad, gas doméstico de bombonas o por el alto costo de la vida en un país cuyo salario mínimo mensual es de alrededor de un dólar estadounidense. Nuestro reconocimiento a quienes se atreven a levantar la voz para denunciar que en Venezuela la situación socio-económica es cada día peor. Contrario a lo que dicen algunas personas mal informadas o mal intencionadas, nada se ha arreglado. Solo existen unas burbujas de bienestar alrededor de quienes se aprovechan de los dineros del Estado.
Nuestro reconocimiento a los valientes miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela(CLIPPV), cuyas caras más visibles son Andreína Baduel, hija de Raúl Isaías Baduel, a quien el régimen dejó morir por falta de asistencia médica, y hermana del preso político Josnar Baduel. Sairam Rivas, joven que fue dirigente estudiantil y es miembro del partido Bandera Roja, que protesta por su pareja Jesús Armas y por el resto de los presos, y Aurora Silva de Superlano, esposa del dirigente político de Voluntad Popular Freddy Superlano.
La gran mayoría de los últimos presos y desaparecidos son de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, cuya actividad fue adiestrar a los miembros y testigos de Mesas en la elección presidencial, así como trabajar para obtener las actas que evidenciaron ante el mundo la derrota abrumadora de Nicolás Maduro y el triunfo de Edmundo González. El Informe del 19 de septiembre de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU señala que “jueces, fiscales y defensores públicos han avalado detenciones arbitrarias, negado recursos legales y actuado bajo presión política”. La pelota sigue en la cancha de la Corte Penal Internacional.
Como (había) en botica:
El dirigente político y excandidato presidencial Enrique Márquez tiene ocho meses presos sin justificación alguna. Gregory Sanabria pasó cuatro años preso en Venezuela por las protestas estudiantiles del 2014. Emigró a Estados Unidos en 2022 por los caminos verdes, se presentó en inmigración solicitando asilo, pero en el 2025 fue detenido en Texas por las órdenes arbitrarias de Trump y estuvo cuatro meses preso. Afortunadamente, un juez ordenó su libertad y le otorgó asilo.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario