El Gobierno de Venezuela amenazó con expulsar nuevamente a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta acción ya había sido ejecutada en febrero de 2024 cuando el canciller Yván Gil dio 72 horas para que la representación abandonara Caracas.
Luego, en noviembre de 2024, el Gobierno acordó reanudar su cooperación con la Oficina con efecto inmediato, en virtud de la Carta de Entendimiento. Pero el regreso solo fue a medias.
La misión “lamenta el acceso muy limitado que se le ha concedido en el país desde entonces (solo se ha concedido el regreso a un funcionario internacional), lo que afecta su capacidad para desempeñar plenamente su mandato, incluida la supervisión y la presentación de informes, así como la asistencia técnica”, se lee en el informe publicado la semana pasada por esta misión, en la que actualizó detalles sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.
Esto generó una reacción contraria en las autoridades venezolanas. El Ministerio Público rechazó el informe oral presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, «por constituir una nueva agresión diplomática e injerencista contra la soberanía y el sistema de justicia venezolano».
Esto dio paso a que el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, declarara persona non grata a Türk y a los miembros de su oficina, acusándolo de guardar silencio sobre los 252 migrantes venezolanos “secuestrados” en El Salvador y los 18 menores de edad “retenidos” en Estados Unidos.
Los diputados también aprobaron por unanimidad solicitar a Nicolás Maduro que Venezuela “se salga” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mientras Türk “esté a cargo”.
Una posible nueva expulsión depende de que el Ministerio de Relaciones Exteriores “expulse a la única persona que está en la oficina en Caracas”, recuerda a EL TIEMPO Alí Daniels, defensor de derechos humanos, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia.
La oficina del alto comisionado se instaló en Venezuela en 2019, justo después de una visita de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien entonces ocupaba el cargo de Alta Comisionada.
Aunque en el pasado fueron aliados ideológicos, el chavismo comenzó a criticar las posturas de Bachelet, quien denunciaba la constante violación de los derechos de los venezolanos.
Con la instalación de ese equipo en Caracas, se continuó el registro de manera más detallada de las denuncias de las víctimas, documentando con precisión.
Si la Oficina sale, “básicamente afectaría el contacto directo con las víctimas”, dice Daniels, puntualizando que la documentación de violaciones de derechos humanos seguiría igual, “pero para las víctimas es importante poder hablar en persona con la persona de la oficina”.
¿Qué dice la misión de derechos humanos de la ONU sobre la situación en Venezuela?
El reciente informe de la Misión cuestionó las detenciones arbitrarias, intimidación a través de internet y redes, así como desapariciones forzadas y cierre del espacio cívico.
Para ello, la oficina evaluó la situación del país suramericano desde el 1° de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, evidenciando un deterioro en el respeto de los derechos humanos, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sobre el opositor Edmundo González, hoy exiliado en España.
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