Los representantes federales del sur de Florida dicen que están preocupados por los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que de repente están bajo amenaza de deportación ahora que la administración del presidente Trump está poniendo fin a un programa que dio a más de 500,000 inmigrantes una vía legal temporal para ingresar a Estados Unidos.
Por El Nuevo Herald
“Démosles la oportunidad de solicitar las protecciones que les prometieron”, dijo la representante republicana federal María Elvira Salazar en un comunicado el sábado por la tarde.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el viernes que cerrará el programa de libertad condicional humanitaria (CHNV) de la era de Biden, un acrónimo de los cuatro países inscritos, a finales de abril. Más de 531,000 personas habían recibido autorización para ingresar a Estados Unidos y permanecer hasta dos años bajo este programa, y Florida recibió el 80% de los migrantes que llegaban, según la administración actual.
La medida otorgará 30 días para salir de Estados Unidos a quienes no cuenten con otra protección migratoria legal, como una solicitud de asilo pendiente. Posteriormente, quienes ingresaron a Estados Unidos a través del programa de libertad condicional tendrán prioridad para la deportación y ya no podrán trabajar legalmente en el país.
La administración de Trump afirmó que el programa, creado como un medio para ayudar a reducir la inmigración ilegal procedente de países en crisis, es ineficaz e “incoherente” con la agenda de política exterior del presidente.
Pero varios legisladores del sur de Florida dijeron al Miami Herald que los inmigrantes que llegaron aquí legalmente, incluidos 75,000 que posteriormente solicitaron asilo, no deberían ser castigados.
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