En cinco días, Nicolás Maduro comenzará un tercer mandato como presidente de Venezuela, a pesar de que los recuentos de votos demuestran que el candidato de la oposición, Edmundo González, ganó las elecciones por una mayoría aplastante. Toda la comunidad internacional tiene un papel importante en hacer que Maduro y su élite rindan cuentas y apoyen al pueblo venezolano, pero todas las miradas apuntan hacia un país: Estados Unidos.
El regreso de Donald Trump a la presidencia ha disparado las expectativas sobre un retorno a la estrategia de “máxima presión” que caracterizó su primer mandato. Muchos comentarios recientes advierten sobre las graves consecuencias de un retorno a esa política, y, a cambio, sugieren una continuación de las medidas de alivio de sanciones tomadas bajo la administración saliente de Biden.
Pero ni el regreso a 2019 ni la normalización de las relaciones con Maduro crearán condiciones favorables para una transformación democrática en Venezuela, considerando especialmente el fuerte movimiento de base que se unió para respaldar a González. Las nuevas circunstancias exigen una nueva estrategia.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Para diciembre de 2023, Maduro había obtenido importantes concesiones de Estados Unidos. Estas incluyeron la emisión de licencias por parte de la Ofac (Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de EE. UU.) a Chevron, otra licencia que excluyó temporalmente a la petrolera estatal Pdvsa de las sanciones, y el indulto a Álex Saab, el cerebro de la cleptocracia de Maduro. En contra parte, la oposición solo obtuvo vagas promesas.
Maduro esperaba que una oposición dividida boicoteara las elecciones de julio, para que pudiera lograr una victoria electoral lo suficientemente aceptable como para restaurar su posición internacional y justificar el levantamiento de las sanciones. Pero sobreestimó su respaldo político e ignoró la capacidad de la oposición para establecer una candidatura sólida alrededor de Edmundo González. Lo que sucedió después fue una cadena de improvisaciones y reacciones exageradas de parte del Gobierno. Y una vez que descubrió la verdadera voluntad de los votantes, Maduro ordenó a su autoridad electoral proclamarlo presidente electo sin recuentos oficiales ni resultados transparentes.
Sanciones petroleras
Entonces, ¿qué se debe hacer ahora? En 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. justificó su decisión de emitir las licencias de Chevron con base en “acciones específicas que alivian el sufrimiento del pueblo venezolano y promueven la restauración de la democracia”. Pero en 2023 advirtió: “El Tesoro está preparado para modificar o revocar las autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos”. No debemos dudar de la sinceridad de esas declaraciones, las licencias petroleras no se concedieron porque las sanciones fracasaran, sino porque se consideró que las sanciones eran el mejor incentivo para las negociaciones. Por lo tanto, las licencias podrían revertirse si Maduro incumplía los compromisos.
Debido a que Maduro violó cada línea del Memorándum de Entendimiento de 2021 y el Acuerdo de Barbados de 2023, el Gobierno de EE. UU. debería cumplir su promesa enmendando o revocando las licencias petroleras. Algunos, sin embargo, argumentaron a favor de ignorar esas declaraciones y cambiar la estrategia, otorgando licencias petroleras basadas en acciones específicas para restaurar la democracia y proporcionar un flujo de efectivo estable a Maduro, quien debería ser tratado como presidente.
Pero mantener la flexibilización de las sanciones, a pesar de que Maduro ha abandonado cualquier intento de simular siquiera acciones para restaurar la democracia, debilitaría la credibilidad de la política estadounidense. Esto, a su vez, eliminaría cualquier posibilidad de recurrir a esas políticas como palanca para alentar una solución negociada.
Otro argumento propone que continuar aliviando las sanciones petroleras beneficiaría a Venezuela y disminuiría los flujos migratorios. Otros sugieren mantener las licencias petroleras porque han traído transparencia a la industria.
La realidad
La evidencia indica que se trata de propuestas equivocadas. La producción de petróleo permitida por las licencias de la Ofac carece del marco institucional necesario para distribuir eficientemente los ingresos para el bienestar de los venezolanos. De hecho, esta producción petrolera opera bajo la Ley Antibloqueo de Venezuela, que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas al tiempo que promueve políticas depredadoras como la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, como lo demuestra el reciente ataque de Maduro a la floreciente industria camaronera (Grupo Lamar fue señalado por el régimen de intento de golpe de Estado).
Las licencias de la Ofac no abordan la causa raíz de la crisis migratoria, que es una importante decadencia política. Es probable que este decaimiento continúe bajo la autoproclamación de Maduro y la Ley Antibloqueo, lo que aumentará las presiones sobre los flujos migratorios.
La política de normalización se basa en un concepto erróneo: la creencia de que las sanciones deben levantarse porque “fracasaron” en la promoción de la democracia. La misma falacia se puede utilizar para concluir que debido a que las políticas de flexibilización “fracasaron” en lograr elecciones libres y justas, la única opción es volver a la estrategia de 2019.
El enfoque de Estados Unidos hacia Venezuela en 2019 enfrentó dos problemas principales: carecía de un movimiento de base y no proporcionó una estrategia convincente para alentar a las élites gobernantes a favorecer una transición. Este último tema se abordó con el “Marco para una Transición Democrática Pacífica en Venezuela” de 2020, que puso fin a la llamada política de “máxima presión”. Y ahora, a diferencia de 2019, Venezuela tiene un movimiento de base alimentado por las primarias de 2023 y galvanizado por las elecciones del 28 de julio.
Tres pilares
El reciente proyecto de ley Bolívar aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos y las numerosas declaraciones del gobierno de Biden que reconocen a González como presidente electo son señales de que la política bipartidista podría afinar el enfoque de las condiciones actuales de Venezuela. La alternativa a la presión máxima y a la política de flexibilización de las sanciones debe basarse en tres pilares fundamentales.
El primer pilar es respetar la voluntad de los votantes venezolanos reconociendo a Edmundo González como su presidente electo. Las elecciones del 28 de julio fueron en parte el resultado del apoyo de Estados Unidos al Acuerdo de Barbados. La élite de Maduro ha optado por ignorar este acuerdo, pero Estados Unidos debe seguir manteniéndolo en concordancia con la Declaración de Bogotá de 2023. Honrar la victoria de González ayudará a mantener el movimiento popular promovido por las primarias y las elecciones.
El segundo pilar debería ser evitar que Maduro se beneficie de las licencias petroleras. En lugar de pagarle a Maduro su parte de la producción de petróleo, las empresas petroleras podrían pagar esa parte en una cuenta de depósito para que eventualmente pueda usarse para financiar la ayuda humanitaria a través de mecanismos transparentes.
Por último, el tercer pilar debería ser un plan integral que utilice las sanciones personales y económicas para apoyar una transición democrática. Esto incentivaría a los miembros de la élite gobernante a desobedecer a Maduro y buscar un cambio político. Aumentar el costo de la represión sin aliviar el precio de la disidencia no favorecerá el cambio democrático.
Ignorar la naturaleza depredadora de Maduro y pretender que su gobierno puede comportarse racionalmente para promover el bienestar del pueblo es una grave distorsión de los hechos. La normalización solo fortalecerá a las élites gobernantes, pondrá en peligro los derechos humanos y creará condiciones que impulsarán los flujos migratorios. La mejor alternativa a la política expansiva no es volver a 2019, sino avanzar en respuesta a las condiciones actuales, honrando los resultados de las elecciones presidenciales y creando incentivos reales para una transformación democrática.
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