La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descalificó este sábado el informe preliminar de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial en México, que se llevó a cabo el pasado 1 de junio y señaló que no está dentro de las funciones del organismo «dar recomendaciones».
«No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial», declaró Sheinbaum a medios sobre el informe en una parada de una gira de trabajo que cumple por el estado de Morelos, vecino a Ciudad de México, en el centro del país.
«La Organización de Estados Americanos mandó a unos observadores a México el día de la elección, y pues está bien, que opinen si fue pacífica, si no hubo problemas», apuntó la mandataria en el municipio de Coatetelco, Morelos.
«Pero ahora ya quieren opinar sobre el sistema que decidieron los mexicanos para elegir a los miembros de la Corte, los magistrados y los jueces, no tienen atribución para ello, que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde (sus recomendaciones) (…)», añadió.
Shienbaum recordó que la propia OEA apunta en sus estatutos que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos y las naciones.
La mandataria mexicana se expresó en el mismo sentido en el que lo hizo previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, que a través de la Misión Permanente de México ante la OEA, expresó este sábado su «firme rechazo» a las recomendaciones contenidas en el informe preliminar de los observadores al asegurar que «rebasó su mandato».
En una nota diplomática dirigida al secretario general de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, la Cancillería mexicana dejó constancia que la Misión de Observación Electoral (MOE) «rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización».
En particular, citó el Gobierno mexicano, el Artículo 3 (e) que señala: “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”.
La respuesta del Gobierno mexicano llegó luego de que el viernes, la MOE de la OEA recomendara «no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados en otros países de la región», tras constatar múltiples problemas en el primer proceso de este tipo en México, en el que participaron apenas el 13 % de los electores.
La SRE subrayó que una misión de observación de la OEA «no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial. Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones».
Y, agregó, que como lo señala el propio informe, la organización del proceso electoral y la celebración de los comicios del 1 de junio «se apegó estrictamente a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes en México».
El viernes, en su informe preliminar, la Misión de la OEA afirmó que este modelo no tiene precedentes a nivel mundial y que lejos de fortalecer la justicia, podría debilitar su imparcialidad, independencia y eficacia.
Para las próximas elecciones judiciales, previstas para 2027, la OEA advirtió que podrían coincidir con los comicios en todo el país y, de no modificarse el calendario electoral, aumentaría el riesgo de influencias partidistas.
El domingo 1 de junio se llevaron a cabo en México las primeras elecciones de más de 880 cargos judiciales federales, entre los que se eligió a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resultado de una reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
EFE
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