El gobierno del presidente Donald Trump envió a cinco inmigrantes al pequeño reino surafricano de Esuatini, antigua Suazilandia, como parte de una ampliación del programa de deportación a terceros países, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En una publicación en la red social X, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, indicó que los expulsados son originarios de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen.
McLaughlin se refirió a los expulsados como «delincuentes tan bárbaros que sus países rechazaron recibirlos». Según el DHS, son culpables de delitos como el asesinato y, en un caso, violación de un menor.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha defendido las llamadas deportaciones a terceros países, calificándolas de necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que son objeto de deportación a veces se niegan a aceptarlas.
En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para que el gobierno de Trump reanudara las deportaciones de migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
Estados Unidos ya había enviado a ocho hombres a otra nación africana, Sudán del Sur, después de que la Corte Suprema levantara las restricciones para enviar personas a países con los que no tienen vínculos.
Las autoridades de Suazilandia no hicieron comentarios de inmediato sobre el acuerdo para aceptar deportados de terceros países ni sobre su futuro en ese país.
El gobierno de Trump ha afirmado que busca más acuerdos con países africanos para recibir deportados de Estados Unidos. Algunos se han opuesto, como Nigeria, que afirma rechazar la presión estadounidense para recibir deportados de otros países.
Estados Unidos también ha enviado a cientos de venezolanos y otros a Costa Rica, El Salvador y Panamá.
Suazilandia es un país de aproximadamente 1.2 millones de habitantes ubicado entre Sudáfrica y Mozambique. Es una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el mundo y la última de África.
Allí, el rey Mswati III gobierna por decreto desde 1986. De 57 años, el monarca ha sido criticado por su lujoso estilo de vida y ha enfrentado acusaciones de violaciones de derechos humanos.
Los partidos políticos están prácticamente prohibidos y los grupos prodemocráticos llevan años afirmando que las autoridades han reprimido cualquier disidencia política, a veces con violencia.
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