Una veintena de familiares de presos políticos venezolanos asistieron este miércoles a un encuentro ecuménico en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, donde pidieron que la libertad «vuelva a ser un derecho» y «no un privilegio».
«Hoy, desde distintas iglesias y caminos de fe, nos abrazamos en un mismo clamor: que se abran esas puertas, que regresen los abrazos, que la libertad vuelva a ser un derecho, no un privilegio», dijo Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa y cuñada de Juan Pablo Guanipa, ambos detenidos.
En este encuentro, organizado por la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los familiares se concentraron para «construir mayor solidaridad y unidad en torno al llamado por la libertad de todas las personas que se encuentran detenidas por razones políticas en Venezuela», según indicó Yovanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, arrestado en el Rodeo I, en el estado Miranda (norte).
Ávila afirmó que esta concentración «nace como un espacio de oración» uniendo a «distintas voces, tradiciones y comunidades creyentes en un solo clamor», aunque también, agregó, es una invitación abierta a quienes no son creyentes, pero «comparten la causa de la justicia, la libertad y la dignidad humana».
En este sentido, exigió «el cese de la represión y el respeto pleno de los derechos humanos» para los detenidos por motivos políticos.
La activista manifestó como «compromiso colectivo» la visibilización del «sufrimiento de hombres, mujeres y adolescentes encarcelados por razones políticas» y elevó «una súplica que toque corazones, que conmueva la consciencia y fortalezca a las familias en su lucha silenciosa y valiente».
«Este espacio también nos ayuda a vencer el miedo en un país donde se usa la violencia, la represión y el castigo como herramienta para silenciar a quienes reclaman sus derechos», aseguró Ávila, quien consideró este encuentro como «una forma de resistencia y un mensaje claro» para quienes intentan «apagar» sus voces.
Por su parte, el sacerdote y teólogo jesuita, Pedro Trigo, defendió la inocencia de los detenidos al asegurar que «no han cometido delitos» ni «tampoco han usado la violencia ni se han asociado para cometerla».
«Simplemente el Gobierno ha considerado que socavaban su poder al denunciar actos en contra de la ley y del espíritu de la democracia. Esa denuncia, siempre que se atenga a los hechos y no llame a la violencia, es un componente ineludible de la auténtica democracia», expresó Trigo.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 932 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en un contexto de crisis luego de la denuncia de fraude de la oposición mayoritaria tras el resultado que adjudicó la reelección a Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato en enero.
Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país hayan personas detenidas por motivos políticos, aseguran que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores. EFE
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