Pedro Benítez (ALN).- Este martes el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum extraditó 26 presos a Estados Unidos, todos vinculados al narcotráfico. La operación fue anunciada en un comunicado conjunto de la Fiscalía General (FGR) y de la Secretaría de Seguridad mexicana, y el Departamento de Justicia estadounidense.
Entre los extraditados se encuentran figuras de alto perfil como Abigael González Valencia (“El Cuini”), Servando Gómez (“La Tuta”) y Juan Carlos Félix Gastélum (“El Chavo Félix”). La operación forma parte de un acuerdo con la administración de Donald Trump mediante el cual México entrega a estos individuos, con cargos por delitos graves al norte de la frontera, con la garantía de que no se les aplicará la pena de muerte.
Esta es otra señal muy clara de cómo Sheinbaum ha adoptado una postura más agresiva en seguridad interna, a fin de desalentar una intervención militar estadounidense en territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico.
Ya, en febrero de este mismo año, autorizó la extradición de otras 29 personas vinculadas a los cárteles del Golfo, los Beltrán Leyva, Los Chapitos, Los Zetas, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Por su magnitud fue una operación sin precedentes, pues todos los grupos importantes del narco mexicano fueron tocados.
De todos ellos el más destacado fue Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, fundador del Cártel de Guadalajara. Durante cuarenta años las autoridades antinarcóticos estadounidenses quisieron ponerle las manos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
Sin embargo, siete presidentes mexicanos evadieron deportarlo, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), bajo cuya administración volvió a la cárcel. De modo que Sheinbaum hizo lo ninguno de sus antecesores se atrevió: lo montó en un avión del Ejército rumbo a la ciudad de Nueva York donde, esposado de pies y manos, fue entregado a decenas de agentes de la DEA. Allí, el capo de 72 años fue puesto a la orden de un tribunal.
Pero lo que la administración Trump pudo exhibir como un éxito de su política de amenazas pasó por debajo de la mesa porque ese fue el mismo día que al presidente, y al vicepresidente J.D. Vance, les dio por insultar a Volodimir Zelenski en el Despacho Oval.
No obstante, para Sheinbaum este asunto reviste una gravedad vital. En una de sus primeras ordenes ejecutivas, Trump designó a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas (el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha) como organizaciones terroristas internacionales. Ese fue el primer pasó para concretar una idea que en el partido republicano se ha venido planteando abiertamente: enviar Fuerzas de Operaciones Especiales (entrenadas para actuar en zonas bajo control del enemigo) a fin de ejecutar o detener a miembros de cárteles del narco, o bombardear sus laboratorios y centros de distribución en territorio mexicano, sin el consentimiento del gobierno de ese país.
Según el ex secretario de Defensa, Mark Esper, fue el propio Trump quien a principios de 2020 planteó la posibilidad de lanzar misiles a México para destruir laboratorios de droga. El asunto no quedó allí pues desde entonces legisladores republicanos han preparado tres proyectos de ley que le otorgan al presidente poderes de guerra similares a los que se le dieron a George W. Bush antes de las invasiones de Afganistán e Irak, pero en este caso contra esas organizaciones criminales extranjeras. En uno de ellos se designa a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
No obstante, el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, ha afirmado que el presidente podría “bombardear laboratorios de fentanilo y centros de distribución con su propia autoridad constitucional como comandante en jefe, sin autorización del Congreso”.
El vicepresidente Vance resumió la cuestión así: “le dices al presidente mexicano, o lo haces tú o lo hacemos nosotros”.
En México estas amenazas se lo toman muy en serio. En la etapa final del gobierno de AMLO se desató una aterradora espiral de violencia criminal en el estado de Jalisco que sus críticos atribuyeron a la fallida política de “abrazos y no balazos”. Sheinbaum, sin mucha alaraca, ha cambiado totalmente esa política.
Cuando extraditó a los 29 capos en febrero, aclaró que la decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad para proteger al país, ante la posibilidad de que jueces nacionales los liberaran, y no como un gesto hacia el gobierno de Trump.
Durante años, la extradición era vista en México como una cesión de soberanía. Los gobiernos temían la percepción interna de “subordinarse” a su poderoso vecino, especialmente en casos emblemáticos como el de Caro Quintero, quien estuvo prófugo casi nueve años después de su liberación. Fue recapturado en julio de 2022 en Sinaloa por la Marina, pero incluso entonces su extradición se retrasó por nuevos amparos y procedimientos judiciales internos.
La izquierda mexicana, junto con nacionalistas del PRI, corrientes que hoy forman parte del oficialista Morena, fueron abiertamente contrarios a la extradición de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos.
Los propios presidentes del PRI eran reacios a este tipo de medidas y la Constitución lo prohibía.
Pero con el aumento de la violencia del narcotráfico el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó cambios legales a fin de permitir extradiciones rápidas. Sin embargo, no fue sino hasta los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón que México empezó a extraditar a capos de alto perfil como Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix.
Morena no existía aún, pero varios de sus futuros dirigentes (entonces en el PRD o movimientos sociales) criticaron esa política y ese fue el discurso de AMLO antes de llegar a la presidencia
En la campaña electoral de 2018 dijo que México debía priorizar juzgar en casa a los criminales y que la extradición debía ser excepcional.
Sheinbaum ha mantenido, algo matizado, el mismo discurso, pero en la práctica, como se podrá apreciar, hace todo lo contrario.
A propósito de los comentarios del embajador estadounidense, Ronald Johnson, quien no descartó “usar todas las cartas” contra los cárteles en territorio mexicano, dijo: “No, eso no está sobre la mesa, ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no”.
“No va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, agregó.
Pero paralelamente ha intensificado los esfuerzos de su administración contra el Cártel de Sinaloa. En lo que va de año en ese estado se han detenido a 1.487 personas, desmantelado 91 laboratorios de metanfetamina, y decomisado un millón de pastillas de fentanilo, más de tres mil armas de fuego y 53 toneladas de droga.
Curiosamente (hasta ahora) el secretario de Estado, Marco Rubio, cumple el papel del policía bueno. Es el principal aliado de Sheinbaum en la estrategia de presentarle a Trump resultados concretos.
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