El Gobierno de Gustavo Petro limitó las alternativas de regularización para los venezolanos, dejando a un lado las estrategias que había heredado de las dos administraciones anteriores para gestionar la migración de forma segura. En este lapso vencieron los términos de registro de los permisos especiales de permanencia y del Estatuto Temporal de Protección dejando a esa población sin rutas de regularización seguras.Quienes llevan varios años radicados en Colombia de forma regular están tocando las puertas del Estado para pedir una cédula de extranjería, argumentando su permanencia en el país como el motivo para conseguir ese documento. Pero, para aquellos que apenas migran o que no hicieron los trámites administrativos a tiempo, la única posibilidad es la visa especial de visitante venezolano que el Gobierno creó y que es difícil de conseguir.
SEMANA conoció que solo el 11,6% de las solicitudes que llegan a la Cancillería pidiendo ese documento han sido aprobadas. La resolución que creó ese mecanismo de regularización comenzó a regir en diciembre de 2024 ese detalle da cuenta de que los migrantes han tenido que quedarse en Colombia de manera irregular.
Ese dato fue obtenido mediante un derecho de petición enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa cartera no dio detalles en cifras sobre la cantidad de visas que le han negado a los venezolanos. Lo cierto es que desde el robo electoral de 2024, en el que Nicolás Maduro se aferró aún más al poder en el Palacio de Miraflores, han migrado más personas desde ese país hacia Colombia, muchas de ellas quienes se dedicaban a la vida política, el activismo y la defensa de los Derechos Humanos.
La Cancillería asegura que “los datos en materia de expedición de visados construyen un tipo de información crítica a los intereses del Estado, tanto en el ámbito de la seguridad nacional, como en el ámbito de las decisiones y negociaciones que constantemente se emprenden en desarrollo de la política exterior del país”.
Colombia está exigiendo documentos apostillados, certificados de ingresos, datos de los movimientos migratorios, información de las personas que conviven con el solicitante y hasta adjuntar el último título académico obtenido o una carta de sustentación económica, documentos adicionales que los solicitantes de visa no están pudiendo recolectar.
Por ejemplo, en Venezuela persisten los obstáculos para acceder a los documentos oficiales del Estado para apostillar esos salvoconductos y en medio del fenómeno de movilidad humana hay quienes salieron del país sin todos sus documentos al día.
“La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay un margen alto de personas en situación irregular que no se conoce dónde están, entre 1,2 y 1,5 millones de venezolanos que no están registrados”, apuntó el abogado de la ONG Plan País, César González.
El Gobierno expidió un decreto que creó el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-tutor) desde septiembre de 2024. No obstante, ese esquema todavía no está operando y los extranjeros que llegaron al país con la responsabilidad de cuidar a menores de edad tampoco han podido regularizarse.
El otro camino es más complejo: la solicitud del estatus de refugiado. Entre 2015 y 2024 se documentaron 64.000 solicitudes de ese trámite a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado con tiempos de espera promedio de tres años en los que la mayoría de solicitudes no han sido acogidas.
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