La Casa Blanca, bajo el liderazgo de Donald Trump en su segundo mandato y con Marco Rubio como figura central de la política hacia Latinoamérica, ha adoptado una posición de abierta confrontación con José Luis Rodríguez Zapatero.
Washington considera al expresidente español un interlocutor inválido e incluso perjudicial en los esfuerzos diplomáticos para democratizar Venezuela, debido a su cercanía con Jorge y Delcy Rodríguez y a sus intentos de mediar al margen de la línea marcada por Estados Unidos.
El equipo de Rubio —quien desde su etapa en el Senado fue un duro crítico del chavismo y ahora dirige la diplomacia estadounidense— lo ha convertido en símbolo de lo que en Washington se califica como una blanda complicidad con el chavismo.
Esa animadversión quedó patente esta semana. El subsecretario de Estado Christopher Landau sugirió públicamente retirarle el visado de entrada a EE.UU. en un mensaje de redes acompañado por la caricatura de «El Quitavisas», inspirada en la batiseñal de Batman. Con sorna, el diplomático situó a Zapatero en la misma categoría que altos cargos chavistas, empresarios bolivarianos y familiares del entorno de Maduro sancionados por Washington.
La amenaza no es menor: supondría vetar su presencia en cualquier foro internacional celebrado en territorio estadounidense, cerrarle la puerta de la Organización de Estados Americanos —donde en el pasado logró cierto protagonismo— y marcar un precedente al aplicar a un expresidente europeo una herramienta de presión reservada normalmente a regímenes acusados de corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos.
«El quitavisas» no es solo una broma viral; es la muestra de que EE.UU. ha agotado su paciencia con quienes, desde Europa, mantienen lazos de interlocución con un régimen que Washington define como un cártel narcoterrorista. En paralelo, esta ofensiva se enmarca en una estrategia mayor de aislamiento del chavismo que combina sanciones financieras, procesos judiciales, restricciones migratorias y despliegues militares en la región.
La Casa Blanca insiste a ABC en que viajar a Estados Unidos no es un derecho, sino un privilegio. Esa lógica se ha aplicado en los últimos años para negar la entrada a magnates cercanos al castrismo o a políticos señalados por respaldar a gobiernos enemigos. En ese contexto, la advertencia a Zapatero busca enviar un mensaje disuasorio a cualquiera que intente apuntalar a Maduro bajo la apariencia de mediación neutral.
Los esfuerzos de mediación de Zapatero arrancaron hace casi una década, en plena crisis institucional venezolana, cuando buscó abrir un espacio de diálogo entre la oposición y el chavismo. Desde entonces —ya fuese en la OEA o auspiciados por la Unión Europea— su figura ha estado asociada a sucesivas iniciativas que nunca cristalizaron en avances democráticos reales, a pesar de sus más de 70 viajes a Caracas, muchos de ellos pagados por la dictadura.
Washington concluyó, primero de forma discreta en los últimos días de Barack Obama y después con Trump usando un tono más duro, que aquellas gestiones sirvieron más para prolongar la permanencia de Maduro en el poder que para abrir un cauce de transición. En 2020, el entonces subsecretario de Estado Michael Kozak replicó a Zapatero, que culpaba a las sanciones norteamericanas de agravar la crisis económica, aclarando que la debacle venezolana era fruto de la corrupción y la mala gestión de Maduro. «El único responsable del hambre y la miseria en Venezuela es Nicolás Maduro, no las sanciones», dijo Kozak a este diario, subrayando que consideraba a Zapatero un actor privado sin representatividad oficial.
Ya en la primera Administración Trump se había fijado una línea clara frente a él. Washington mantuvo con Moncloa conversaciones «productivas, aunque con desacuerdos», pero siempre al margen de las gestiones particulares del expresidente. La diferencia es que ahora, en el segundo mandato, la Casa Blanca y el Departamento de Estado lo consideran no solo irrelevante, sino contraproducente dentro de la estrategia de máxima presión contra el chavismo.
Perpetuar el chavismo
Se le asocia además a intentos de preservar la permanencia de los hermanos Rodríguez en caso de que Maduro sea apartado, reforzando la sospecha de que trabaja para garantizar la continuidad del chavismo. En ese sentido, Zapatero pasó de ser percibido como mediador bienintencionado a colaborador de facto del régimen.
Un ejemplo citado en Washington es su postura ante las elecciones de 2018: mientras la Unión Europea y más de 50 países desconocieron los comicios por fraudulentos, Zapatero insistía en mantener el diálogo con el chavismo. La desconfianza se afianzó en 2024, cuando la oposición documentó el fraude electoral y el régimen suspendió el recuento alegando un ciberataque. Zapatero, de nuevo, se alineó con la narrativa chavista, restando legitimidad a la denuncia internacional.
