Al menos tres economistas presos y dos liberados es el reporte que hace Provea sobre la ola de persecuciones y detenciones contra los analistas en el área económica. La ONG lo califica como un “desbordamiento represivo” que pretende “callar” todas las voces que la administración de Nicolás Maduro perciba como contrarias a sus intereses.
El caso más reciente es el del profesor de la Universidad del Zulia y exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, detenido el pasado 12 de junio y actualmente en situación de desaparición forzada según sus abogados y familiares. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lo vinculó con supuestos planes para “conspirar contra la economía del país” a través del elevado valor del dólar no oficial, en “complicidad” con la líder opositora Maria Corina Machado.
“Control de las narrativas”
“Estas últimas detenciones de economistas, algunos de ellos académicos, va en la misma línea de todo lo que viene sucediendo después de las elecciones del 28 de julio y es que se envían mensajes específicos a sectores, particulares. Hace unos meses estuvieron dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ahora el mensaje represivo, ejemplarizante, es contra quien se atreva a emitir opiniones sobre temas económicos”, sostuvo la politóloga Nastassja Rojas.
Para la también profesora en Derechos Humanos, el propósito de Miraflores es ejercer un “control absoluto” de las narrativas, de la información, especialmente luego del denunciando fraude electoral del 28 de julio. En este caso sobre temas sensibles como la tasa cambiaria, la inflación y todo lo que apunte a un agravamiento de la crisis económica en Venezuela y que puedan afectar la “estabilidad” de la administración de Maduro.
“El rol que han tenido muchos de los economistas y de la academia ha sido brindar información que oculta el Estado sobre los temas económicos, sobre la moneda, la inflación y el daño que generan decisiones políticas como el decreto de emergencia económica. Es una forma de poder controlar la narrativa en ese escenario ante el pronóstico de un aumento importante de la inflación para el resto del año”, señaló Rojas.
La coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, coincide en que los nuevos patrones de persecución y detenciones arbitrarias se enfilan contra economistas, periodistas, profesionales, investigadores y defensores de derechos humanos por ser quienes hacen un monitoreo, seguimiento y documentación de la situación del país en contraste con el relato oficial. Igualmente alertó que la administración de Maduro busca ejercer un “control autoritario del relato y la verdad”.
“Venezuela hoy, ejerce un terror de Estado contra los resquicios de enemigos habituales opositores, líderes sociales, sindicalistas, partidos, estudiantes, activistas y se amplía hacia nuevos enemigos: los que revelan el fracaso estructural del sistema. Los nuevos objetivos son personas u organizaciones que denuncian y visibilizan la realidad: violencia; criminalidad, corrupción; inflación; hambre, deterioro de servicios públicos, colapso institucional y económico”, subrayó.
Contra el que informe u opine
Según la agencia Ansa, son siete los economistas que han sido apresados en las últimas semanas, dos de ellos víctimas de desaparición forzada puesto que la defensa y sus familias desconocen donde están detenidos y bajo qué condiciones. No se mencionan los nombres, pero hace una semana se alertó sobre la desaparición del economista Daniel Cadenas y el administrador Gerardo Cacique.
Esta situación precedió a la privación de libertad de Carlos Andrés Pérez Abreu, quien manejaba un perfil de la red social Instagram sobre el precio no oficial de la divisa estadounidense, llamada “Monitor dólar” y la desactivación de la cuenta.
El pasado 20 de mayo, Cabello reportó la detención de 20 personas relacionadas con el caso. Luego, el 4 de junio, se informó sobre la captura de 26 personas dedicadas al “comercio ilegal” del dólar en Petare, municipio Sucre, estado Miranda.
“Para el avance totalitario y la permanencia, el gobierno que controla el poder sin legitimidad, ahora requiere el control del sentido, del relato, de la verdad. Debe eliminar todo espejo que contradiga su narrativa. No hay participación no autorizada, no hay acciones no autorizadas, no hay una verdad no autorizada”, alerto Rendón.
Apuntó que Miraflores ahora pasa de una “hegemonía comunicacional”, a través del control de medios de comunicación, a una “hegemonía discursiva”, para tratar de controlar los testimonios de personas que hablan de la situación del país, desde los que lo hacen basados en una metodología científica -acotó- hasta ciudadanos comunes que publican contenidos en redes sociales.
La defensora de DDHH subrayó que en los casos denunciados se vuelven a registrar detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por parte de los organismos de seguridad del Estado. Indicó que además del debido proceso, se incurre en violaciones a la libertad de expresión de estos profesionales, acceso a la información y libertad de asociación, entre otras.
“Poco a poco el régimen va cerrando espacios o cualquier pequeño hueco que pueda quedar para la filtración de información real. Pero el mensaje es también a toda la sociedad sobre que no se puede hablar u opinar de ciertos temas, sobre todo si difieren de la narrativa oficial”, añadió Rojas.
Rechazan criminalización
Mediante un comunicado, el OVF rechazó la “persecución, el hostigamiento y la criminalización” del gobierno de Maduro contra personas dedicadas al levantamiento, análisis y difusión de información estadística para comprender la economía del país. También aclaró que las personas detenidas no pertenecen al Observatorio.
«Atacar a quienes generan y comparten datos económicos confiables no solo vulnera principios democráticos fundamentales, sino que también limita la comprensión colectiva de la realidad nacional», se expresó en el comunicado.
Entre otros temas, el OVF hace un monitoreo de la inflación, la cual ubicó en 26% para mayo (7,6 puntos más que en abril), producto del alza en la paridad cambiaria. Entre tanto, el Banco Central de Venezuela (BCV) no difunde información sobre la inflación desde noviembre de 2024.
«Rechazamos las aprehensiones de reconocidos economistas venezolanos por su ejercicio profesional, sin ningún debido proceso ni justificación alguna. Faces reafirma categóricamente su compromiso inquebrantable con el libre ejercicio profesional de todos sus egresados», manifestó igualmente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en un comunicado este 19 de junio.
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