La ONG Amnistía Internacional aseguró este 15 de julio, en su informe «Detenciones sin rastro», que las desapariciones forzadas en Venezuela «no ocurren de forma aislada ni aleatoria, sino que responden a un patrón estructurado», al analizar 15 casos de estas prácticas consideradas delitos de lesa humanidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En su análisis reiteraron que para que ocurra una desaparición forzada deben responder a tres elementos, todos ellos demostrados en su estudio:
1) La privación legal o ilegal de la libertad de una persona
2) Llevada a cabo por o con la participación de agentes estatales, o de personas actuando con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado
3) Y seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha detención o de informar sobre el paradero de una persona, y como consecuencia, sustrayendo a la persona de la protección de la ley y las garantías procesales.
Esto de acuerdo con criterios internacionales contemplados en el Estatuto de Roma y otros organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Políticos, defensores, periodistas y extranjeros entre quienes están en desaparición forzada
En específico, el informe se enfocó en las detenciones del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz; Andrés Martínez (español), Damián Rojas, Danner Barajas (colombiano), Dennis Lepaje, Eduardo Torres (abogado y miembro de Provea), Eudi Andrade, Fabián Buglione (uruguayo), Jorgen Guanares, Jose María Basoa (español), Lucas Hunter (francoestadounidense), Raymar Pérez, Rory Branker (periodista de La Patilla, Rosa Chirinos y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano).
El documento señala que «en todos los casos documentados por Amnistía Internacional, la autoridad no dio información o se negó a reconocer el paradero de la persona detenida. De todos ellos, al menos en dos, la autoridad ni siquiera ha informado sobre la detención a pesar de que existe información que indica que las personas fueron detenidas por agentes del Estado».
Estos últimos dos casos son los de Fabián Buglione y Lucas Hunter, mientras que en el de Guanares que tampoco hay información sobre su aprehensión, aunque se cree la practicaron agentes del Estado.
Quiénes son los 15 presos en desaparición forzada que estudió Amnistía
«Adicionalmente, en los casos de Damián Rojas, Rory Branker, Andrés Martínez, Jose María Basoa, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Yevhenii Petrovich Trush y Eudi Andrade autoridades estatales han confirmado las detenciones, pero se desconocen sus paraderos al momento de cierre de este informe», explican.
En los arrestos determinaron que se encuentran detenidos en sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como El Helicoide; el comando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta y cárceles como El Rodeo I que depende del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
«De los 15 casos documentados para este informe, la organización ha constatado que en todos ellos se privó a las personas de la protección de la ley. En aquellos casos en los que posteriormente la desaparición forzada cesó, igual la persona se mantuvo prácticamente indefensa frente a un sistema de justicia supeditado a la maquinaria represiva del Estado», añadieron.
Además, sus familiares desconocen si los presentaron ante la justicia como corresponde según la ley procesal venezolana. Incluso en por lo menos cuatro casos, un defensor público (abogado designado por el Estado) le informó a la familia que sí ocurrió ese procedimiento, le imputaron cargos y se le sometió al proceso penal.
«De los 15 casos documentados en este informe, en 12 de ellos las familias intentaron presentar un recurso de habeas corpus o amparo ante un juez competente. Sin embargo, en cuatro casos el recurso ni siquiera fue admitido a trámite, y en los ocho restantes, aunque eventualmente fueron aceptados para su tramitación —algunos tras múltiples intentos—, no se obtuvo ninguna respuesta por parte del tribunal».
La organización añadió que «en ninguno de los casos en los que se tramitó un habeas corpus resultó ser un recurso efectivo, y mucho menos fue tramitado dentro del plazo expedito que establece la ley».
Denunciaron que con las presidenciales de 2024 se recrudeció la persecución en el país, en concreto contra opositores o personas percibidas como tales por parte de la gestión de Nicolás Maduro.
«Se reafirma una vez más el carácter sistemático del ataque, evidenciado en el uso coordinado del aparato de seguridad y del sistema de justicia para llevar a cabo desapariciones forzadas. Fuerzas de seguridad, Ministerio Público, defensa pública, poder judicial y servicios penitenciarios, entre otras instituciones, actúan de manera articulada y con un objetivo común, empleando recursos públicos considerables para perseguir y hacer desaparecer a personas disidentes o percibidas como tales», dijeron.
Recomendaciones a Venezuela ante desapariciones forzadas
En sus recomendaciones finales piden al Estado poner fin a las desapariciones forzadas, lo cual incluye las de corta duración; revelar el paradero de todas las personas que se encuentran en esta condición; liberar a quienes se encuentran en cárceles por razones políticas y los detuvieron arbitrariamente; acabar con las incomunicación, torturas y tratos crueles contra personas presas políticas, además de facilitar el acceso consular a las personas extranjeras detenidas.
Otras que proponen son «garantizar la independencia del poder judicial y el respeto al debido proceso, absteniéndose de utilizar el sistema de justicia penal como instrumento de represión o persecución política», así como investigar y juzgar a los responsables de crímenes de derecho internacional y respetar el recurso de habeas corpus contra quienes se encuentran en desaparición forzada.
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