La insinuación de Landau sobre retirarle el visado tuvo como detonante informaciones que lo señalaban como promotor de un plan de transición «suave» para perpetuar al chavismo sin Maduro al frente. Para Washington, esa posibilidad confirma el temor de que la dictadura busque un relevo que permita a los jerarcas —en especial a los hermanos Rodríguez— seguir en el poder sin Maduro pero con el sistema intacto.
El endurecimiento estadounidense se refleja también en medidas concretas. Rubio anunció en febrero la incautación de un Dassault Falcon 2000EX, avión privado de PDVSA utilizado por Delcy y Jorge Rodríguez y en ocasiones por Zapatero. Según el secretario de Estado, la aeronave estaba involucrada en evasión de sanciones y lavado de dinero. La operación, realizada en República Dominicana, fue presentada como un ejemplo de la determinación de EE.UU. para exigir cuentas al régimen.
Washington escucha a figuras de la oposición como María Corina Machado, que acusa a Zapatero de actuar de forma «impropia y nada transparente». Desde la clandestinidad, Machado lo señala por facilitar la salida forzada del país del candidato opositor Edmundo González Urrutia tras los comicios de 2024, lo que interpretan como una maniobra para quitar del medio a un presidente electo incómodo y allanar el camino al chavismo. «Zapatero operó con el régimen en contra de los venezolanos», declaró Machado, describiendo la expulsión de González como «una maniobra grotesca, con operadores dentro y fuera del país».
Zapatero ha reconocido que es el propio Gobierno de Maduro quien costea sus viajes a Caracas. Desde 2015 ha estado presente en todas las elecciones organizadas por el régimen, avalando con su asistencia comicios denunciados como fraudulentos. Ha declarado públicamente que Maduro «ha ganado muchas elecciones», otorgando legitimidad a resultados cuestionados por la comunidad internacional.
Lejos de apartarse del chavismo, Zapatero se ha visto incluso implicado en la salida de González Urrutia. Él la presentó como un «acuerdo humanitario», pero la oposición lo considera parte de un plan para debilitar la resistencia democrática.
Negociación con Puigdemont
A esa imagen contribuye también su actividad política en España, donde ha admitido que negocia en nombre de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. En Washington se observa como un doble juego: mediador en conflictos internos españoles mientras actúa como facilitador de la dictadura bolivariana.
La animadversión hacia Zapatero en Washington viene de lejos. En 2018 llegó a acusar a EE.UU. de ser responsable del éxodo venezolano, al atribuirlo a las sanciones económicas. Esa postura lo enfrentó con la OEA y con la mayoría de países latinoamericanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo tachó de «emisario de Maduro» y le espetó: «No sea imbécil». «El colapso venezolano no se debe a sanciones, sino a la corrupción y al narcotráfico del régimen», añadió, en un choque diplomático sonado que marcó un punto de no retorno en la imagen de Zapatero en la región.
Su rol en el fallido diálogo de República Dominicana en 2017 reforzó esas sospechas. Según fuentes participantes, se opuso a propuestas para garantizar condiciones democráticas mínimas y permitió que Maduro convocara elecciones anticipadas sin garantías. Desde entonces, Washington duda de sus verdaderas intenciones.
Desplantes a EE.UU.
Incluso antes de llegar a la Moncloa, Zapatero ya había mostrado frialdad hacia Washington. El recuerdo de su gesto en 2003, cuando permaneció sentado al paso de la bandera estadounidense en el desfile del Día Nacional, sigue presente como símbolo de desencuentro. Aquel desplante, que justificó como protesta contra la guerra de Irak y la alineación de José María Aznar con George W. Bush, fue muy mal recibido por las autoridades norteamericanas y dejó una huella difícil de borrar.
En 2016, cuando se presentó como mediador internacional junto a otros expresidentes iberoamericanos, Washington le concedió un voto de confianza cauteloso. Pero pronto el desencanto se impuso, sobre todo tras comprobar cómo avalaba procesos electorales sin garantías.
Hoy, casi una década después de sus primeras incursiones en la crisis venezolana, Zapatero se encuentra en la insólita situación de ser tratado poco menos que como persona ‘non grata’ por la Casa Blanca. Lo que comenzó como una mediación oficiosa ha derivado en un abierto rechazo. El mensaje de la Administración Trump II es claro: en la estrategia de Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela no hay lugar para intermediarios que otorguen oxígeno al régimen. Zapatero ha pasado de promotor de diálogos a ser visto como cómplice y obstáculo y, por tanto, no es bienvenido en Washington.
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